México falla en medidas antilavado de dinero en los bancos y el Senado ignora el terrorismo

Angélica Ruiz López, presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), advirtió que México es una de las sedes del mundial de futbol en 2026 , por lo que dejar fuera esta temática por parte del Congreso hace vulnerable al país.

“El financiamiento del terrorismo opera de una manera diferente al lavado de dinero porque puede venir de fuentes completamente legales y al no incorporarse en las obligaciones de la ley como en el sistema de alertas, podemos perder de vista el seguimiento a los recursos financieros”, dijo en entrevista.

La senadora Verónica Noemí Camino Farjat justificó que las reformas aprobadas a finales de junio buscan fortalecer las acciones que mitigan las operaciones con recursos de procedencia ilícita enfocadas en el lavado de dinero, por lo que su propósito no es incluir la prevención del finamiento al terrorismo.

Ruiz López consideró necesario fortalecer con más recursos a la CNBV para que pueda hacer de manera efectiva sus labores de supervisión, así como pulir los sistemas de alerta, sobretodo de las operaciones que se tengan con Asia y Estados Unidos.

Para este año, el ente regulador tiene un presupuesto de poco más de 1,506 millones de pesos (mdp), de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cifra 14% menor a lo que obtuvo en 2024 y que, ante el estancamiento económico que vive el país, resultará complicado que logre un aumento de recursos para 2026.

Ruiz López afirmó que la actual normatividad del país es adecuada, pero que lo que falla es su implementación, pues además de la falta de recursos hay otros sectores diferentes al financiero, como el empresarial, que no tienen el mismo nivel de control y es ahí donde deberían enfocarse las reformas contra el lavado de dinero.

Felix Boni, director de análisis económico de HR Ratings, declaró recientemente en conferencia que el anuncio de Estados Unidos contra los bancos y casas de cambio mexicanos también representa un movimiento político para presionar a México en las revisiones que se harán al T-MEC el año entrante.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) iniciará este mes la evaluación a la normatividad mexicana, en la cual deberá comprobar que cumple con las recomendaciones en combate al lavado de dinero. Dicha evaluación, a la cual también se adhieren otras 38 naciones, terminará el año entrante.

La CNBV intervino gerencialmente a Vector, Intercam y CI Banco después de las acusaciones del Departamento del Tesoro y a pesar de que las empresas han afirmado operar en la legalidad, han padecido cancelaciones y términos de contratos de socios y clientes.

Cynthia Valeriano, profesora de Economía de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, dijo que el daño reputacional ya está hecho para las tres instituciones, y que en caso de que enfrenten una liquidación, los recursos de los ahorradores están protegidos siempre y cuando no superen las 400,000 Udis para el caso de los bancos.

La especialista advirtió de un nuevo proceso de revisión de normas financieras e instituciones de crédito luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro. “Se espera un endurecimiento de las normas, mayores requisitos y vigilancia por parte de las instituciones. Una mayor documentación a la hora de verificar la identidad de aquellos que están utilizando el sistema financiero”, dijo.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del IMCP señaló que las principales afectadas serán las personas morales que abren cuentas bancarias, pues requieren de un dictamen y revisión jurídica para hacerlo.

Silvia Matus de la Cruz, vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP, destacó la complejidad de las auditorías que harán a las instituciones intervenidas porque se aplicarán normas internacionales de la GAFI.

“El lavado de dinero es un tema serio e importante para nuestro país. Toda la economía tiene el riesgo de ser utilizada (para fines ilícitos). Las empresas deben tener cuidado con quién hacen operaciones porque los recursos de procedencia ilícita no provienen solamente del fentanilo y del narcotráfico, sino también de la corrupción, cibercrimen, trata de personas y del tráfico de órganos y de vida silvestre, o sea todo delito que genere un recurso ilegal es precedente para lavar dinero”, advirtió.