“PSOE y Junts ceden el control de puertos y aeropuertos a los Mossos: el nuevo pacto de competencias migratorias en Cataluña”

Este lunes, el PSOE y Junts alcanzaron un entendimiento para transferir responsabilidades de migración a Cataluña, luego de más de un año de diálogos. El martes, ambos partidos comunicaron de manera simultánea que han presentado en el Congreso una iniciativa de ley orgánica que incluye esta transferencia de competencias migratorias a la comunidad autónoma.

Según indican en un comunicado, este entendimiento es “fruto del Acuerdo de Bruselas entre el PSOE y Junts, y simboliza un progreso significativo en la metodología y la dirección política que sustenta dicho acuerdo”, aunque algunos policías lo han descrito como “vergonzoso”.

Ambos partidos señalaron que, entre las iniciativas acordadas, “los Mossos de Esquadra tendrán la responsabilidad de la seguridad en puertos, aeropuertos y zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Adicionalmente, Cataluña “será la ‘ventanilla única’ para la gestión de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como la expedición del documento de identidad para extranjeros, fundamentado en el Registro del NIE del Estado español”.

Por otra parte, la comunidad autónoma “se responsabilizará de las repatriaciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada)”, y para ello, los Mossos estarán en las fronteras, actuando para cumplir con las competencias definidas por esta ley, “siempre en colaboración” con la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El acuerdo también prevé el incremento de la plantilla de los Mossos de Esquadra en Cataluña en 1.800 efectivos, lo que elevará el total a 26.800 agentes. Además, otorga a Cataluña, que actualmente es gestionada por el socialista Salvador Illa, la facultad de sancionar en procedimientos administrativos (incluyendo la resolución y ejecución). Por consiguiente, “instruirá y llevará a cabo expulsiones que no requieran un expediente (devolución)”. En los casos que se precise un expediente para expulsiones, “se resolverán y ejecutarán en función de la solicitud de expulsión presentada por la Generalitat, tras evaluar los criterios indicativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña”.

La ley estipula que Cataluña “gestiona completamente” los Centros de Internamiento de Extranjeros, conocidos como CIEs. “En Contrataciones en Origen, será Cataluña quien defina (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el número

de empleados y empleadas foráneas”.

En cuanto al idioma, “se aplicarán las normativas” de la legislación actual en el ejercicio de las atribuciones delegadas. Asimismo, serán los Mossos de Esquadra quienes “tendrán la responsabilidad para la prevención, investigación, protección y apoyo” a las víctimas de trata y explotación de personas. El acuerdo compromete al Gobierno central a transferir “los recursos humanos, técnicos y financieros indispensables para que Cataluña ejerza la facultad que se le confiere”.

En síntesis, con esta Ley Orgánica de delegación de competencias en cuestiones de inmigración, esta autonomía “podrá crear un modelo propio, una política integral”, dado que en todas las fases de la relación entre los inmigrantes y la administración “las entidades catalanas tendrán una función crucial” dentro del marco de la legislación internacional europea y del Estado español.

Para justificar este convenio sobre un tema que Junts propuso hace poco más de un año para respaldar diversas acciones del Gobierno en el Congreso, los socialistas y los posconvergentes admiten que Cataluña ha sido históricamente un territorio que ha recibido a numerosas personas de otros lugares y “ha logrado integrarlas en nuestro modelo democrático de sociedad y en la identidad catalana”.

“El 18% de la población catalana posee nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera de Cataluña. Estas estadísticas ilustran la relevancia del fenómeno migratorio”, se menciona en el acuerdo en un contexto de creciente ascenso de fuerzas xenófobas. Para estos partidos, la situación que enfrenta esta comunidad determina, según la voluntad de la sociedad catalana, “la necesidad de que la Generalitat de Catalunya y las entidades locales que la componen asuman la gestión de dicho fenómeno, siendo las administraciones más cercanas a la ciudadanía”.

Con fundamento en el artículo 150.2 de la Constitución, PSOE y Junts han presentado esta normativa, que permitirá a Cataluña “ofrecer una respuesta adecuada con las capacidades necesarias para la plena integración en el país, incluida la integración lingüística, basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que son condiciones esenciales para la cohesión social y el avance”.