Paz urbana Medellín: Fiscalía revoca suspensión de órdenes de captura

La paz urbana Medellín es el proceso de diálogo sociojurídico que el Gobierno Nacional adelanta con grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá para reducir la violencia. Este 7 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación revocó la suspensión de órdenes de captura que beneficiaba a 16 cabecillas de la mesa de paz urbana en Medellín. La decisión, que reactiva procesos judiciales contra jefes criminales, se produce tras las reiteradas voces de protesta del gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, quienes expresaron preocupación por la seguridad en la región.

Esta revocatoria impacta a figuras como alias “Tom” y alias “Douglas”, líderes históricos que participaban en el proceso de paz desde la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí. La medida fue celebrada por diversos sectores políticos en Antioquia, quienes la interpretan como un retorno a la senda de la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la senadora Isabel Zuleta y la Delegación de Paz del Gobierno Nacional aseguraron que el diálogo se mantiene firme.

¿Cómo reaccionaron los implicados a la revocatoria en la Paz urbana Medellín?

Desde la cárcel de La Paz, en Itagüí, la senadora Isabel Zuleta, coordinadora del espacio de diálogo sociojurídico, declaró que “la Fiscalía consideró en su momento que era pertinente y hoy consideró que no. Eso quiere decir que no hay claridad sobre dicha pertinencia, hay discusión; no hay una posición única en relación a la medida”. Zuleta también manifestó que el proceso de paz urbana Medellín es objeto de persecución por parte de medios de comunicación y autoridades locales, por lo que se solicitó la Resolución 00027 como garantía del proceso. La Delegación de Paz del Gobierno Nacional y los voceros de las estructuras criminales, por su parte, afirmaron que el proceso avanza de manera firme y en una fase avanzada, tras cerca de tres años de trabajo.

Ejes del proceso de paz urbana

Las partes han consolidado una agenda orientada a dar una salida dialogada a las violencias urbanas, con el objetivo de garantizar la no repetición y sentar las bases de un Acuerdo Condicionado de Paz. Los ejes centrales de este acuerdo incluyen:
Desescalamiento de violencias: Énfasis en la reducción de homicidios y la no confrontación entre estructuras.
Reparación y reconocimiento: Atención a las víctimas.
Transformación de territorios: Mediante inversión social.
Impulso de economías legales: Sustitución de prácticas ilícitas.
* Transición hacia el Estado social de derecho: Implementación de programas de inclusión.

Este episodio se enmarca en un contexto de tensión institucional por la política de “paz total” del Gobierno. La suspensión de órdenes de captura para facilitar negociaciones ha generado críticas previas sobre sus posibles efectos en la justicia y el control territorial de las estructuras, según reportes de El Tiempo. La paz urbana Medellín depende de la participación activa de la sociedad.

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