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Más de 300.000 individuos lograron salir de la carencia energética en 2024, una disminución que llevó a que aún el 15,4 por ciento de la población, uno de cada seis colombianos, siga enfrentando limitaciones que restringen el acceso y uso de servicios esenciales relacionados con el consumo de energía.
Esto es lo que revela la tercera edición del Índice Multidimensional de Pobreza Energética (Impre), divulgado por Promigás y la Fundación Promigás, una herramienta elaborada con la colaboración de Inclusión SAS para evaluar la acumulación de limitaciones que impiden realizar actividades fundamentales que dependen de la energía.
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La carencia energética se define como la incapacidad de un hogar para acceder a un nivel básico de servicios energéticos debido a ingresos limitados, viviendas ineficaces o precios elevados de la energía.
El análisis indica que en 2023 la pobreza energética en Colombia era del 16,1 por ciento, lo cual equivale a 8’400.000 ciudadanos. No obstante, el año pasado esta proporción se redujo a 15,4 por ciento, lo que implicó que más de 300.000 colombianos superaran esta problemática.
A pesar de ese progreso, el informe señala que alrededor de 8’100.000 colombianos permanecen en situación de carencia energética, lo que demanda agilizar las intervenciones para cerrar las brechas regionales y rurales.
La pobreza energética en Colombia estaba en el 16,1 %, lo que representa 8,4 millones de personas. Foto:EL TIEMPO
El objetivo y el plazo para que el país minimice la brecha de pobreza energética se establecen justo en un momento en que el Gobierno está inmerso en una política de transición energética que desestima combustibles clave para la economía nacional, como el petróleo y el gas.
Organizaciones del sector han expresado que no se oponen a la transición, pero –aseguran– debe llevarse a cabo de manera organizada. “La transición energética no implica renunciar al petróleo y al gas, sino integrarlos de manera inteligente con las energías renovables”, afirma Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl. Foto:Cumbre del Petróleo, Gas
Se menciona que únicamente el gas es un “recurso que sostiene la industria, la generación eléctrica constante, el comercio y la vida cotidiana de millones de colombianos”, por lo que es urgente que el país recupere su autosuficiencia en este aspecto.
Asimismo, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, afirma que “es un error permitir que cada gobierno modifique las normas del sector, o que se tomen decisiones estratégicas basándose en intereses políticos a corto plazo”, por lo que sugirió la creación de una política de Estado que priorice la seguridad y la soberanía energética, promoviendo su elevación a nivel constitucional o de ley estatutaria.
No ser autosuficientes obliga a Colombia a importar dicho recurso energético, cuyos altos costos terminan afectando el presupuesto de millones de hogares y la economía nacional.
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Las regiones
Las disparidades territoriales son uno de los aspectos más significativos del análisis. En Bogotá, la pobreza energética se sitúa en 1,4 por ciento, un nivel bajo de carencia que evidencia mejores condiciones para estudiar, laborar y aprovechar la energía del hogar. Departamentos tales como Quindío (2,9 por ciento), Valle del Cauca (3,5 por ciento) y Risaralda (4,6 por ciento) también presentan niveles bajos de pobreza energética.
Por el contrario, las cifras más alarmantes se observan en Córdoba (45 por ciento), Chocó (52,8 por ciento), La Guajira (63,1 por ciento) y Vaupés (86,5 por ciento), regiones donde la escasez de infraestructura, el acceso restringido a servicios energéticos y la deficiencia en la calidad del suministro acentúan las limitaciones sociales y económicas.
Acceso restringido a servicios energéticos acentúa limitaciones socioeconómicas. Foto:Mariana Guerrero – Portafolio
Durante la presentación del informe, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigás, indicó que el Impe tiene como objetivo guiar decisiones en políticas públicas: “El Impe es más que una métrica: es un plano para transformar vidas y cerrar brechas históricas; es una guía para los gobernantes,” permitiéndoles identificar caminos viables para reducir la pobreza energética, equilibrando eficiencia y equidad. Lograr un solo dígito para 2030 es factible mediante la implementación de diversas medidas que disminuirían las brechas regionales y rurales a un ritmo acelerado”, afirmó.
Cuando se realizó la primera medición en 2023, el índice era del 16,9 por ciento. Desde entonces, se ha conseguido una disminución de 1,5 puntos porcentuales hasta el año anterior.
Hoja de ruta
El documento advierte que, si se mantiene el ritmo actual de reducción —300.000 personas saliendo de la pobreza energética cada año— se alcanzaría un solo dígito para este indicador en 2034. Por ende, el Impe incluye una hoja de ruta que…
se sugiere acelerar el logro de la meta para 2030 a través de la adopción de cuatro acciones fundamentales.
La primera acción implica restaurar y mejorar la calidad del servicio eléctrico en áreas donde se ha perdido, con el propósito de asegurar la continuidad y disponibilidad necesarias para las demandas diarias.
El fogón de leña es común en las viviendas rurales. Foto:Yecid Medina Alfonso. EL TIEMPO
La segunda sugiere avanzar en el Plan Nacional de Sustitución de Leña, una estrategia esencial para disminuir los riesgos asociados a combustibles convencionales que impactan la salud y limitan un uso eficaz de la energía.
Como tercer componente, el informe sugiere incrementar la distribución de electrodomésticos esenciales y herramientas para educación y comunicación, permitiendo así que los hogares utilicen la energía disponible para actividades educativas, productivas y domésticas.
Finalmente, dicha guía aconseja asegurar el acceso a energía eléctrica en todas las escuelas del país, un aspecto que ayudaría a cerrar las brechas educativas y a ampliar las oportunidades de aprendizaje a través de herramientas tecnológicas.
Impacto
La implementación completa de estas cuatro acciones permitiría disminuir en cerca del 40 por ciento el número de individuos en situación de pobreza energética, lo que equivale a aproximadamente 2’900.000 habitantes.
Si se llega a esa meta, el informe advierte que, incluso lográndose la meta de un dígito en 2030, alrededor de 5’100.000 personas seguirían en condiciones de privación energética en Colombia, lo que implica continuar con los esfuerzos hasta reducir esta cifra a cero.
“Si conseguimos la meta de reducir la pobreza energética a un solo dígito para 2030, habrá aproximadamente 5’100.000 personas viviendo en esta situación en Colombia. Por lo tanto, es imperativo implementar desde ahora políticas claras y sostenibles a largo plazo, ya que el desarrollo no permite atajos”, afirmó Rojas.
Progresos y retrocesos
El índice evalúa cuatro dimensiones: acceso y calidad de la energía, que constituye el mayor peso (40 por ciento), al ser la base que permite las demás realizaciones, como habitar una vivienda funcional (25 por ciento), aprender y comunicarse (25 por ciento), y vivir en territorios equipados para el bienestar (10 por ciento).
De acuerdo con el informe, el año pasado, la mayor contribución provino de la dimensión de acceso y calidad de la energía (34,9 por ciento), seguida de aprender y comunicarse (32,5 por ciento), vivienda funcional (27,6 por ciento) y, en menor medida, territorio equipado para el bienestar (4,9 por ciento).
Los estudios recientes indican que las dimensiones de vivienda funcional y aprender y comunicarse son las que avanzan más, mientras que los desafíos estructurales del acceso y la calidad de la energía cobran relevancia en las razones que explican la pobreza energética. La contribución de esta última aumentó del 32,3 por ciento en 2022 al 34,9 por ciento en 2024, confirmando que la reducción de la pobreza energética sigue siendo, sobre todo, un reto de primera generación.
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