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Emilse Castro cuenta que apenas escuchó la noticia sobre el derrumbe que taponó la vía al Llano el fin de semana pasado, salió al puesto de frutas y verduras más cercano de su casa. “Compré lo que quería antes de que aumentaran los precios con la excusa del problema en esa carretera”, dice esta habitante del noroeste de Bogotá. “Y tuve razón porque el miércoles había cosas más caras en la tienda”, agrega.
No importa la explicación de que la emergencia tiene carácter temporal. Para tantos que se preocupan de cuidar el bolsillo, lo ocurrido es una razón suficiente a la hora de subir la guardia, una actitud que se extiende hasta el gremio de los analistas, que ven en este frente más de un nubarrón.
El motivo inicial es que quienes se dedican a tomarle el pulso a la economía consideran que la inflación anual se ubicará en cercanías del cinco por ciento al cierre del actual calendario. Esa proyección no solo supera el rango de dos a cuatro por ciento, establecido por el Banco de la República como meta de largo plazo de la política monetaria, sino que prolonga una situación anómala que viene desde agosto de 2021, cuando el límite superior fue desbordado.
Pero más inquietante todavía es que las perspectivas de 2026 parecen complicarse. El principal motivo son los anuncios del Gobierno con respecto al salario mínimo que entrará en vigencia el primero de enero que viene.
Este tiene como piso el aumento en los precios del año que termina, con el fin de mantener el poder adquisitivo de aquellos que dependen de esa retribución. En el mundo de la ortodoxia una compensación adicional debería responder a las ganancias colectivas en productividad, definidas por un cálculo que hace Planeación Nacional.
Usualmente, la remuneración se fija dentro del comité tripartito que integran a partir de noviembre los representantes del Ejecutivo, junto con los del sector sindical y los empresarios. En algunas ocasiones se ha llegado a un consenso y en otras la administración de turno acaba haciendo de árbitro y expide un decreto que busca ser digerible para las partes. Por eso es raro que la supuesta neutralidad desaparezca del todo. De lo que no hay dudas es de que las cartas están destapadas y muestran el juego de la Casa de Nariño.
Durante una visita a Bucaramanga ocurrida el 29 de agosto, el presidente Gustavo Petro aseguró que “este 31 de diciembre despediremos el último año con un buen decreto de elevación del salario mínimo”. Desde entonces, las cábalas hablan de un incremento del 11 por ciento, más del doble que el previsto para la canasta familiar.
La Corporación de Abastos informa que, pese a cierre de vía, sigue recibiendo productos. Foto:: MAURICIO MORENO
De ser así, no solo subirán los costos laborales en forma significativa, sino que se pondrá en marcha la rueda de los reajustes. Como es conocido, una buena cantidad de servicios en el país –y también ciertas multas o sanciones– se fijan con base en el mínimo, que además sirve de referente para la revisión de múltiples precios.
Esa indexación crea una inercia en la cual el principal riesgo es un efecto tipo “bola de nieve”. Entrar en una espiral en la cual se empiece a girar más rápido aparece como una posibilidad, ante lo cual a las autoridades no les queda más remedio que mantener la rienda corta para evitar que el potro se desboque.
Frenos a fondo
Retornar a la normalidad exige tiempo y sacrificios, como lo muestra la historia reciente. Desde la época de la pandemia, cuando las alzas se moderaron por cuenta de las circunstancias extraordinarias de entonces, volver a meter a la carestía al redil ha sido imposible. Las explicaciones sobre por qué el desafío persiste son de diversa índole, así haya consenso en cuál fue el motivo que ocasionó el primer acelerón.
Cuando se comenzaron a levantar las restricciones por la emergencia sanitaria, el proceso fue desordenado y a destiempo en el ámbito internacional. Debido a ello se crearon numerosos cuellos de botella que impulsaron el valor tanto de las materias primas, como de los bienes intermedios y terminados.
Para colmo de males, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 empeoró las cosas, al restringirse la oferta de alimentos, combustibles y fertilizantes, entre otros. Ya para octubre siguiente, el ritmo inflacionario en el mundo había llegado a su punto más alto en 40 años, al situarse en 10,7 por ciento anual para los países que pertenecen a la Ocde.
En respuesta, tanto en el hemisferio norte como en el sur los bancos centrales aplicaron la receta de siempre: subir las tasas de interés para no solo contener la demanda de hogares y empresas sino para moderar las expectativas frente a los incrementos. Tras la preocupación inicial, el remedio acabó operando y en la mayoría de las latitudes los precios comenzaron a andar a un paso más lento, con uno que otro tropiezo notable.
Aunque los tiempos fueron un poco diferentes, en Colombia sucedió algo similar. Según el Dane, en marzo de 2023 el índice de precios al consumidor ascendió al 13,34 por ciento anual, el nivel más alto en lo corrido del presente siglo.
Para ese entonces el Banco de la República había empezado a apretar las clavijas y siguió haciéndolo un poco más. La tasa de interés que les cobra el Emisor a los intermediarios financieros por darles liquidez temporal pasó de 6 por ciento anual en mayo de 2022 a 13,25 por ciento un año después y se mantuvo ahí durante los seis meses siguientes.
Tanto la “terapia de choque” empleada como otros factores –que incluyeron una buena temporada de cosechas que determinó una adecuada oferta de alimentos– permitieron que las cosas empezaran a mejorar. Para noviembre pasado, la inflación había bajado su marcha al 5,2 por ciento anual, una disminución superior a ocho puntos porcentuales en algo más de año y medio.
Ello permite entender por qué en ese punto las proyecciones correspondientes a 2025 apuntaban a que las alzas en la canasta familiar fueran cada vez menores, hasta llegar al objetivo establecido por el Emisor. En diciembre pasado la encuesta periódica de expectativas que la entidad hace entre especialistas mostró un pronóstico de 3,91 por ciento para finales de este año.
Dicha perspectiva comenzó a desdibujarse con el correr de los meses, por cuenta de la trepada del salario mínimo. Como se recordará este quedó en 1’423.500 pesos con la llegada del nuevo año, un ascenso del 9,54 por ciento. Pero a esa cantidad se le agregó un salto en el auxilio de transporte, con lo cual el efecto combinado acabó siendo del 11 por ciento.
Si bien en junio pareció encenderse una luz de esperanza cuando el avance del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 4,8 por ciento –inferior, por fin, a la cota del 5 por ciento anual– el entusiasmo duró poco, pues durante julio y agosto buena parte de lo ganado acabó revirtiéndose. El mes pasado, el agregado llegó al 5,1 por ciento, tal como informó el Dane.
Polémica intensa
Debido a esa situación, el Banco de la República sigue sin aflojar la cuerda, pues su tasa de interés se mantiene en el 9,25 por ciento anual. Lo anterior no desconoce que dentro de la junta directiva de la entidad hay posiciones distintas, como lo muestran las minutas que resumen el debate sostenido.
Y es que en el encuentro más reciente, cuatro integrantes del cuerpo directivo votaron por mantener inalterada la tasa, dos se inclinaron por un recorte de medio punto porcentual y una persona más por uno de un cuarto de punto. La división muestra dos grupos: uno de línea más ortodoxa compuesto por aquellos codirectores que vienen de antes y otro liderado por el ministro de Hacienda, que propone un relajamiento.
Según la postura de los mayoritarios, no están dadas “las condiciones propicias para proceder con un recorte de la tasa de interés de política”. Dentro de los peligros se señalaron eventuales “faltantes de financiamiento del déficit fiscal o de la cuenta corriente de la balanza de pagos que presionen al alza la tasa de cambio”. Además, agregaron que “un incremento sustancial del salario mínimo para 2026 en línea con lo ocurrido en años anteriores constituiría nuevamente un obstáculo para acercarse a la meta de inflación”.
Por su parte, el bando perdedor insistió en que la diferencia entre el ritmo de aumento en los precios y la tasa que cobra el Banco da lugar a una diferencia significativa. “Actualmente ésta se ubica en 4,4 por ciento, la segunda más alta de la región después de Brasil”, señalaron los disidentes. Agregaron igualmente que “la postura de política monetaria en Colombia es altamente restrictiva”.
Varios observadores no pasaron por alto otra afirmación que cuestiona la calidad de lo hecho en casa. Para los perdedores en la votación “los cálculos de variables inobservables, tales como la tasa de interés neutral; la brecha del PIB; y la brecha de desempleo, que el equipo técnico utiliza para respaldar sus recomendaciones a la Junta, son discutibles por estar basadas en resultados de modelos, que no pueden verificarse empíricamente”.
Consultado al respecto, Juan José Echavarría, quien ocupó la gerencia del Emisor, sostiene que la prudencia en estos casos es la mejor consejera. “No es extraño que el Banco, responsablemente, haya mantenido relativamente constantes sus tasas de interés de corto plazo, y que considere necesario dejarlas donde están durante los próximos meses”, añade.
Más allá de esa polémica, lo cierto es que el escepticismo de los especialistas ha venido creciendo. De acuerdo con la más reciente encuesta, las expectativas de inflación para el diciembre que viene muestran un número ligeramente superior a cinco por ciento anual y uno de 4,1 por ciento dentro de doce meses.
Central de Abastos de Bogotá. Foto:Cortesía Kelin Villanueva
Bajo esa perspectiva, la probabilidad de que haya que esperar hasta 2027 para emitir un parte de normalidad en materia inflacionaria aumenta. Obviamente, nadie tiene una bola de cristal precisa para casarse con un dato exacto. En el futuro cercano pueden ocurrir imprevistos locales –como el de la vía al Llano– o internacionales que alteren sustancialmente los pronósticos actuales.
No obstante, una cosa es evitar que el fuego se propague y otra es echarle combustible, como afirma César Pabón, director ejecutivo del área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, “aunque parece un objetivo loable, un alza desproporcionada del salario mínimo puede resultar más perjudicial, pues todos terminan pagando el “impuesto inflacionario”, especialmente los más vulnerables, sobre quienes recae este gravamen con mayor fuerza”.
Agrega que “un incremento exagerado presiona los precios a través de salarios, expectativas y demanda, pero el factor más determinante es el inercial”. Recuerda que “cerca del 60 por ciento de la canasta familiar se ajusta casi automáticamente según la inflación pasada o el propio salario mínimo, incluyendo arriendos, servicios públicos, educación, administración, transporte, salud y comidas fuera del hogar”.
Aparte de lo anterior está el costo para las finanzas públicas. No solo las exigencias salariales de los empleados oficiales y de los vinculados a empresas estatales girarán en torno al alza de la remuneración mínima, sino que las pensiones atadas a esta –que son la mayoría– tendrán que subir en la misma proporción. Como eso empeora la realidad fiscal al subir el saldo en rojo proyectado, el financiamiento de la brecha influirá sobre el comportamiento de los precios.
Sin embargo, esa no parece ser la gran preocupación de un Gobierno al que le interesa más mantener la dinámica actual de la economía y el desempleo en niveles bajos, lo cual le sirve para sus propósitos electorales. Al respecto, Camilo Herrera, de la firma Raddar, considera que el consumo no se verá golpeado de manera inmediata con una inflación más elevada porque los mismos motores que lo han impulsado seguirán presentes.
El lío, como en otros frentes de la política económica, es lo que puede venir después cuando haya que hacer la tarea aplazada y apagar los incendios que surjan. Pero ese ya no será el dolor de cabeza de una administración que en este como en otros asuntos se encamina a dejar herencias inquietantes que, tarde o temprano, los colombianos sentirán en el bolsillo.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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