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Desde el 17 de febrero de 2025, los habitantes del Valle del Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, están en huelga indefinida en oposición a los proyectos mineros Tía María y La Tapada, promovidos por la empresa Southern Copper Corporation. La manifestación, convocada por organizaciones sociales, pide la cancelación de ambos proyectos, que, según los protestantes, amenazan tanto el medio ambiente como la agricultura local.
Este conflicto no es reciente. El rechazo al proyecto Tía María ha sido constante desde 2009, cuando se llevó a cabo una consulta vecinal en seis distritos de Islay, con un resultado contundente: el 97% de los votantes se opuso a la minería en la zona y al uso de aguas subterráneas y superficiales para tal fin. Sin embargo, Southern Copper continúa intentando avanzar con el proyecto, mientras las protestas han ido creciendo en intensidad a lo largo de los años.
El Valle del Tambo es una región agrícola donde la economía se sustenta en la producción agropecuaria. La implementación de los proyectos Tía María y La Tapada ha creado gran incertidumbre entre los pobladores, quienes temen que la minería comprometa las fuentes de agua dulce cruciales para la agricultura. Según los líderes locales, la contaminación del agua y el deterioro de su calidad podrían tener consecuencias devastadoras para las actividades agrícolas y, por ende, para la economía local.
La oposición al proyecto minero Tía María ha sido un tema complejo desde 2009. Las protestas se intensificaron en 2011 y 2015, registrándose enfrentamientos con las fuerzas del orden, con saldo de muertos y heridos. A pesar de la resistencia de la población, el gobierno ha seguido apoyando el proyecto, generando un conflicto social persistente que continúa hasta la fecha, con nuevas movilizaciones, incluida la huelga indefinida que comenzó el 17 de febrero.
“El proyecto impactaría el territorio agrícola y los recursos hídricos, poniendo en riesgo la salud de los habitantes”, dijo Miguel Meza, un líder de las protestas, en declaraciones a Correo. En los primeros días de la huelga, los manifestantes realizaron bloqueos de carreteras, interrumpiendo el tráfico y afectando el transporte interprovincial. A pesar de estas interrupciones, las movilizaciones se han mantenido dentro de los márgenes de la legalidad, sin reportes de incidentes violentos hasta ahora.
El conflicto ha alcanzado un punto crítico, con la postura de la empresa minera y el gobierno alineándose a favor de la ejecución del proyecto Tía María. Southern Copper ha argumentado sobre la viabilidad del proyecto, asegurando que se implementarán tecnologías para mitigar los impactos ambientales, como el uso de agua desalinizada. La empresa sostiene que Tía María creará empleo, fomentará el desarrollo económico regional y contribuirá significativamente a la economía nacional mediante impuestos y canon minero.
De acuerdo con Southern Copper, se proyecta que el proyecto genere 120,000 toneladas de cátodos de cobre al año y cree 3,600 empleos directos durante su fase de construcción. Para el segundo año de operaciones, se anticipa que realice una importante aportación fiscal, estimada en S/ 5,460 millones a lo largo de 20 años de vida útil.
Sin embargo, la comunidad local mantiene dudas sobre las promesas de la empresa. A pesar de los intentos de asegurar la sostenibilidad, los oponentes han señalado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados por Southern Copper no abordan de manera suficiente los riesgos de contaminación del aire y el impacto en las fuentes de agua. Los contrarios al proyecto insisten en que cualquier alteración de la calidad del agua podría causar un impacto devastador en la agricultura local y la salud de los habitantes, quienes dependen de estos recursos para su supervivencia.
Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte ha reiterado su apoyo al proyecto, argumentando que la minería es crucial para la reactivación económica del país. El Ejecutivo ha manifestado su intención de mantener el orden público durante la huelga y prevenir cualquier tipo de violencia o alteraciones al orden social. Las autoridades locales han prometido mantener la calma, mientras las movilizaciones continúan, con un paro macroregional programado para el 27 de febrero como parte de la protesta en defensa del agua y el territorio.
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