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Lo que comenzó como una protesta ciudadana para exigir la suspensión del cobro en el peaje de Sabanagrande, ubicado en la Vía Oriental, derivó en una situación inesperada que hoy genera debate: particulares fueron captados cobrando dinero a conductores mientras las talanqueras permanecían levantadas por los manifestantes. El hecho, registrado en videos de cámaras de seguridad y difundido por medios locales, ha encendido las alarmas sobre los riesgos que acompañan las movilizaciones en torno al sistema de aduanas en el Caribe.
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La protesta y la polémica: reclamo por igualdad y desmonte de casetas
El lunes 5 de enero, integrantes del movimiento ciudadano No Más Peaje realizaron una jornada de protesta en la estación de Sabanagrande, levantando las talanqueras como medida de presión para exigir el desmonte definitivo de la caseta y la aplicación de tarifa cero para las categorías 1 y 2 (motos y carros). La movilización se dio en el contexto del proceso de reversión contractual del proyecto Autopistas del Caribe, que inició el pasado 2 de enero y que prevé la entrega del corredor vial al Invías el próximo 21 de julio.
El episodio ha generado una tensión social adicional al sistema de pesares en el Caribe. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
El detonante del inconformismo fue la decisión del Gobierno Nacional de aplicar una exención tarifaria en el peaje de Turbaco (Bolívar), mientras que en las casetas del Atlántico —Sabanagrande y Galapa— el cobro se mantiene. Para los líderes comunitarios, esta diferencia vulnera el principio de igualdad entre los municipios impactados por el mismo corredor vial. “Si el contrato está en proceso de liquidación y el corredor será entregado al Invías, no entendemos por qué en Turbaco sí hay tarifa cero y en Sabanagrande no”, expresó Rubén Llanos, vocero del comité ciudadano.
En medio de la protesta, surgieron videos en el que se ve a particulares que aprovecharon la situación para ‘cobrar su propio peaje‘. Los videos muestran a varias personas acercándose a conductores de camiones y vehículos pequeños para solicitar dinero en efectivo, incluso colocando calcomanías como señal de “pago”. Según los informes, esta práctica se repitió en varias oportunidades durante la jornada.sin autorización de ninguna autoridad ni del concesionario.
Imágenes de las acciones pacíficas de protesta el día de ayer. Foto:redes sociales
La situación ha generado rechazo entre usuarios y abrió un debate sobre los límites de las movilizaciones y la responsabilidad de garantizar la seguridad en las vías. Para algunos conductores, el episodio constituye un abuso que pone en riesgo la confianza ciudadana en las protestas pacíficas. Para otros, las ‘cuotas’ representan una especie de ‘colaboración’ y ‘gratitud’ con los manifestantes e ínfimas en comparación a los pesos legales y autorizados.
La posición de la concesión y las autoridades
Ante los hechos, la concesión Autopistas del Caribe reiteró que los pesares del corredor no han sido desactivados oficialmente y que el recaudo continúa conforme a las disposiciones vigentes. “Estas situaciones no corresponden a una orden oficial ni a la desactivación de las estaciones. El proceso de recaudo sigue activo mientras se surte la reversión contractual”, señaló la empresa en un comunicado, al tiempo que advirtió que cualquier modificación en las tarifas o en la operación debe ser definida exclusivamente por el Ministerio de Transporte y la ANI.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recordó que el contrato de concesión sigue en ejecución hasta el 21 de juliopor lo que el cobro en las seis casetas del corredor —Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa— se mantiene. La entidad también indicó que las acciones de protesta que implican levantar talanqueras o impedir el recaudo son ilegales y pueden derivar en sanciones.
En algunos videos, se puede ver a personas colocando calcomanías como señal de “pago”. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
Los juristas consultados advierten que la exigencia de dinero por parte de particulares para permitir el paso de vehículos no está autorizado y podría configurar conductas punibles como extorsión, obstrucción de vías o abuso de confianzadependiendo de las circunstancias y si hubo coacción. Por su parte, la concesión precisó que el levantamiento de talanqueras registradas en Galapa y Sabanagrande acciones no responde a una decisión administrativa, sino a promovidas por movimientos ciudadanos que, según su versión, han accionado por fuera del marco legal, impidiendo de manera temporal el cobro del peaje.
Además, la concesión emitió un pronunciamiento condenando los hechos, afirmando que “no corresponde a una situación nueva ni espontánea” y se trata de “actuaciones recurrentes, protagonizadas por los mismos actores que han liderado bloqueos y acciones similares durante la ejecución del proyecto”. EL TIEMPO supo que el concesionario ya cuenta con una denuncia previamente instaladaincorporando los nuevos hechos y evidencias.
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El episodio ahora genera una tensión social adicional a la que rodea el sistema de pesares en el Caribeespecialmente en corredores estratégicos como el que conecta a Barranquilla con Cartagena. Para las comunidades, el anuncio del fin de la concesión abrió la expectativa de un alivio inmediato en los costos de movilidad; para las autoridades y la concesión, el proceso debe cumplirse bajo los tiempos y normas establecidos.
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