Colombia
Petro se enfrenta a un desafío: una innovadora reforma laboral que promete aumentar el salario mínimo.
Ante el archivo del proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro, el Observatorio Laboral de la Facultad de Derecho y el Observatorio Fiscal de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana emitieron una misiva a todos los colombianos, subrayando la importancia de expandir y reconfigurar el debate sobre las urgencias laborales del país. Enfatizaron la necesidad de una reforma que aborde los dilemas del mercado laboral colombiano, donde los objetivos primordiales son la informalidad y la empleabilidad.
Los académicos indicaron que la reforma presentada por el Gobierno contiene elementos favorables, como la ampliación de la licencia de paternidad y la supresión de obstáculos para la inclusión laboral de migrantes, medidas que podrían ayudar a mejorar las condiciones laborales y fomentar la equidad en el acceso al empleo.
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No obstante, también identificaron normativas que podrían afectar negativamente el ya vulnerable mercado laboral, sumado a la desatención hacia aspectos que no deben ser pasados por alto. Para ellos, es fundamental reconocer que la reducción de los costos laborales desde 2012 ha beneficiado la formalización del empleo, permitiendo avances significativos en la disminución de la informalidad en la última década.
Por otro lado, enfatizaron que ya han llamado la atención sobre la urgencia de enfrentar de manera más directa las problemáticas estructurales del mercado laboral colombiano, que muestra algunas de las tasas más altas de desempleo y trabajadores autónomos (autoempleo) en América Latina.
“Asimismo, hemos observado que la inactividad laboral ha aumentado en los años recientes. En relación con estos temas, la reforma laboral que se estaba discutiendo carecía de mecanismos para mejorar las condiciones de aquellos que están fuera de contratos laborales formales. Se necesita una reforma laboral que legisle en su beneficio y asegure que quienes perciben menos del salario mínimo puedan recibir mejores salarios a lo largo del tiempo”, expresaron los observatorios en su misiva.
Afirmaron estar convencidos de que esto no debe ser el final del debate, sino el comienzo de una discusión más amplia e inclusiva. Por ello, consideran que este es el momento idóneo para presentar una alternativa de reforma laboral que, sin desestimar los aspectos positivos de la propuesta del Gobierno, contemple una visión integral, que reconozca el papel del sector privado como motor de la economía y garantice un equilibrio entre la protección laboral y la sostenibilidad empresarial, en concordancia con los principios de nuestro modelo constitucional.
Manifestaron que, basándose en un riguroso trabajo académico realizado durante los últimos dos años, se elaboró una propuesta de reforma laboral que recoge los principios fundamentales para modernizar el mercado laboral en Colombia.
Según sus afirmaciones, la propuesta tiene como objetivo responder de forma realista y efectiva a las dinámicas del empleo formal e informal, asegurando un equilibrio.entre la salvaguarda de los trabajadores y la viabilidad empresarial.
“Estamos convencidos de que este estudio académico puede brindar ideas significativas y contribuir a la formulación de una reforma integral que promueva un mercado laboral más inclusivo, responsable y sostenible. Por tal motivo, extendemos una invitación a discutir y enriquecer esta propuesta en la próxima legislatura, siempre con la meta de favorecer a las y los trabajadores, empleadores, economías informales y populares, personas sin empleo y quienes aún no participan en el mercado laboral, adoptando una perspectiva que contemple todas las dimensiones geográficas, económicas, sectoriales y culturales del entorno laboral”, añadieron.
Subrayaron que uno de los ejes fundamentales de la propuesta es la necesidad de establecer una diferenciación en el salario mínimo según el tamaño de la empresa y la región, lo que permitiría a las áreas y sectores menos desarrollados generar empleo sin afectar la viabilidad de las pequeñas empresas.
Este modelo aseguraría incrementos salariales graduales y ajustados a la productividad y el costo de vida de cada zona, sin comprometer la competitividad ni restringir la contratación.
Asimismo, consideran esencial aumentar la capacidad de pactar un salario integral desde tres salarios mínimos en adelante, es decir, $4.269.000 (actualmente solo es aplicable desde diez: $14.230.000), lo que traería numerosos beneficios tanto para empleadores como para trabajadores.
Para los trabajadores, este sistema podría permitirles recibir una remuneración más elevada y constante, dado que el 30% adicional sobre el salario base abarcaría la prima de servicios, las vacaciones, así como los recargos nocturnos, dominicales y festivos, además de otras ventajas. Esto facilitaría la planificación financiera y incrementaría su estabilidad económica, al no depender de pagos fragmentados a lo largo del año.
Para los empleadores, esta disposición simplifica la gestión de gastos laborales, disminuyendo la carga administrativa que implica la liquidación periódica de prestaciones y recargos. Al condensar estos beneficios en un único pago mensual, se mejora la previsibilidad financiera de las empresas y se facilita el cumplimiento de las obligaciones laborales. Es relevante destacar que este modelo no es obligatorio, sino que debe negociarse de manera voluntaria entre empleadores y trabajadores, asegurando que ambas partes establezcan las condiciones que más se adecuen a sus requerimientos.
“En este nuevo esquema, las cesantías no se considerarían dentro del 30% adicional, pero para reforzar la estabilidad financiera del trabajador, se propone que puedan ser depositadas mensualmente por acuerdo entre las partes. Esto garantizaría que el trabajador tenga un ahorro constante, sin esperar la liquidación anual, proporcionándole un mayor control sobre sus recursos y acceso más ágil a esos fondos en caso de desempleo, educación o adquisición de vivienda”, explicaron.
En resumen, resaltaron que las propuestas contribuirían a elevar la calidad del empleo formal, incrementar los ingresos de los trabajadores, simplificar la gestión empresarial y fortalecer la estabilidad financiera de empleados y empleadores, promoviendo un mercado laboral más eficiente, flexible y justo.
“Es crucial asegurar la protección de los trabajadores atípicos y extender la cobertura de la seguridad social, sin considerar la modalidad de contratación. Es vital reconocer figuras como el trabajador autónomo vinculado, garantizando que plataformas digitales, cooperativas y asociaciones mutuales afilien y contribuyan de manera integral a la seguridad social en proporción a los ingresos de sus trabajadores, incluso si estos son inferiores al salario mínimo”, subrayaron.
De este modo, aquellos que laboran por cuenta propia podrán acceder a salud, pensión y riesgos laborales, sin que la flexibilidad conlleve a la precariedad.
Además, propusieron establecer un seguro de desempleo, con el objetivo de garantizar estabilidad económica a los trabajadores (tanto formales como informales) en caso de pérdida del empleo y promover la formalización laboral. Este seguro será de afiliación voluntaria y se financiará con un aporte del 0.5% del total de la nómina mensual de cada trabajador en el caso de empleados formales, y con una prima equivalente al 0.5% de los ingresos mensuales de trabajadores autónomos. Cuando haya un contratante, este podrá asumir el costo del seguro de desempleo si así lo acuerdan ambas partes.
Asimismo, el mecanismo proporcionará una indemnización monetaria en caso de finalización del contrato, permitiendo a los trabajadores mantener un ingreso mientras buscan nuevas oportunidades laborales. Para optimizar su implementación, se sugiere que las cajas de compensación familiar gestionen el seguro, vinculándolo con el mecanismo de protección al cesante, lo que podría generar ahorros adicionales y apoyos económicos del Estado.
Por último, “es fundamental robustecer los derechos sindicales, asegurando que todos los trabajadores, incluidos los independientes y empleados de plataformas digitales, tengan derecho a organizarse colectivamente, negociar mejores condiciones y acceder a mecanismos de protección ante conflictos laborales. Esto implica el reconocimiento legal de sindicatos de trabajadores no asalariados”.
Desde los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, invitaron a la ciudadanía a participar en esta conversación y a enriquecer el debate con miras a la creación de una reforma laboral que favorezca a todos los sectores del país.
También dejaron claro que el propósito es que esta propuesta sea discutida en la próxima legislatura desde una perspectiva equilibrada que fomente la formalización, estimule el empleo y garantice estabilidad para trabajadores y empleadores.
