Revolución Legal en Colombia: ¡Nuevas Oportunidades para Deudores Más Allá de Datacrédito!

En Colombia, el no saldar una obligación con bancos , cooperativas o compañías ya no solo implica afectar el historial crediticio. Actualmente, las repercusiones legales van mucho más allá de un simple informe en centrales de riesgo como Datacrédito.

Los deudores morosos se arriesgan a litigios que podrían resultar en el embargo o confiscación de sus bienes , así como en la venta judicial de propiedades o el congelamiento de cuentas bancarias.

Así lo afirmó el equipo legal de Guerrero Abogados, al detallar que, además del efecto que tiene un informe desfavorable en el historial financiero, lo que complica el acceso a nuevos créditos, también es posible que los acreedores opten por demandas judiciales como medio para recuperar lo que se debe.

Las centrales de riesgo desempeñan un rol crucial en este procedimiento. Estas organizaciones almacenan y gestionan información financiera, comercial y de servicios de individuos y empresas.

Su principal función es proporcionar a bancos y otras entidades información confiable sobre el comportamiento de pago de los ciudadanos, permitiéndoles evaluar riesgos antes de conceder un crédito.

No obstante, la Ley 2157 de 2021 estableció un límite a la duración de esta información negativa en las bases de datos . Según lo dispuesto en el artículo 3, parágrafo primero, tras ocho años de mora en una obligación financiera, la información vinculada al incumplimiento deberá ser eliminada de forma automática.

“Una vez que pase este plazo, el informe desfavorable ya no podrá seguir activo” , comentó un abogado de Guerrero Abogados. “Este periodo se calcula desde el instante en que se genera la mora”.

A pesar de esto, las repercusiones legales por el impago pueden presentarse mucho antes de que transcurran esos ocho años. De acuerdo con los especialistas, existen consecuencias judiciales que pueden aplicarse de manera simultánea al informe negativo, tales como demandas para:

• Embargo de bienes
• Confiscación de bienes muebles o inmuebles
• Venta judicial de propiedades
• Embargo de cuentas bancarias

Estos procedimientos están al alcance de entidades financieras, cooperativas e incluso personas naturales a quienes se les debe dinero.

Por otro lado, el bufete aclaró que el incumplimiento de obligaciones financieras con estas entidades no constituye un delito penal, por lo que no conlleva arresto ni restricciones migratorias.

Sin embargo, sí hay excepciones: las deudas asociadas con cuotas alimentarias o con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pueden acarrear sanciones de carácter penal, incluyendo prisión.

En conclusión, aunque muchas personas piensan que estar en Datacrédito es la peor consecuencia de una deuda , las herramientas legales actuales permiten a los acreedores ir más allá del informe financiero.

La normativa vigente busca robustecer el sistema de cumplimiento de obligaciones y desincentivar el incumplimiento, resguardando así la estabilidad del sistema crediticio colombiano.

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