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Las impactantes imágenes que circularon en redes sociales el viernes en la noche, en las que se veía a varios hombres encapuchados lanzando flechas contra uniformados de la Undmo de la Policía –el antiguo Esmad–, que dejaron cuatro agentes heridos.reflejando un panorama mucho más amplio: el de un país sacudido por bloqueos, manifestaciones y desmanes en distintos puntos del territorio.
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Estos hechos, que trazan un vínculo entre Bogotá, el Pacífico colombiano y otras zonas del país, han puesto sobre la mesa el debate sobre qué hay detrás de la ola de protestas. de esta semana y las profundas consecuencias que tendrá para Colombia, tras el acuerdo al que se llegó el viernes para detener el caos.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Los bloqueos en la vía entre Buga y Buenaventura, que conecta al país con el puerto más importante para la economía colombiana y uno de los diez más relevantes en América Latina, dejan pérdidas diarias que ascienden a 40.000 millones de pesos, con un 40% de las exportaciones nacionales en jaque y dejando 8.000 vehículos represados en el occidente del Valle del Cauca durante cuatro días. Cada 24 horas de cierre pueden representar pérdidas superiores a 10.000 millones de pesos en operaciones de transporte, almacenamiento y demoras en exportaciones e importaciones, según Buenaventura Cómo Vamos.
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El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), Juan Manuel Sanclemente, dijo que son más las pérdidas que los logros por estas protestas: “Estos bloqueos se han vuelto tan reiterados, tan sistemáticos, que lo que se vuelven es un destructor de valor. Y esa destrucción de valor la terminan pagando, por supuesto, los empleos”.
La zona, por la que pasa entre el 40% y el 45% de las exportaciones del país, está marcada por una pobreza reflejada en cifras preocupantes. La tasa de mortalidad por desnutrición de menores de cinco años en Buenaventura es de nueve por cada 100.000 habitantes y, además, solo el 14 % de toda la población (alrededor de 324.000) tiene servicio de acueducto, por el cual el agua no llega durante las 24 horas en el puerto más importante del país.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Estas precarias condiciones motivan a que un segmento de su población se dedique a la minería ilegal, pero no ahora, sino desde décadas atrás, en muchos casos al servicio de grupos armados. Allí, el frente de las disidencias ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, tiene un fuerte control territorial. Según fuentes del Ejército y de la Policía del Valle del Cauca, los disidentes manipulan a la población más vulnerable para sus multas de tráfico de drogas y armas, así como para la minería ilegal de oro. En este caso, una de las hipótesis de las autoridades apuntaba a que grupos al margen de la ley podrían estar detrás de los bloqueos hacia el puerto, con el fin de poner en jaque al Gobierno Nacional. De hecho, Cali y Buenaventura, así como el sur y el suroccidente del Cauca, son áreas fundamentales de estos grupos para producir coca y distribuirla hacia países de Centroamérica y Estados Unidos o al interior del país.
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Un informe de inteligencia consultado por EL TIEMPO da cuenta de que los pagos por participar en estas acciones pueden alcanzar hasta medio millón de pesos. En el Cauca, donde fue bloqueada simultáneamente la vía Panamericana, la población, constreñida por los grupos armados, se ve presionada principalmente para impedir el ingreso de soldados que realizan trabajos de erradicación de cultivos de coca. Este mismo modus operandi se reproduce en los bloqueos, por los cuales se pagan sumas inferiores a 500.000 pesos. “También en los bloqueos hay grupos armados detrás, con intenciones claras”, afirmó una fuente de inteligencia.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró sobre el último de los bloqueos que no son personas de la comunidad. “Pertenecen a un Congreso de los Pueblos que tiene una estrategia de bloquear cuatro o cinco departamentos en el país y que está solicitando que le cumplan los compromisos al Gobierno Nacional. Lo difícil aquí es que el Gobierno Nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras”, aseveró la mandataria.
¿Orquestado en Cauca?
La afirmación de que estas protestas fueron planeadas con detalle y con suficientes ingresos tomando fuerza por el bloqueo simultáneo en la vía Panamericana, en el sur del Cauca, también protagonizada por comunidades indígenas, afro y campesinas. Los cierres, que se presentan a la altura del municipio de Rosas, también desde el 14 de octubre, se suman a más de 50 bloqueos que se reportan en lo que va de este 2025. El comandante de la Tercera División del Ejército, general de brigada Hernando Africano, denunció presiones del Eln hacia las comunidades que participan en las protestas. “Estos bandidos han llegado a veredas y corregimientos a intimidar a la población civil con el uso de las armas”, afirmó. En la misma línea, la secretaría de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que la Gobernación ha recibido informes sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales. “Desde municipios como Bolívar, líderes comunales han manifestado que no se dejarán presionar ni utilizar. Rechazamos totalmente este tipo de acciones”, sostuvo el oficial.
Más de una década de bloqueos en la vía a Buenaventura este año Foto:Iusef Samir Rojas
Por su parte, las organizaciones sociales advierten que protestan porque la falta de una política clara de soberanía alimentaria ha llevado al empobrecimiento de las familias campesinas, afectando la producción local y el abastecimiento de alimentos. “Queremos producir, no sobrevivir de ayudas. El campo puede sostener al país si se invierte en él”, afirmaron líderes agrícolas.
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Uno de los reclamos más urgentes proviene de las familias damnificadas por los deslizamientos de tierra y derrumbes ocurridos en Rosas el 9 de enero de 2023. Los afectados aseguran que el Estado no ha cumplido con los compromisos de reubicación ni con las promesas de restitución de tierras y viviendas. En un comunicado, expliquen que, cuando ocurrió la emergencia por la avalancha, el Gobierno Nacional anunció que 264 familias damnificadas serían reubicadas, prometiendo la compra de predios en 15 días y la entrega de 10 hectáreas de tierra por familia, así como la construcción de viviendas. dignas y proyectos productivos. “Llevamos más de un año esperando una solución. Seguimos en albergues y con deudas. Nadie responde”, comentó una de las afectadas desde el punto de bloqueo.
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
Al respecto de la situación actual, el analista político y columnista de EL TIEMPO, Gabriel Cifuentes, explicó que las recientes manifestaciones reflejan un fenómeno particular: son protagonizadas por la misma base social que en su momento respaldó a la izquierda y al presidente Gustavo Petro. Según él, estas expresiones ciudadanas no parecen dirigirse necesariamente contra los mandatarios locales, sino que evidencian un malestar creciente por las falencias en la implementación de las políticas del Gobierno Nacional.
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Cifuentes señaló que los reclamos de los manifestantes pueden interpretarse como una respuesta al incumplimiento de promesas hechas por la administración Petro, lo que deja al Ejecutivo en una posición compleja. A su juicio, estas movilizaciones revelan la dificultad de distinguir entre la ineficiencia gubernamental y el apoyo político que el propio Gobierno ha mostrado a este tipo de expresiones sociales. “El costo político es evidente –advirtió– porque esas mismas bases sociales que antes lo respaldaron hoy están inconformes”.
En la vía que comunica al Urabá antioqueño con Medellín, en específico, miembros de la comunidad indígena Jaikerazabi obstaculizaron el paso vehicular en el sector del kilómetro 65 de este corredor, en inmediaciones de Mutatá y Dabeiba. Los indígenas también reclamaban al Gobierno Nacional su presencia en la zona y atención a sus peticiones, relacionadas con sus necesidades sociales, territoriales y de protección de derechos. El secretario de Gobierno de Mutatá, Juan Guillermo Orozco, explicó que las exigencias de la minga están dirigidas a la Gobernación del Chocó. Del mismo modo, Orozco reveló que, tras las conversaciones sostenidas en días pasados con los indígenas, estos accedieron a garantizar el paso humanitario por la zona del bloqueo.
Bloqueos en las vías de acceso al departamento del Chocó Foto:redes sociales
“Es una justa causa hacer los paros, pero la gente está cansada porque ya estos muchachos han abusado de ese mecanismo para visibilizar los problemas. Ya la gente está cansada de eso”, dijo un líder campesino de la vereda Agualinda, del municipio del Carmen de Atrato, en el Chocó.al respecto de los bloqueos que completaron más de tres días en las principales vías del departamento. Las concentraciones se presentan en el corregimiento de El Tabor, municipio de Tadó, que lleva de Quibdó hasta Pereira, y en el sector El 16, Carmen de Atrato, en la vía entre Quibdó y Medellín.
Entre las exigencias de las comunidades indígenas y campesinas del Carmen de Atrato, llamó la atención un pedido en especial: que la Empresa Distribuidora del Pacífico SA (Dispac), compañía encargada del servicio energético en el departamento, dejará en manos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) la mano de obra. Aluden a incumplimientos que han causado intermitencias en el servicio en la región.
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A raíz de la parálisis del suroccidente del país y las graves afectaciones en vías clave del Cesar, el Chocó y el Urabá antioqueño, representantes de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior se reunieron en la tarde del viernes con los líderes de las protestas.con la presencia y veeduría de delegados de la Defensoría del Pueblo, y se llegó a un acuerdo preliminar que permitió que en la tarde de ayer los manifestantes volviera a sus territorios y los bloqueos cesaran. Para ello, el Gobierno Nacional fundó un espacio permanente de concertación denominado ‘Por la Vida y la Permanencia en los Territorios’, que consta de múltiples mesas de diálogo que se llevarán a cabo con las diferentes comunidades y con el fin de tratar distintos puntos de interés para los manifestantes. durante toda la próxima semana.
Stefanía León Arroyave,
Carolina Bohórquez
y Michel Romuleroux
Redacción Nación y Cali
EL TIEMPO
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