La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla renovó el permiso de Salvatore Mancuso Gómez para permanecer en Montería, departamento de Córdoba, hasta diciembre de 2026. La decisión, adoptada por el magistrado José Haxel de la Pava y bajo el seguimiento de la jueza Luz Marina Zamora, se produjo después de que el exjefe paramilitar entregara seis nuevas coordenadas de posibles fosas donde podrían encontrarse víctimas del conflicto armado.
Seis nuevas coordenadas y la tarea de la Fiscalía
Las seis coordenadas que Mancuso entregó a las autoridades serán verificadas por el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) de la Fiscalía General de la Nación. Por el momento, se trata de posibles fosas: hasta que las autoridades realicen las diligencias de campo, no hay certeza de que contengan restos humanos.
Este resultado contrasta con la primera etapa del proceso. Según información conocida por El Tiempo, en los 82 primeros puntos señalados por Mancuso, ni la Fiscalía ni la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) encontraron cuerpos humanos. Los resultados más recientes representan, entonces, un giro significativo en los avances del proceso.
Ocho cuerpos hallados en Tierralta en los últimos dos meses
En el corregimiento Crucito, zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba, fueron hallados ocho cuerpos durante las últimas semanas. Los restos fueron encontrados en lugares donde años atrás habrían sido enterradas víctimas del paramilitarismo, y Mancuso colaboró directamente con las autoridades en las labores de búsqueda en esa zona.
Algunos cuerpos fueron entregados sin ser exhumados previamente, mientras que otros estaban en puntos donde el propio Mancuso indicó que existían sepulturas clandestinas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene a su cargo el proceso de identificación de los restos para determinar la identidad de las víctimas.
El permiso especial: por qué Mancuso tenía prohibido entrar a Montería
Mancuso fue el jefe del Bloque Córdoba y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, una de las estructuras paramilitares que más víctimas dejó en la región. Por ese pasado, la Sala de Justicia y Paz le había restringido el ingreso a Montería, capital del departamento donde cometió parte de sus crímenes.
La autorización temporal para permanecer en la ciudad fue renovada porque sus aportes al proceso de búsqueda de víctimas justifican su presencia en el territorio. El nuevo permiso estará vigente hasta diciembre y quedará sujeto a los informes periódicos que Mancuso debe presentar ante el despacho de la jueza Zamora como parte del seguimiento judicial. La decisión no es una excarcelación ni una absolución: Mancuso sigue dentro del esquema de Justicia y Paz y sus movimientos continúan bajo control.
La declaración sobre Álvaro Uribe y el proceso de Justicia y Paz
El 3 de septiembre de 2026, el mismo día en que vencía su permiso anterior para estar en Montería, Mancuso rindió versión ante la fiscal Marcela Abadía en el marco de la investigación que pesa sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esa declaración abordó la presunta responsabilidad de Uribe en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, y en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Mancuso regresó a Colombia el 27 de febrero de 2024, luego de ser deportado desde los Estados Unidos, donde cumplió parte de su condena. Desde entonces ha participado activamente en diversas diligencias de Justicia y Paz y en las labores de búsqueda de víctimas del conflicto armado en Córdoba.
Lo que sigue
Las autoridades deberán concentrarse en los seis nuevos puntos entregados por Mancuso para determinar si hay restos humanos en esos lugares. De encontrarse cuerpos, el proceso de identificación pasaría nuevamente a Medicina Legal. Entretanto, los ocho cuerpos ya hallados en Tierralta continúan en proceso de análisis forense.
Para las víctimas y sus familias en Córdoba, el avance en la búsqueda representa una oportunidad de cierre tras décadas de incertidumbre. Justicia y Paz seguirá exigiendo resultados verificables como condición para que los permisos de Mancuso se mantengan.
