Descubriendo la Intervención Federal: Qué Es y Cuándo se Aplica en las Provincias

El mandatario Javier Milei pidió hoy la dimisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el fin de llevar a cabo una intervención federal ante el incremento de la inseguridad en la provincia, que ha resurgido a raíz del caso del homicidio de Kim Gómez, una menor de 7 años en La Plata que perdió la vida durante un robo de vehículo.

“Dado que la provincia se ha convertido en un derramamiento de sangre, y nuestras opiniones sobre cómo abordar esta problemática son tan opuestas, y usted no ha podido manejarla (ya que no logró administrar un bar, mucho menos una provincia), y como ha admitido su fracaso, si realmente se preocupa por el bienestar de los bonaerenses, le ruego que se retire del camino (es decir, renuncie) para permitirnos intervenir en la provincia. En un año, nosotros detendremos la violencia”, argumentó el presidente en su cuenta personal de X.

No obstante, para avanzar en esta dirección, el Gobierno debe evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y conseguir el apoyo del Congreso.

La intervención federal es un mecanismo que se encuentra estipulado en el artículo 6º de la Constitución Nacional, el cual permite al Poder Ejecutivo hacerse cargo de una provincia en circunstancias excepcionales. Solo se consideran tres motivos para decidir sobre la intervención en la autonomía local: 1) “garantizar la forma republicana de gobierno”, 2) “repeler invasiones exteriores”, 3) el requerimiento de sus “autoridades constituidas para sostenerlas o restaurarlas si han sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”.

El procedimiento para declarar una intervención es una prerrogativa del Congreso Nacional, desde la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, según la normativa, el Presidente de la Nación puede decretarla de manera excepcional si el Congreso está en receso, aunque siempre debe ser ratificada luego por el Poder Legislativo. Este procedimiento puede representar un alto riesgo político, dada la posible tensión entre la Nación y las provincias.

El experto en derecho Miguel Ángel Ekmekdjian definió la intervención federal como un “acto complejo, de naturaleza política, que emana del Gobierno federal, mediante el cual se limita o suspende temporalmente y de manera coactiva la autonomía provincial”. Por su parte, el jurista Germán Bidart Campos la caracterizó como “el recurso extremo” dentro del sistema de garantías constitucionales.

Contexto de intervenciones federales en democracia

La facultad de intervención federal se remonta al Pacto Federal de 1831 y al Acuerdo de San Nicolás de 1852, que contemplaban la asistencia del gobierno federal a las provincias y sus autoridades que enfrentaban disturbios o conflictos típicos de aquella época de guerra civil. Desde entonces, se han incorporado nuevas condiciones y requisitos.

Desde el regreso de la democracia en 1983, varias provincias han sido intervenidas por el Gobierno nacional:

• Tucumán (1991): El presidente Carlos Menem destituyó al gobernador José Domato y designó a Julio César Aráoz como interventor.
• Catamarca (1991): La intervención se llevó a cabo tras el asesinato de María Soledad Morales, lo que generóuna crisis gubernamental que culminó en la remoción del mandatario Ramón Saadi.
• Santiago del Estero (1993): Debido al “Santiagueñazo”, un estallido social provocado por la situación económica, el gobernador Carlos Mujica fue destituido y Juan Schiaretti tomó posesión como interventor.
• La única intervención federal establecida por ley desde entonces ocurrió en Santiago del Estero en 2004, ordenada por el expresidente Néstor Kirchner, aduciendo alteraciones en el sistema republicano de gobierno. Esta intervención, que recibió respaldo del PJ local en el poder, se implementó ante acusaciones de espionaje a opositores, abusos policiales y corrupción durante la administración de la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.

Conforme a el especialista en derecho Daniel Sabsay, la intervención es un mecanismo destinado a restablecer el sistema republicano de gobierno cuando este se encuentra en riesgo. Un supuesto que, hasta hoy, no ha sido comprobado en la provincia de Buenos Aires.

Gregorio Badeni, catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA), señala en un artículo que ha habido una “verdadera desconstitucionalización de la intervención federal” a lo largo de la historia de Argentina, ya que “en la gran mayoría de los casos, en más de cien ocasiones, la intervención fue decidida por el poder ejecutivo y, en muchos de esos casos, utilizando para satisfacer intereses políticos partidarios temporales”.

“En ningún caso el poder ejecutivo puede decidir sobre la intervención, ni siquiera durante el receso del Congreso. Esto podría llevarse a cabo exclusivamente si se le autoriza a través de una ley del Congreso para ejercer tal facultad durante su receso y condicionado a la ratificación expresa del Poder Legislativo”, sostiene en un artículo.

Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha indicado también en el caso “Orfila” que el poder de intervención está implícitamente otorgado al Congreso, tanto en su aprobación como en la supervisión de los plazos y alcances de la medida.

Por lo tanto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en principio necesitaría la mayoría de los votos de ambas cámaras del Congreso para avanzar con una resolución de esta índole respecto a la provincia de Buenos Aires, algo que no está garantizado.

Los datos históricos resaltan que, desde la aprobación de la Constitución Nacional en 1853 hasta 1976, se realizaron 174 intervenciones provinciales, una cifra que evidencia claramente el uso freqüente de este mecanismo. Luego de la última reforma constitucional, se definió un límite explícito en esta atribución.

El gobernador Axel Kicillof manifestó ayer su disposición para reunirse con Milei y encontrar soluciones ante el incremento de homicidios ocurridos en los últimos días, tras la muerte de Kim Gómez, y denunció al oficialismo por utilizar estos acontecimientos como parte de la “campaña electoral” con el objetivo de “obtener un voto y lucrar con el dolor“. Así mismo, criticó a la Justicia, afirmando que aplica “incorrectamente” la ley, ya que el principal sospechoso del asesinato de la niña fue liberado durante el verano. “No menciono jueces, ni encarcelamiento, ni modifico las leyes. Ya lo habíamos detenido en febrero y lo liberaron. Es un asunto para debatir la aplicación de la ley”, enfatizó.