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El bolsillo digital de millones de colombianos podría sentir un nuevo golpe si el Ministerio de Hacienda expide el decreto que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5 por ciento a los pagos electrónicos realizados a través de plataformas como Bre-B, Nequi, dale! o Daviplata.
En palabras de Germán Ávila, ministro de Hacienda, el propósito de la medida “no es crear un nuevo impuesto”, sino equiparar las reglas para todos los sistemas de pago electrónico y “evitar arbitrajes entre productos que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.
El funcionario dice que la retención “no aplicará si el pago o abono no constituye ingreso tributario”, ni afectará las operaciones entre personas naturales que no sean responsables del IVA.
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Sin embargo, la medida encendió alarmas entre usuarios, fintech, bancos y pequeños comercios, que ven en esta decisión un riesgo directo para el crecimiento del sistema de pagos digitales y para quienes han adoptado estas plataformas por su inmediatez y gratuidad. Advierten que tarde o temprano ese costo se le terminará cargando al consumidor vía incremento en los productos y servicios que está pagando.
En la práctica, la retención del 1,5 por ciento implicaría que los comercios y prestadores de servicios que reciban pagos digitales verían descontado ese porcentaje en cada transacción. Para los negocios más pequeños, que trabajan con márgenes estrechos y flujos diarios ajustados, ese monto puede representar un golpe sensible a su liquidez.
“Un 1,5 por ciento puede parecer insignificante, pero para un comerciante que vive del día a día es una afectación importante”, advirtió Rodrigo León, gerente de Kamin, una de las empresas vinculadas al desarrollo de Bre-B. “Esta carga va en contravía de la adopción de medios digitales y puede hacer que los comercios vuelvan al efectivo”.
León mencionó que en Brasil un anuncio sobre controles fiscales al sistema de pagos PIX redujo en dos semanas las transacciones 15,3 por ciento. “El mensaje sobre fiscalización genera desconfianza y desincentiva el uso”, indistió.
El tema obligaría a comerciantes y app a realizar más inversiones, encareciendo su operación. Foto:iStock
De prosperar la medida, plataformas y adquirentes —bancos, pasarelas de pago o Sedpes— tendrían que ajustar sus sistemas para calcular y declarar la retención por cada operación. “Eso implica nuevas inversiones y mayores costos operativos, justo cuando deberíamos estar invirtiendo en inclusión y competitividad”, apuntó León.
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Dilema fiscal
Desde el punto de vista del Gobierno, la propuesta busca cerrar vacíos tributarios y actualizar un marco regulatorio desactualizado que, según Hacienda, no refleja la modernización del sistema de pagos.
Sin embargo, en el contexto actual de estrechez fiscal, el anuncio también se interpreta como una señal de búsqueda de nuevos recursos en medio de las dificultades para financiar el Presupuesto General.
César Prado, presidente del Banco de Bogotá, entidad de Grupo Aval. Foto:Mauricio Moreno
César Prado, presidente del Banco de Bogotá, calificó la medida como “una señal pésima e inoportuna”, y la atribuyó al “desespero ante la calamitosa situación fiscal del Gobierno”.
“Esperaría que el Ministerio entre en razón y retire ese proyecto. Apenas estamos viendo los primeros resultados de Bre-B, y esta decisión podría frenarlo en seco”, advirtió.
Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, coincidió en que “el Gobierno está buscando alternativas ante una necesidad imperiosa de recaudo”, pero consideró que el criterio “no debe ser de dónde es más fácil conseguir recursos, sino de dónde es más conveniente obtenerlos”.
Suárez recordó que Bre-B fue concebido bajo tres pilares: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. “Si alguno de esos elementos se pierde, todo el esfuerzo que se ha hecho para montar el sistema pierde sentido”, advirtió.
Si bien el Gobierno tiene la facultad de aplicar ese cambio sin tener que acudir al Legislativo, “no significa que lo esté haciendo bien”, señaló, por su parte, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, quien consideró que esa retención “solo genera que el avance en bancarizacion que se ha ganado se pierda. La gente para no pagar este impuesto volverá al efectivo”.
Bancos tendrán que hacer retenciones a todas las transacciones al no saber quien retiene el IVA. Foto:El Tiempo / cortesía
Coincidió con otros analistas en que el Gobierno muestra una vez más su problema de caja y quiere obtener recursos a toda costa, aunque ese recaudo puede no darse porque si la gente vuelve al efectivo no se obtienen los recursos, explica el exfuncionario, quien aclaró que “operativamente será muy difícil de implementar debido a que los bancos no saben quién es o no responsable del IVA y tendrán que hacer las retenciones a todas las transacciones”.
Para Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, hoy presidente del GEB, ese impuesto se ‘come toda la utilidad’ y hay que tener en cuenta que “la gente más informal y vulnerable es la que utiliza esos medios de pago para tener más clientes”.
Señala que “hay mucho material sobre cómo está propuesta termina generando menor bienestar, especialmente a quienes no pueden pagar una cuenta de ahorros y ya estaban acostumbrados a las ventajas del depósito de bajo monto”.
Freno a la inclusión
Aunque en término de costos los expertos coinciden en que la iniciativa supone otro duro golpe al bolsillo de las personas, esta también hará que se pierda gran parte del terreno ganado en inclusión financiera y lucha contra el efectivo.
Proyecto hace tambalear el rumbo de la economía digital y el acceso a los servicios financieros. Foto:Credibanco
Baudo Pineda, gerente de Refácil, sostiene que “después de años impulsando la digitalización, de convencer al tendero, a la peluquería y al del puesto de empanadas de que recibir pagos con código QR era el futuro, ahora el mensaje parece otro: gracias por formalizarte, aquí tienes tu retefuente del 1,5 por ciento por atreverte a usarla”.
Y ni qué decir del impacto para Bre-B, pues en su opinión los comercios que lo adoptaron Bre-B por su rapidez, liquidez inmediata y cero costos podrían volver al efectivo, que no tiene descuentos ni trámites. “Bre-B nació para simplificar la vida de los pequeños negocios, pero imponer una retención cambia por completo esa propuesta de valor”.
En igual sentido se pronuncio Asobancaria. Su presidente, Jonathan Malagón, señaló que una medida, que en principio busca nivelar la cancha de los pagos en Colombia, olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase, lo que generaría que los
colombianos sigan prefiriendo esa opción. “Esto elevaría la informalidad del país y terminaría generando un efecto contrario: que el recaudo que se pretende aumentar por esta vía se pierda al hacer que los comercios eviten los pagos digitales”.
Reto para el ecosistema
Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), su presidenta, María Fernanda Quiñones, señaló que la discusión “refleja una visión cortoplacista desde la perspectiva fiscal que por más de dos décadas ha cargado de costos adicionales los medios de pago digitales”.
“Lo que debería hacerse no es igualar las cargas, sino entender que gravarlas inhibe la competitividad de la economía digital”, explicó, al tiempo que insistió en la necesidad de diferenciar claramente las transacciones entre personas y las operaciones comerciales, para evitar que personas naturales o microempresas terminen asumiendo costos que frenen su formalización.
La decisión final del Ministerio se conocerá en las próximas semanas, tras el periodo de comentarios al proyecto de decreto. Por ahora, el debate deja en evidencia la tensión entre la urgencia fiscal del Gobierno y la necesidad de acelerar la transformación digital del sistema financiero.
En juego no solo está la recaudación de corto plazo, sino también el rumbo de la economía digital y el acceso equitativo a los servicios financieros en Colombia.
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