La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, afirmó que la hidroeléctrica Urrá tuvo una presunta responsabilidad en las inundaciones registradas en Córdoba, al señalar que el embalse habría superado de forma reiterada los volúmenes máximos de operaciones autorizadas.
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Según explicó la ministra, esto limita la capacidad del sistema para mitigar eventos climáticos extremos. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Caracol Radio.
De acuerdo con Vélez, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha identificado que el embalse superó de manera recurrente la denominada Curva Guía Máxima, que corresponde al nivel máximo permitido de almacenamiento.
“Ese volumen máximo del embalse ha sido, como digo, recurrentemente sobrepasado. Quiere decir que hay un sobre-embalsamiento recurrente por parte de la represa”, afirmó la ministra.
La funcionaria explicó que estos incumplimientos no son recientes. Según dijo, los análisis técnicos de la Anla muestran que entre 2020 y 2024 se registró sobre-embalsamiento en al menos el 20 % del periodo evaluado.mientras que en el segundo semestre de 2025 esa proporción habría aumentado de forma significativa.
“En el último semestre del año, este sobreembalsamiento pasó del 20 % (…) y llegó incluso a un 30 %”, señaló Vélez a Caracol Radio.
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Sobre el comportamiento más reciente del embalse, la ministra indicó que en enero de 2026 se evidenciaron varios días en los que los niveles estuvieron por encima de lo permitido.
“Durante el mes de enero hubo un sobreembalsamiento en al menos cinco días y es en relación con este sobreembalsamiento que decimos que sí puede haber una presunta responsabilidad de la empresa”, sostuvo en la entrevista radial.
Capacidad de amortiguación y efectos aguas abajo
Vélez explicó que cuando un embalse ópera por encima de su volumen autorizado, Se reduce su capacidad de regulación, lo que puede agravar los impactos de lluvias intensas en los territorios ubicados aguas abajo.
“Cuando la represa ya estaba llena, se limita la capacidad de absorber y redistribuir el agua. Entonces aquí lo que perdimos fue la capacidad de residencia de este sistema de embalsamiento”, dijo la ministra.
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En ese contexto, señaló que esta pérdida de capacidad técnica de regulación puede incidir directamente en la magnitud de las inundaciones, especialmente durante eventos climáticos extremos como los registrados recientemente en Córdoba, donde Múltiples municipios han reportado afectaciones por crecientes del río Sinú y sus afluentes.
Proceso sancionatorio ambiental en curso
La ministra también confirmó que la Anla adelanta un proceso sancionatorio ambiental contra la empresa operadora del embalse.
Según explicó, existen seis pronunciamientos técnicos previos emitidos por la autoridad ambiental en los que se advertía sobre el comportamiento del embalse.
“Seis conceptos técnicos (…) y el proceso investigatorio está en este momento abierto. La empresa sí sabía, la Anla sí le informó”, afirmó Vélez en Caracol Radio.
Además, la jefa de la cartera ambiental indicó que la evaluación de responsabilidades no se limita únicamente a la Anla. Según dijo, otras entidades del Estado deberán analizar el caso desde sus respectivas competencias.
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Entre ellas mencionaron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que evaluará aspectos relacionados con la operación y el mercado eléctrico, ya la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), encargada de revisar la respuesta institucional frente a la emergencia.
“Esta fue una represa que se construyó para desecar tierras (…) y lo que hoy debemos hacer es volver a organizar el territorio en torno al agua”, concluyó la ministra en su intervención radial.
Además, en un trío del 9 de febrero, la ministra reiteró que el enfoque del Gobierno apunta a ordenar el territorio, considerando ríos, ciénagas y humedales como elementos centrales para la protección de la vida y la reducción del riesgo.
Las declaraciones de Irene Véleze dan en medio de una de las emergencias invernales más complejas que ha enfrentado Córdoba en los últimos años, mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas y el seguimiento institucional a las causas y responsabilidades asociadas a la crisis.
Ángela María Páez Rodríguez
Redacción Últimas Noticias
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