Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, declaró el 3 de agosto de 2026 a El Tiempo que denunciará penalmente a Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro. Martínez afirmó que esta acción legal responde a lo que él considera un intento de Carranza por impulsar una investigación sin fundamento en su contra, calificando la situación como una “persecución criminal” por parte del gobierno de Petro desde su inicio.
La denuncia del exfiscal y la “persecución criminal”
Las declaraciones de Néstor Humberto Martínez se producen en medio de una creciente controversia política y judicial. Según el exfiscal, el abogado Alejandro Carranza habría intentado fabricar un caso por falsa denuncia en su contra, el cual, a juicio de Martínez, carece de cualquier sustento legal. Este presunto montaje se habría gestado a través de comunicaciones que ahora son objeto de escrutinio público y judicial.
Martínez ha sido enfático en señalar que las actuaciones de Carranza, en su rol como abogado del presidente, buscan coartar su voz y su capacidad para ejercer la crítica, en lo que describe como una estrategia de amedrentamiento. La “persecución criminal” de la que habla Martínez, según sus propias palabras, se ha manifestado en diversas instancias y representa un patrón de hostigamiento que busca silenciar a figuras críticas al actual gobierno.
La tensión entre el exfiscal y el gobierno de Gustavo Petro no es nueva, pero esta denuncia marca un nuevo punto álgido en el enfrentamiento. Las acusaciones de Martínez apuntan directamente a la Casa de Nariño, sugiriendo una orquestación desde las altas esferas del poder para desacreditarlo y judicializarlo sin mérito.
¿Qué revelaron los chats entre Carranza y Arizabaleta?
El epicentro de la actual polémica radica en la revelación de una serie de chats entre Alejandro Carranza y la exrepresentante Gloria Arizabaleta, quien en su momento fue integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Estos mensajes, divulgados el 2 de agosto de 2026 por medios como Semana y Noticias RCN, han puesto en el ojo del huracán a los involucrados.
De acuerdo con las revelaciones, Carranza le habría ofrecido a Arizabaleta redactar una “compulsa de copias” contra Néstor Humberto Martínez. Una “compulsa de copias” es un procedimiento mediante el cual una autoridad remite a otra la copia de un expediente o parte de él para que investigue posibles delitos. La presunta oferta del abogado del presidente para redactar dicho documento ha generado serias dudas sobre la independencia de las investigaciones y el debido proceso.
Ante la gravedad de los hechos, el 2 de agosto de 2026, Noticias RCN informó que la Corte Suprema de Justicia se encuentra analizando las conversaciones de mensajería entre Carranza y Arizabaleta. El objetivo de este análisis es determinar si existió una presunta interferencia en las investigaciones que tenía a su cargo la Comisión de Acusaciones, lo cual, de confirmarse, tendría implicaciones legales y éticas significativas.
Como consecuencia directa de estas revelaciones, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender de su cargo a la representante Gloria Arizabaleta el mismo 2 de agosto de 2026, mientras se adelantan las investigaciones pertinentes sobre su conducta y participación en estos hechos.
Antecedentes: el caso Odebrecht y las acusaciones del Gobierno Petro
Esta nueva confrontación judicial se inscribe en un contexto de acusaciones previas y un prolongado pulso entre Néstor Humberto Martínez y el actual gobierno. Un mes antes, el 6 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya había ampliado una denuncia penal contra el exfiscal general por presunto fraude fiscal en el sonado caso Odebrecht.
En aquella ocasión, la ANI, representada por el mismo abogado Alejandro Carranza, acusó a Martínez de haber diseñado un complejo esquema jurídico. Este esquema, según la denuncia, habría permitido a la constructora Odebrecht eludir impuestos y, además, obtener contratos públicos sin la debida licitación en el megaproyecto de infraestructura Ruta del Sol II. Esta denuncia ya había encendido las alarmas sobre posibles irregularidades en la gestión de Martínez durante su periodo como fiscal.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, no ha sido ajeno a la polémica. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario ha acusado directamente a Néstor Humberto Martínez de encubrir el entramado corrupto de Odebrecht. Adicionalmente, Petro ha señalado al exfiscal de intentar obstaculizar su proyecto político, sugiriendo que las acciones de Martínez responden a intereses particulares y a una resistencia a las reformas propuestas por su administración. Estas declaraciones desde la máxima instancia del poder ejecutivo han intensificado el debate público y han polarizado aún más las posturas.
¿Qué sigue en este pulso judicial y político?
La denuncia penal anunciada por Néstor Humberto Martínez contra Alejandro Carranza abre un nuevo capítulo en la confrontación. Se espera que en los próximos días se formalice la querella, lo que dará inicio a un proceso de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes. La naturaleza de la denuncia, que apunta a una presunta “persecución criminal”, implica un escrutinio profundo sobre las intenciones y acciones del abogado del presidente.
Simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia continuará con el análisis de los chats entre Carranza y Gloria Arizabaleta. Los resultados de esta revisión serán cruciales para determinar si hubo injerencia indebida en las investigaciones y si se configuran delitos que ameriten acciones penales. La suspensión de Arizabaleta por parte de la Procuraduría General de la Nación es un indicio de la seriedad con la que las autoridades están abordando el asunto y podría derivar en sanciones disciplinarias o penales adicionales.
Este escenario judicial se superpone a la denuncia ampliada por la ANI en el caso Odebrecht, lo que mantiene a Néstor Humberto Martínez en el centro de varias investigaciones. El pulso entre el exfiscal y el gobierno de Gustavo Petro promete intensificarse, con implicaciones significativas para el panorama político y la credibilidad de las instituciones en Colombia.
