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Un nuevo capitulo de choque entre el presidente estadounidense Donald Trump e Intel se dio luego de que el mandatario sorprendiera al plantear que el gobierno adquiera una participación en Intel como parte de la ejecución de los recursos previstos en la Ley CHIPS.
La iniciativa que fue presentada como un mecanismo para impulsar la manufactura nacional de semiconductores, abre un debate sobre el alcance de la intervención estatal en una industria estratégica y sobre la viabilidad financiera de la compañía.
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Según confirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, la idea consiste en que los subsidios previamente asignados a Intel bajo la Ley CHIPS de 2022 no se entreguen únicamente en efectivo, sino que se transformen en una inyección de capital a cambio de acciones. “El gobierno no solo va a apoyar con dinero público, también tendrá voz y participación en el futuro de la compañía”, señaló Lutnick.
Esto se suma a la exigencia que la semana pasada hizo el mandatario norteamericano de la renuncia del nuevo director del fabricante de semicondictores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, después de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.
Intel Chips Foto:Intel
La propuesta llega en un momento complejo para Intel, pues la empresa ha perdido participación en el mercado global de chips frente a competidores como TSMC y Samsung, enfrenta retrasos en la puesta en marcha de fábricas en Arizona y Alemania, y ha tenido que recurrir a recortes de personal para aliviar su situación financiera.
Además, su valor en bolsa se ha reducido de manera significativa en los últimos dos años.
Para el gobierno de Trump, la jugada permitiría reforzar la producción local de semiconductores, reducir la dependencia de proveedores asiáticos y enviar un mensaje político de compromiso con el empleo industrial. Sin embargo, analistas advierten que la medida podría convertirse en un “experimento de estatización parcial” con más riesgos que beneficios.
Avance de la planta que tendrá Intel en Ohio Foto:Intel
De acuerdo con Daniel Ives, analista de Wedbush Securities, la adquisición directa de acciones por parte del Estado no garantizó mejoras de competitividad.
Ives apuntó que “existe el riesgo de que el gobierno utilice a Intel como vitrina política y no como empresa de innovación”.
Además señaló que ejemplos como los rescates financieros de 2008 en Estados Unidos mostraron que la participación estatal suele ser transitoria, pero también fuente de tensiones entre objetivos políticos y decisiones corporativas.
Más allá del componente económico, los expertos aseguran que la iniciativa también tiene un trasfondo geopolítico.
En la competencia tecnológica con China, la producción de chips es considerada un activo estratégico, por lo que Washington busca garantizar soberanía en un sector clave para la inteligencia artificial, la defensa y la industria automotriz.
No obstante, la propuesta de Trump también puede leerse como un gesto político de diferenciación frente a su antecesor, Joe Biden, quien ejecutó la Ley CHIPS con un enfoque de subsidios directos y alianzas público-privadas sin participación accionaria.
Por ahora, Intel no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la iniciativa, aunque fuentes cercanas a la compañía reconocen que la negociación podría aliviar sus necesidades de liquidez.
El Congreso norteamericano, sin embargo, tendrá que evaluar los alcances de la medida
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