Por qué Trump apunta contra Chicago, la ciudad de mayoría negra y latina donde el crimen está en caída

El presidente Donald Trump puso a Chicago en la mira al declarar que la ciudad podría ser el próximo objetivo de su ofensiva contra el crimen, la falta de vivienda y la inmigración ilegal. El anuncio, realizado el 22 de agosto desde la Casa Blanca, revive tensiones políticas de larga data entre la presidencia y los gobiernos locales demócratas, y abre interrogantes legales sobre los límites del poder federal.

“Creo que Chicago será nuestra próxima ciudad”, dijo Trump a los periodistas, asegurando que los residentes “están pidiendo que vayamos”, pese a que los datos oficiales muestran una fuerte caída del crimen violento en la ciudad. Es que en la primera mitad de 2025, los homicidios y tiroteos disminuyeron más de un 30% respecto al mismo período del año anterior, y el crimen violento total cayó más del 22%, la mayor reducción en más de una década.

El plan de Trump busca replicar en Chicago la estrategia implementada en Washington, D.C., donde ya desplegó 2.000 efectivos y ordenó que algunos portaran armas, aun sin indicios claros de amenazas inmediatas. El presidente también mencionó a Nueva York como otro posible destino de sus operativos, mientras su hijo Donald Trump Jr. apuntó a ciudades como Portland y Seattle, describiéndolas como “ciudades de porquería” y culpando a los demócratas por tasas de homicidio “por las nubes”.

Las reacciones en Illinois no se hicieron esperar. El gobernador JB Pritzker emitió un duro comunicado el 23 de agosto en el que rechazó cualquier intervención militar en el estado. “El Estado de Illinois en este momento no ha recibido ninguna solicitud ni contacto del gobierno federal preguntando si necesitamos asistencia, y no hemos hecho ninguna solicitud de intervención federal”, afirmó.

Pritzker agregó que “la seguridad del pueblo de Illinois siempre es mi máxima prioridad. No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de Estados Unidos federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional de otros estados o envíe militares activos dentro de nuestras fronteras”.

El gobernador acusó a Trump de “intentar fabricar una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven con uniforme y continuar abusando de su poder para distraer del dolor que está causando a las familias trabajadoras”. Prometió que Illinois “seguirá cumpliendo la ley, defenderá la soberanía de nuestro estado y protegerá al pueblo de Illinois”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también rechazó de plano la iniciativa presidencial. Señaló que su oficina no ha recibido comunicación formal sobre un posible despliegue federal y advirtió que el plan de Trump es “descoordinado, innecesario e insensato”, con el potencial de “inflamar las tensiones entre los residentes y las fuerzas policiales”.

Johnson defendió la estrategia local de prevención, basada en inversiones en vivienda, salud mental, salarios mínimos más altos y programas comunitarios. “Si el presidente quiere hacer la ciudad más segura, debería restaurar los 158 millones de dólares que recortó en programas de prevención de la violencia”, dijo.

El enfrentamiento va más allá del terreno político. En Washington, D.C., Trump tiene autoridad directa sobre la Guardia Nacional por tratarse de un distrito federal. Pero para intervenir en Chicago debería recurrir a mecanismos más complejos, como la Sección 12406 del Título 10 del Código de EE.UU., que permite movilizar tropas para “ejecutar la ley” ante obstrucciones o amenazas. Esta medida enfrentaría desafíos judiciales inmediatos y la oposición del gobierno estatal.

Otra vía aún más polémica sería invocar la Ley de Insurrección, que exime al presidente de las limitaciones tradicionales sobre el uso del ejército dentro del país. Esta ley, utilizada en el pasado para sofocar disturbios o proteger derechos civiles, permitiría un despliegue unilateral incluso sin el consentimiento del gobernador, aunque su aplicación sería vista como extrema y podría agravar las tensiones políticas.

La historia reciente muestra precedentes conflictivos. En junio, Trump ya había puesto a la Guardia Nacional de California bajo control federal y desplegado tropas en Los Ángeles, acción que desencadenó una demanda del gobernador Gavin Newsom por presunta violación de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso del ejército para labores policiales. El fallo judicial sobre ese caso podría sentar un precedente, aunque no sería vinculante para otros estados.

El senador Dick Durbin calificó la estrategia de Trump en Washington como “teatro político” y sostuvo que Chicago “es una ciudad hermosa y vibrante” que necesita “soluciones bipartidistas comprobadas”, no despliegues militares. La vicegobernadora Juliana Stratton, candidata al Senado federal, fue aún más directa: “Si Trump quiere llevar su viaje de ego en gira, eligió la ciudad equivocada”.

Lisa Hernández, presidenta del Partido Demócrata estatal, denunció que la retórica de Trump es “ofensiva y falsa” y refleja “narrativas racistas sobre el crimen urbano”.

La insistencia de Trump en señalar a ciudades gobernadas por demócratas con mayoría de población negra o latina refuerza las acusaciones de que su ofensiva tiene un tinte electoral. Trump ha descrito a Chicago como un “desastre” durante más de una década, incluso comparándola con Afganistán, pese a la disminución sostenida del crimen violento en los últimos años.

Frente a ese panorama, Johnson y Pritzker defienden un enfoque integral que prioriza inversión social por encima del militarismo. “Hay muchas cosas que el gobierno federal podría hacer para ayudarnos a reducir el crimen y la violencia en Chicago, pero enviar al ejército no es una de ellas”, insistió Johnson.