El paro campesino y minero que se llevó a cabo la semana anterior en Boyacá dejó un balance negativo para el sector de distribución de combustibles líquidos, según el informe final presentado hoy por la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE).
Durante los cinco días de bloqueo se dejaron de comercializar más de 428.400 galones de combustibles, lo que se traduce en pérdidas económicas superiores a 5.700 millones de pesos para las estaciones de servicio situadas en los puntos más afectados por los cierres viales.
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El presidente de COMCE, David Jiménez Mejía, señaló que el impacto va más allá de la cuenta corriente de los empresarios, “estas pérdidas no solo afectan a las estaciones de servicio, sino que se reflejan en menores ingresos para los municipios y el departamento, al disminuir la renta generada por la sobretasa a la gasolina y el diésel, que constituye una renta fiscal endógena para las entidades territoriales”. En otras palabras, el perjuicio financiero golpea tanto a empresas como a la capacidad de inversión y gasto público local.
La interrupción del suministro y la caída en las ventas encadenan efectos directos e indirectos en la economía regional. Las estaciones de servicio prestan un servicio público esencial: alimentan la movilidad de personas, el transporte de carga y el funcionamiento de maquinaria agrícola e industrial. Al restringirse la oferta de combustibles, se generan cuellos de botella logísticos que afectan a comercios, transporte de alimentos, transporte público y a la operación normal de actividades productivas en la zona, advirtió el gremio.
El gremio documentó que, además del volumen no comercializado, la parálisis implicó cierres temporales de terminales, la suspensión de despachos y alteraciones en la cadena de suministro que encarecen la reposición de inventarios y aumentan los costos operativos.
“El cierre de vías y la interrupción del comercio siempre genera un efecto negativo en toda la cadena productiva de la región donde se concentran las vías de hecho”, sostuvo Jiménez, quien hizo un llamado a evitar la repetición de este tipo de afectaciones.
Impacto del paro en estaciones de servicio Foto:COMCE
El líder gremial afirmó respetar el derecho a la protesta pacífica, pero enfatizó la necesidad de que los actores involucrados en los conflictos prioricen el diálogo y la concertación para evitar medidas que paralicen la economía.
“Hacemos un llamado respetuoso a que se redoblen los esfuerzos por parte de todos los actores involucrados en un conflicto, para evitar los bloqueos que paralizan la economía y terminan afectando derechos fundamentales y servicios esenciales al resto de la población”, señaló.
Desde el punto de vista fiscal, las pérdidas en la venta de combustibles implican una menor recaudación asociada a la sobretasa para gasolina y diésel, recursos que se destinan a las arcas municipales y departamentales para obras y servicios.
El directivo señaló que menos ingresos por este rubro limitan la capacidad de las administraciones locales para responder a necesidades urgentes y para mantener inversiones en infraestructura vial y social.
La gasolina sufriría importante aumentos. Foto:iStock
COMCE advirtió además sobre el riesgo de desabastecimiento en estaciones ubicadas en corredores críticos si los bloqueos se prolongan o se replican. La falta de ventanas logísticas para el paso de camiones cisterna impide la reposición de inventarios, lo que puede llevar a cierres temporales por agotamiento de existencias y, en última instancia, a presiones sobre precios en mercados locales. Por ello, el gremio insistió en la necesidad de que se garantice el libre tránsito del transporte de carga y de los vehículos que trasladan combustibles y mercancías esenciales.
Como propuesta de salida a la coyuntura, COMCE reiteró su disposición a participar en mesas de diálogo junto con autoridades locales, regionales y nacionales, y con los voceros de las comunidades movilizadas. El objetivo es buscar soluciones estructurales que atiendan las reclamaciones sociales sin recurrir a medidas que dañen la economía local y el abastecimiento ciudadano.
“Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la concertación como vía para resolver las diferencias y estamos dispuestos a trabajar con las autoridades para diseñar mecanismos que eviten el uso de vías de hecho”, concluyó.
Para el gremio, el episodio en Boyacá expone la vulnerabilidad de cadenas productivas regionales ante cierres viales y la importancia de articular canales de diálogo efectivos que permitan conciliar demandas sociales con la garantía de servicios esenciales.
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