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El borrador de decreto con el que el Gobierno plantea reprogramar las vigencias futuras, que es un instrumento financiero que respalda proyectos de infraestructura bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP) ha generado preocupación.
Tanto la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Fedesarrollo advirtieron sobre riesgos legales, constitucionales y financieros.
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Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, la iniciativa desconoce instancias y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la ley de APP. “La propuesta contenida en el proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad”, afirmó.
El gremio recordó que la idea en el decreto contradice el control de advertencia de la Contraloría General de la República, que estableció que las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente.
Según la CCI, de aprobarse el decreto, la viabilidad financiera de las iniciativas públicas de los programas 4G y 5G estaría en riesgo, así como los recursos de ahorradores que respaldan su ejecución y mantenimiento en todo el país.
Caicedo además enfatizó en que este proyecto dejaría en vilo las dos grandes apuestas de infraestructura del Gobierno, “si esto llega a salir así, se pondría en riesgo el proyecto del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y también el vial El Estanquillo-Popayán, que está listo para iniciar licitación en la Agencia Nacional de Infraestructura”, manifestó.
Vías 4G Foto:ANI
José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Anif, fue enfático en que las decisiones unilaterales alterarían la estabilidad financiera de los proyectos.
“Nuestra lectura preliminar es que básicamente le permitiría al gobierno modificar después el cronograma de pagos o de flujos en los compromisos a la vigencia futura, manteniendo su compromiso total, pero modificando los pagos parciales”, explicó.
López advirtió que esta discrecionalidad “genera mucha más incertidumbre en el modelo porque en la medida que existe esta posibilidad, el plan de pagos con el cual se estructura financieramente el proyecto pasa a quedar sujeto a cambios unilaterales”.
De acuerdo con ANIF, la propuesta haría más difícil la estructuración de proyectos de infraestructura, aumentando los riesgos financieros. “Ojalá el gobierno especifique más o reduzca el alcance de la incertidumbre que podría generar este modelo. De manera generalizada, no vemos este decreto con buenos ojos”, concluyó López.
Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo hay elementos que generan enorme preocupación en el borrador de decreto.
“En su versión actual, no queda claro el mecanismo utilizado para justificar dicha reprogramación, y se abre la puerta a que esta pueda hacerse de forma unilateral. Esto podría derivar en eventuales incumplimientos contractuales por parte del Estado. Es fundamental precisar estos aspectos antes de su publicación definitiva”, argumentó.
Tanto la CCI como Anif y Fedesarrollo coincidieron en que cambios sin justificación técnica y legal afectarían la confianza inversionista y el principio de transparencia en la contratación estatal.
La CCI advirtió que “el proyecto de decreto, en la práctica, generaría un incumplimiento de los contratos por parte del Estado, causando perjuicios y detrimento patrimonial”.
Las instituciones llamaron al Gobierno a revisar los alcances del borrador disponible para comentarios hasta el 8 de agosto, para que además se pueda garantizar la ejecución de proyectos clave de infraestructura en Colombia.
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