Directivos de Unimetro enviados a investigación penal por presunto desfalco de 40.000 millones

El presunto desfalco en Unimetro trasladó la crisis institucional de la Universidad Metropolitana de Barranquilla a la esfera penal el 17 de marzo, cuando el Ministerio de Educación Nacional decidió remitir copias a la Fiscalía General de la Nación. Un presunto desfalco de más de 40.000 millones de pesos, relacionado con operaciones financieras a través de empresas de papel y del Hospital Metropolitano, es el núcleo de la denuncia.

La decisión fue comunicada oficialmente por Ivonne Acosta Acero, vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendek, quien divulgó un comunicado dirigido a la opinión pública. El presunto desfalco en Unimetro afecta a los principales directivos de la institución, incluyendo al presidente del Consejo Directivo, Luis Fernando Acosta Osio; al representante de la Arquidiócesis de Barranquilla, Carlos Julio Macia; y al actual rector, José Borré Aguilera.

¿Qué investigaciones enfrentan los directivos de Unimetro?

El presunto desfalco en Unimetro se suma a acusaciones previas contra Luis Fernando Acosta Osio. La Fiscalía lo imputó el 29 de enero de 2026 en contumacia por tráfico de influencias y tentativa de soborno, con el argumento de que entre 2016 y 2017 buscó influir en un senador para direccionar resoluciones del Ministerio de Educación.

Según documentos de la Fiscalía, Acosta Osio habría ofrecido 200 millones de pesos a un juez para influir en una audiencia de restablecimiento de derechos. El presunto desfalco en Unimetro también incluye investigaciones sobre la toma irregular del control institucional y la designación cuestionada del rector actual.

El Ministerio de Educación, además de denunciar el presunto desfalco en Unimetro, advierte sobre otras irregularidades administrativas y menciona la existencia de violencia sistémica de género dentro de la institución, según información oficial del Ministerio de Educación.

Una institución bajo múltiples crisis

La Universidad Metropolitana de Barranquilla rechazó públicamente las acusaciones el 29 de enero de 2026, calificando la solicitud de intervención como “infundada” y denunciando una “persecución injustificada” contra sus directivos. La rectoría argumentó que la imputación contra Acosta Osio “carece de respaldo probatorio” y recordó que la institución ya había estado bajo vigilancia estatal por desfalcos anteriores.

Las presuntas irregularidades documentadas forman un patrón de preocupación para reguladores y accionistas. Ivonne Acosta Acero, representante de la Fundación Acosta Bendek, solicitó formalmente la intervención administrativa inmediata y la separación de los directivos involucrados en procesos penales.

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