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El campesino Kasimiro Slotkus denunció que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante una resolución del pasado 9 de septiembre, busca expropiarlo en 30 días, junto con otras 30 familias campesinas y la comunidad menonita, de un predio de 6.125 hectáreas ubicado en la Altillanuraque ha pertenecido a su familia desde su compra en 1988, “en una situación de abuso sistemático y atropello a la propiedad privada”.
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La decisión de expropiación inminente del predio Campo Alegre, ubicado en la vereda La Cristalina – Berrulia, en Puerto Gaitán (Meta), ha sido tomada, sostiene Slotkus, a pesar de haber agotado la vía legal y los recursos tradicionales, “ignorando los argumentos de los propietarios y desacatando sentencias de la Corte Constitucional y fallos de la propia ANT, incluso llegando a tergiversar argumentos para continuar con el proceso”.
ANT entregó tierras en el Magdalena hace algunos meses. Foto:HORMIGA
El subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, Ricardo Romero, respondió que en la Altillanura se adelantan procesos de extinción de entre 80 y 90 baldíos por ocupación indebida, en procesos que llevan entre 11 y 12 años. “En el caso del predio Campo Alegre, hace tres semanas emitieron la decisión que culminó ese procedimiento de recuperación de baldíos por ocupación indebida por parte de particulares y, en este caso, por una comunidad de orden religiosa menonita”.
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Slotkus señaló que la ANT “no solo está violando el derecho a la propiedad privada y al trabajo, sino también a una vivienda digna tanto de adultos como de todos los niños que han nacido y viven en esas tierras”, y considera que “es un caso que tiene un marcado incentivo político, tanto para cumplir promesas de campaña de entrega de tierras como para orquestar una campaña de desprestigio contra la comunidad campesina menonita”.
La historia de la familia Slotkus en Campo Alegre
El predio Campo Alegre, contó Slotkus, “lo compró mi padre Wenceslao Slotkus Gailiusis, un inmigrante lituano desterrado de su país durante la Segunda Guerra Mundial, que Llegó a Colombia en 1948 y comenzó a trabajar en el campo inicialmente como empleado y, posteriormente, con ahorros y créditos adquirió sus primeras hectáreas de terreno cerca de Villavicencio.”.
Versiones cruzadas y argumentos enfrentados revelan entre ANT y familias campesinas. Foto:HORMIGA
En 1988, prosiguió el relato, su padre de buena fe compró la finca Campo Alegre, conformada por sabanas naturales con el interés de desarrollar la ganadería con pastos artificiales mejorados. Se trata de un predio que tiene certificado de tradición y libertad, con inscripciones notariales desde 1964, y que tuvo previamente tres o cuatro dueños particulares más. El predio siempre ha estado identificado públicamente, se paga impuesto predial cada año y es declarado en renta, dijo.
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“Nuestro padre escogió esta región porque no existían reservas ni asentamientos indígenas y, desde que se compró la finca, se empezó a explotar como sabanas naturales ya sembrar pastos artificiales mejorados para la ganadería, sembrando cada año de 250 a 500 hectáreas y, de esta forma, se fue incrementando la capacidad productiva de la finca. En el año 2000, debido a problemas de salud de nuestro padre, a sus 80 años, se dividió la finca en siete predios”, recordó Slotkus.
Después, en 2014, el Gobierno inició un proceso de expropiación de baldíos supuestamente con ocupación indebida, pero un año después la Corte Constitucional frenó los procesos y ordenó al Incoder no continuarlos.
La Agencia Nacional de Tierras respondió a la denuncia de presunto despojo de tierras. Foto:HORMIGA
Tres años después, entre 2017 y 2018, la comunidad menonita comenzó a tomar en arriendo los predios con opción de compra y, al cabo de los primeros dos años, decidió comprar la posesión y mejoras. Así terminó vendiéndose parte de la finca Campo Alegre, quedando solamente aproximadamente 900 hectáreas. Hoy el 90% del predio está cultivado con maíz, soja y pastos.
Para sorpresa de su familia y de los menonitas, en 2021 empezaron a aparecer indígenas en el caserío de La Cristalina, procedentes de Vichada, y un año después la ANT hizo un estudio socioeconómico referente a los indígenas para determinar si el predio Campo Alegre era territorio ancestral y “mediante dos resoluciones diferentes pioneros que no lo era”, afirmó Slotkus.
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En 2023, la ANT —siguió contando— reinició el proceso de recuperación de baldíos, solicitó la inspección ocular e hizo diferentes visitas al predio; al mismo tiempo, las comunidades indígenas”empezaron a solicitar terrenos supuestamente ancestrales y, junto con la ANT, iniciaron un proceso para crear una reserva y asentamiento indígena en la vereda, que nunca habían existido”.
Entre 2023 y 2024 expidieron una serie de resoluciones a favor de los indígenas “a partir de informaciones falsas aportadas por ellos y declararon territorio ancestral indígena al predio Campo Alegre”. A esto se suma que “los indígenas se refieren que en 2020 fueron desplazados por paramilitares, lo cual es falso, porque nunca existieron asentamientos indígenas en estas veredas”, sostuvo Slotkus.
La ANT y familias campesinas sostienen posturas opuestas sobre supuesto despojo de tierras en Meta. Foto:HORMIGA
Para su familia, “el proceso seguido en contra de su predio y de otros similares en la Altillanura y en todo el país, por parte del Estado, además de expropiarlos del terreno, tampoco reconoce ni paga las mejoras construidas por sus propietarios, causando un daño social, moral y produciendo zozobra económica a las familias que han trabajado estas tierras durante toda su vida.”.
La respuesta de la ANT a denuncia de despojo
El subdirector de Procesos Agrarios de la ANT explicó que “Hemos documentado con mucha recurrencia que en la Altillanura se han asentado muchos intereses consolidados de unas inversiones muy significativas o de unos conglomerados empresariales, también de gran renombre, en ejercicios de explotación a nivel de agroindustria y de modelos extensivos de aprovechamiento de la tierrapara su propio beneficio, pero de tierra pública, de baldíos de la Nación”.
La Agencia Nacional de Tierras respondió a la denuncia de presunto despojo de tierras en Meta. Foto:HORMIGA
Se trata de predios que, en nuestra legislación colombiana, en lo agrario y en lo rural, son baldíos de la Nación que tienen un destino específico: dotar de tierras a los sujetos rurales sin tierra, campesinos sin tierra o sujetos étnicos, como dotar resguardos indígenas, ampliar consejos comunitarios y otras formas de tenencia de la ruralidad en el país.
Y pese a que la familia Slotkus argumenta que compraron esos terrenos desde 1988, “en estos predios de Campo Alegre, las 6.125 hectáreas que fueron objeto de decisión, si bien se hicieron negocios y enajenaciones, lo que se documentó es que esos negocios en ningún momento acreditaron que se tratara de propiedades privadas.”, sostuvo el subdirector de Procesos Agrarios de la ANT.
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Agrega que no se está desconociendo “que se hubieran hecho negocios entre particulares, pero esos negocios estaban materializando expectativas de derechos que no estaban consolidados: tú no puedes vender un carro que no has comprado, tú no puedes ir con la tierra pública; uno no puede vender un baldío que nunca me fue adjudicado, y en estos predios pasó esto”.
En relación con la decisión tomada de no reconocer las mejoras realizadas en 38 años, Romero aseguró que “el reconocimiento de mejoras estaría en un ejercicio de contravía, sería un mecanismo interpretable de ejercicios de vida o de autorización o de tenencia autorizada de una propiedad pública, y en esta decisión no se reconocen mejoras porque no se documentaron, pese a que se abrió la oportunidad procesal”.
Versiones cruzadas y argumentos enfrentados: ¿qué está pasando en Puerto Gaitán? Foto:HORMIGA
Y sobre el desconocimiento de decisiones judiciales y en el sentido de que no hay antecedentes cercanos de presencia de comunidades indígenas ni de desplazamiento de paramilitares, el subdirector de Procesos Agrarios afirmó que “se adelantó un procedimiento formal reglado, con etapas establecidas, momentos de participación probatoria y mecanismos de control legal, y esas manifestaciones sobre lo desarrollado en la actuación las dejo al escrutinio de los mecanismos de control del procedimiento desarrollado.”.
La familia Slotkus tiene el recurso de reposición, que lo resolverá la misma autoridad que emitió la decisión, y el recurso de apelación, que lo resuelve el superior jerárquico, es decir, la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT. Finalmente, los interesados pueden acudir ante el Consejo de Estado.
NELSON ARDILA ARIAS
Villavicencio, Meta
Especial para EL TIEMPO
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