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La historia se repite y a tan solo un día del 15 de septiembre, fecha límite que establece la ley para aprobar el monto del Presupuesto General de la Nación, todavía no se sabe qué pasará con la herramienta de gestión financiera más importante que tiene el Gobierno para programar sus ingresos y sus gastos de cara al 2026.
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El país atraviesa un panorama fiscal y presupuestal cada vez más complicado, con unas metas de déficit y deuda que se elevarían en medio de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. De un lado, el déficit cerraría el año en 7,1 por ciento, el mayor dato después de la pandemia, y del otro, la deuda terminaría el 2025 en 61,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), un dato superior al 59,3 por ciento del 2024. Además, los analistas han alertado de la disminución en la caja disponible del Gobierno, de la baja ejecución y del aumento del gasto.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
“El país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia del gasto, realismo en los supuestos de ingreso y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico y la equidad social”, alertó hace unas semanas la Contraloría General de la Nación, ente que dijo que le preocupa especialmente el recaudo tributario que se encuentra por debajo de las metas establecidas, algo que puede llevar a una desfinanciación, y la ejecución del gasto, pues del total presupuestado para este año solo se ha obligado el 37,7 por ciento hasta junio.
A ello se suma un presupuesto de 556,9 billones de pesos desfinanciado y atado por segundo año consecutivo a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento incierto, o más conocido como reforma tributaria, para poder obtener 26,3 billones de pesos que el Gobierno planea gastar en el 2026, pero que no tiene.
“Nos sigue preocupando la falta de austeridad o voluntad del Gobierno para hacer un presupuesto un poco más coherente con la difícil situación de las finanzas públicas. La urgencia es hacer un ajuste de mínimo 20 billones de pesos. Sin ese principio de austeridad es poco legítimo hablar de ley de financiamiento o de otros mecanismos para resolver esta situación cuando se ve una poca voluntad de tener un presupuesto austero”, manifestó César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
En especial, los diferentes exministros de Hacienda han recalcado que el nivel de gasto está “desbordado” y que hay que revisar su inflexibilidad. “La causa fundamental del aumento del déficit y de la deuda ha sido el gasto de funcionamiento, el cual es de 4 puntos del PIB superior a lo que era en la década anterior a la pandemia. Incluso con el presupuesto presentado para el 2026 el aumento es brutal. Hay que enfrentar este problema y ver cómo se racionaliza con vistas a la reforma constitucional que generaría aumentos adicionales en las transferencias a las entidades territoriales”, afirmó.
El Presupuesto del 2024 está desfinanciado en 26,3 billones de pesos. Foto:iStock
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Todos hablan del problema de la alta inflexibilidad que tiene el presupuesto, pues por ley una parte importante de los recursos se debe trasladar cada año al Sistema General de Participaciones, las pensiones o la salud, entre otros. En ese sentido, el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, insiste en que están atados porque el nivel de inflexibilidad del 2026 llega al 91,4 por ciento, lo que no les deja casi espacio. “Tenemos un presupuesto para el 2026 de 556,9 billones, pero 509 billones de pesos son gasto inflexible”, resaltó.
Presupuesto, en veremos
Entre tanto, aún no se sabe con certeza qué pasará con el monto del presupuesto del 2026. Esta semana el ministro Ávila cedió y les dijo a los congresistas que el Gobierno aceptaría bajarlo hasta 10 billones de pesos, por lo que la tributaria ya no sería de 26,3 billones sino de 16,3.
“El Gobierno ha considerado la viabilidad de presentar una propuesta para ajustar el presupuesto en 10 billones de pesos y paralelamente realizar un ajuste en el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción”, afirmó el funcionario en el debate de las Comisiones Económicas Conjuntas.
Además, dijo que estarían dispuestos a revisar algunos artículos de la tributaria como el de la gasolina, el del IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar en línea, el de la cerveza o el de las boletas de más de 500.000 pesos. “Estamos abiertos a hacer los ajustes pertinentes y razonables. Esperamos llegar a un acuerdo con el Congreso”, señaló.
Hay que recordar que algunos expertos consideran la tributaria como “agresiva” porque dicen que determinados impuestos, como el de la gasolina, podrían llegar a afectar de manera indirecta a las personas. “Ponerles un impuesto a los combustibles significa ni más ni menos que gravar toda la canasta familiar y aumentar el costo del transporte de los colegios, de los trabajadores y de todos los productos de la economía”, sentenció Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Ávila también indicó que como el esfuerzo tributario debe ser progresivo consideran mantener las propuestas en materia de renta y patrimonio que se propusieron de manera inicial. Ahí están desde introducir nuevas tarifas desde los tramos de ingresos anuales de 84,6 a 204,1 millones de pesos hasta elevar las ganancias ocasionales del 20 al 30 por ciento, recalibrar las tarifas de retención en la fuente y reducir el umbral del impuesto al patrimonio hasta los 2.000 millones de pesos.
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Otro de los impuestos que los congresistas también quieren eliminar del proyecto es el que plantea subir el IVA del 5 a 19 por ciento en los vehículos eléctricos. El representante Wilmer Castellanos señaló que este es uno de los tributos que buscarían sacar.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radica la nueva reforma tributaria. Foto:Mauricio Moreno. El Tiempo
No obstante, como la sesión realizada el jueves se tuvo que levantar por falta de quorum, todavía es incierto si el monto del presupuesto sería de 556,9 billones de pesos o se reduciría 26, 12, 10 o 7 billones de pesos como piden algunos congresistas.
“El presupuesto se debe reducir en 26,3 billones de pesos. El Gobierno nos dice que necesita esos recursos, pero el año pasado su nivel de ejecución solo llegó al 80,8 por ciento. Además, es el mismo Gobierno el que ha aumentado la burocracia”, sentenció el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez.
Si no se llega a realizar el debate antes de hoy a medianoche, el trámite seguiría con los 556,9 billones de pesos planteados inicialmente por el Gobierno, es decir, que tendrían que buscar 26,3 billones de pesos a través de un proyecto de ley y si se logra dar la discusión los congresistas tendrían la posibilidad de reducir el monto.
De llegar a presentarse el primer caso y que de aquí al 20 de octubre los congresistas sigan sin aprobar el presupuesto total al estar desfinanciado, como ocurrió el año pasado, el Gobierno lo podría sacar por decreto y hacer un recorte de la misma magnitud para el próximo año.
Hueco fiscal mayor
El problema es que los expertos calculan que la desfinanciación del próximo año sería mucho mayor a esos 26,3 billones de pesos, lo que quiere decir que aun si se aprueba la reforma el Gobierno necesitaría sacar más recursos para tapar sus gastos. En ese sentido, hace unas semanas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) dijo que el Gobierno necesitaría hasta 45,4 billones de pesos, lo que representa 2,4 por ciento del PIB, para poder cumplir la meta de déficit fiscal del próximo año estipulada en 6,2 por ciento del PIB.
“Entre más rápido se reduzca el desequilibrio fiscal, menor será la magnitud del ajuste requerido. De esta manera, se reducirán riesgos macroeconómicos tales como mayores primas de riesgo, presiones sobre la inflación y la tasa de cambio, aumento en el costo de financiamiento y efectos adversos sobre la inversión y el bienestar de la población”, aseguró el organismo independiente a través de un nuevo pronunciamiento.
Según el Carf, el gasto en funcionamiento del presupuesto del 2026 presentaría un crecimiento real de 10,3 por ciento y las partidas con el mayor incremento respecto del promedio histórico reciente serían las pensiones (10,1 veces), las instituciones de educación superior pública (6,8 veces), la salud (3,5 veces) y los gastos de personal (2,9 veces).
El hueco del próximo año sería mayor de 40 billones de pesos. Foto:iStock
En concreto, señaló que los gastos de personal han crecido, a precios constantes de 2025, 14,6 billones (32,1 por ciento) entre 2019 y 2025, mientras que la adquisición de bienes y servicios, y el resto de funcionamiento han tenido una variación de 3,4 billones de pesos (23,8 por ciento) y 0,7 billones de pesos (17,8 por ciento), respectivamente.
“La estabilización de las finanzas públicas no da espera. El desequilibrio fiscal no tiene precedentes y el proyecto de presupuesto del 2026 está desfinanciado en un monto superior al tamaño de la ley o tributaria que ha anunciado el Gobierno. Hoy, uno de cada tres pesos que aportan los contribuyentes de impuestos en Colombia está destinado al pago de la deuda pública. Hace una década esa cifra era cercana a uno de cada ocho”, sentenció el organismo.
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Para Pabón, los retos más urgentes a los que se podría enfrentar la economía también son las mayores presiones que se podrían generar el próximo año por los efectos de la recién aprobada reforma laboral, así como un incremento importante del salario mínimo, que aumentaría aún más la presión del gasto de funcionamiento y los posibles efectos que se podrían tener con la ley de competencias. “Ya desactivaron la regla fiscal y muy probablemente va a salir el presupuesto por decreto. Este cúmulo de factores sencillamente lo que hace es que se pierda la legitimidad”, aseguró.
¿Austeridad en el gasto?
El equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana elaboró un estudio en el que determinó que hay una “notable discrecionalidad” en el presupuesto de funcionamiento del 2026, lo que confirma que existe margen para poder aplicar medidas de austeridad. “Las entidades que concentran el 80 por ciento de este gasto registran incrementos superiores al 8 por ciento, mientras que otras, aunque más pequeñas, muestran aumentos de más del 30 por ciento”, se puede leer.
Del total de 162 entidades evaluadas, 123 muestran incrementos de gastos de funcionamiento frente a 2025, que en conjunto ascienden a 39,9 billones de pesos. Por el contrario, 36 presentan recortes en su presupuesto de funcionamiento, que suman 3,4 billones de pesos.
Ministro Germán Ávila radicó la nueva tributaria. Foto:Ministerio de Hacienda
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Al analizar las entidades de mayor peso –que concentran cerca del 80 por ciento del presupuesto– se observó que su presupuesto aumenta al menos 8 por ciento, llegando hasta 18 por ciento en el caso del Ministerio de Hacienda.
Adicional a ello, el equipo de Investigaciones Económicas evidenció un aumento en gasto de funcionamiento de varias entidades que, aunque no son de gran tamaño, cuentan con amplio margen para aplicar medidas de austeridad. Entre otras, en el reporte se menciona a instituciones como el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Registraduría, la Aeronáutica Civil, Función Pública, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, y la Superintendencia de Servicios Públicos que registran incrementos anuales iguales o superiores al 30 por ciento en su funcionamiento para el 2026.
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