precio diferenciado del diésel eleva costos operativos y pone en riesgo la sostenibilidad de los minoristas’

El sector de estaciones de servicio en Colombia enfrenta un complejo escenario marcado por la sensibilidad de la demanda frente al precio de los combustibles, la regulación sobre márgenes de comercialización y la presión fiscal que incide directamente en la rentabilidad de los operadores. 

Según David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de las estaciones de servicio—, estas “reciben un margen fijo por galón, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el cual no siempre cubre los costos operativos, sobre todo en municipios alejados de los centros urbanos”. La situación se complica ante aumentos de precio, bloqueos o paros, que pueden reducir de manera significativa el volumen de ventas y, con ello, la rentabilidad esperada en un sector que genera cerca de 50.000 empleos directos en el país.

En este contexto, el gremio busca un equilibrio entre regulación, competitividad y sostenibilidad del negocio, destacando la necesidad de políticas públicas claras que permitan una remuneración eficiente y eviten el deterioro de la cadena de distribución. En entrevista con EL TIEMPO, Jiménez Mejía detalla los desafíos actuales del sector y las propuestas para garantizar su estabilidad en el mediano y largo plazo, temas que hacen parte de la agenda de congreso anual que se llevará a cabo el 6 y 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de Cartagena, organizado por Comce Colombia y Fendipetóleo, que se unieron bajo el lema “Somos uno”.

¿Cómo describiría el momento que vive el sector de las estaciones de servicio en la coyuntura actual?

El Congreso Nacional de estaciones de servicio reúne la red de suministro de combustibles en Colombia, conformada por unas 6.400 estaciones. Este es un servicio público esencial prestado por privados, que genera más de 50.000 empleos directos. La coyuntura nacional impacta a todas las estaciones, sin importar tamaño o ubicación, porque cualquier situación que afecte la movilidad —inseguridad, bloqueos o paros— tiene un efecto directo y proporcional sobre las ventas minoristas de combustibles.

Precisamente, ¿qué tanto los ha golpeado esta situación en la venta de combustibles?

Presentamos un informe trimestral que refleja una recuperación sostenida. La gasolina corriente, por ejemplo, ha mostrado un crecimiento acumulado del 2,38 por ciento en lo corrido de 2025 frente al mismo periodo de 2024. Esto contrasta con la fuerte contracción de años anteriores, causada principalmente por aumentos significativos en el precio por galón —67 por ciento desde cuando el Gobierno decidió, a finales del 2022—, que afectaron la demanda por sensibilidad al costo.

¿Cree que futuros incrementos, por ejemplo en el diésel, podrían afectar también la demanda?

Sin duda, el precio es un factor determinante, pero no es el único. La demanda también depende de cambios en hábitos de consumo, teletrabajo, vehículos eléctricos y la situación económica general. Hoy, la confianza del consumidor está aumentando y eso impulsa dinámicamente la demanda de combustibles.

¿Qué tan viables es que se pueda cobrar una tarifa diferencial al diésel, como insiste el Gobierno?

El gremio ha señalado al Gobierno las dificultades que tendría la implementación de un precio diferencial para el diésel, especialmente en término de costos operativos. Actualmente, las estaciones de servicio venden el galón de combustible al mismo precio, sin diferenciar entre tipos de vehículos. Establecer esta diferenciación implicaría asumir costos adicionales en un sector que ya enfrenta importantes retos de competitividad y sostenibilidad en todo el territorio. Si bien la tecnología para implementar la medida existe, los costos de inversión, operación y mantenimiento podrían resultar elevados. Por ello, consideramos que la efectividad de la propuesta podría alcanzarse mediante otras vías más eficientes. Sería fundamental que el Gobierno estime estos costos y los compare con los de alternativas menos gravosas en materia operativa, antes de decidir si avanzar con esta iniciativa.

¿Cómo se refleja esto en la rentabilidad del negocio?

La rentabilidad minorista depende del volumen de ventas. Los distribuidores reciben un margen fijado por la Creg de 1.099 pesos por galón, independientemente del precio final. Pero el gobierno influye en más del 80 por ciento del precio por galón mediante impuestos y sobrecostos. Por eso, cuando la demanda se contrae, se afecta toda la cadena, desde refinadores hasta los puntos de venta.

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¿Han tenido que cerrar estaciones por los impactos de costos y regulación?

No, a pesar de los aumentos en costos laborales o regulatorios, la operación se mantiene. Cada estación genera empleo directo y contribuye a la economía local. Los propietarios buscan eficiencia en gastos y no despiden personal, aunque el margen de rentabilidad se vea reducido.

Ustedes representan cerca del 80 por ciento de las estaciones del país, ¿es suficiente esta red para atender al parque automotor colombiano?

Sí, con las 6.400 estaciones actuales se abastece el parque automotor. Pero factores como infraestructura vial, poliductos y distribución importada afectan la disponibilidad. Por ejemplo, bloqueos en rutas generan estaciones secas, especialmente cuando cerca del 40 por ciento de la gasolina corriente es importada.

¿Qué opina sobre la decisión del Gobierno de cerrar del fondo de estabilización de precios?

Este fondo existe desde 2009, su déficit genera presión fiscal y puede aumentar el precio interno, impactando la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. La política pública debe equilibrar la sostenibilidad fiscal con la estabilidad del suministro y la rentabilidad del sector.

¿Los márgenes actuales son suficientes para sostener la operación?

Son insuficientes, sobre todo para estaciones que están en sitios alejados. Por ejemplo, una estación en un municipio que vende 5.000 galones al mes genera ingresos brutos de unos 5 millones de pesos, con los que se cubren costos laborales, operativos y de mantenimiento, lo que resulta financieramente inviable y hace que se cuestione la rentabilidad del negocio, sobre todo en esas regiones más apartadas. 

¿Qué ajustes proponen los empresarios para garantizar la sostenibilidad?

Que la tasa de retorno refleje las condiciones de mercado regionales y que, en territorios alejados, se permita mayor libertad regulada para fijar márgenes. Esto incentivaría la inversión privada y aumentaría la competitividad. Que en esos territorios se promueva más el régimen de libertad vigilada, es decir, que el margen de comercialización pueda ser fijado libremente por los operadores de los puntos de abastecimiento.

¿Qué tan grave es el contrabando y la informalidad en el sector?

Es un problema que afecta la competitividad. El Ministerio de Minas y Energía tiene herramientas legales para supervisar y sancionar irregularidades, incluyendo el cierre de establecimientos no habilitados. Nosotros colaboramos para asegurar cumplimiento y evitar que el contrabando afecte a operadores legales. Ser un servicio público esencial para los colombianos implica buscar siempre trabajar de la mano con el Estado para encontrar las mejores soluciones y evitar cuellos de botella o situaciones de desabastecimiento que sin duda serían una catástrofe social al verse afectada la prestación continuada, ininterrumpida y estable del suministro de combustibles.

¿Cuál es su mayor preocupación para el sector?

Dos palabras: competitividad y competencia. Es clave que la cadena de distribución tenga márgenes justos y que exista un mercado equilibrado para evitar concentración, garantizar inversión y asegurar el abastecimiento en todo el país.

¿Cómo se preparan las estaciones para la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos en Colombia?

Las estaciones de servicio están listas para ofrecer cargadores eléctricos rápidos, aprovechando su espacio, infraestructura y ubicación estratégica en carreteras. Esto permitirá a los conductores viajar con confianza, asegurando recargas rápidas. Para romper la falta de puntos de carga, hemos propuesto al Gobierno incentivos público-privados y la creación de rutas de electrolineras que fomenten la demanda de vehículos eléctricos.

¿Debería el Estado ofrecer incentivos para apoyar esta transición?

Sí, hablamos de estaciones de servicio multimodales que atiendan tanto combustibles fósiles como electricidad. A medida que crezca la demanda de vehículos eléctricos, se necesitarán cargadores, y los incentivos ayudarán a que la inversión sea rentable y genere más cobertura de estaciones.

¿Cómo será la estación de servicio del futuro?

Será multimodal, ofreciendo combustibles fósiles, eléctricos, hidrógeno y gas. Además, funcionará como un centro de servicios complementarios, como retail y otros bienes, adaptado a la demanda de los usuarios.