Este domingo, Colombia estuvo a punto de ser el primer país con el que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a comenzar a aplicar su anuncio de subir a otras economías los aranceles al 25 e, incluso, al 50 por ciento. Una posibilidad que estuvo a punto de concretarse pese a que hay un tratado entre los dos países que supuestamente garantiza que los aranceles no se toquen.
Un análisis de la Cámara Colombo Americana (Am-Cham) apuntaba a que Colombia podría respirar con cierta tranquilidad ante esa advertencia pues Estados Unidos mantiene un superávit comercial con el país, es decir, que le vende a Colombia más de lo que le compra, por lo tanto, el comercio bilateral no tendría porque ser una preocupación para los norteamericanos.
Sin embargo, la dinámica de la política en Colombia terminó superando al sentido común, cuando el presidente Gustavo Petro ordenó mediante un trino no permitir la llegada de un vuelo con deportados de Estados Unidos, luego de que, según el secretario de Estado estadounidense, antes se había autorizado la llegada de ese vuelo.
Fue entonces cuando Trump anunció para los trámites de visas a colombianos y la imposición de aranceles de 25, y una semana después, de 50 por ciento a los productos colombianos, a lo que siguió el anuncio de medidas retaliatorias iguales por el gobierno de Colombia.
Imposición de aranceles pese a que hay un TLC entre los dos países
Las medidas estadounidenses de cobrar los impuestos a las importaciones (los aranceles) se habrían dado pese a que hace más de diez años existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países en el que justamente los más visible a lo que se comprometen los dos países es a no cobrar aranceles a la generalidad de los productos que se ofrecen mutuamente.
Por lo tanto, las medidas terminan siendo un incumplimiento del TLC, y cabe la pregunta de si entonces en caso de que se hubiera seguido adelante con imponer aranceles, el tratado se acaba.
Para algunos, la respuesta es no, porque Trump estaba invocando razones de seguridad nacional que le permitían pasar por encima de los acuerdos, explicación en la que coinciden Javier Díaz, presidente del gremio de comercio exterior Analdex, y Martín Gustavo Ibarra, presidente de la firma Araújo Ibarra Consultores Internacionales.
Por su parte, para la exvicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien también fue ministra de Comercio, la medida que llegó a anunciar Trump “en estricto sentido, sí es una decisión violatoria del TLC con Colombia”. Y ante la posibilidad de que vinieran retaliaciones de Colombia, señalaba que “desde el punto de vista práctico, y con mucho realismo político, sabemos que cualquier retaliación de Colombia es improbable y además no guarda proporción con el daño que ya nos ha hecho la actitud de Gustavo Petro”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, considera que las medidas que se llegaron a anunciar en los dos países sí ponían en peligro al TLC “porque unas medidas como las que se plantearon terminaban violando el acuerdo flagrantemente”.
Aunque el mandatario colombiano, de nuevo en un trino, anunció las medidas de retaliación, finalmente por ahora no se pondrían en práctica, luego de que Estados Unidos paró la aplicación de aranceles después de que, según un comunicado de ese gobierno, la administración de Colombia terminó aceptando todas las condiciones para el regreso al país de los ciudadanos deportados.
Momento en que el entonces presidente Barack Obama firma el TLC con Colombia, en octubre de 2011. Foto:SHAWN THEW / EFE
Para Ramírez, “lo que se impone en este momento es tener puentes de diálogo, sobre todo a través del sector empresarial, los gremios”. En ese sentido, Mac Master, le había dicho a EL TIEMPO que en la mañana del domingo ya se habían establecido contactos con varias organizaciones del sector privado estadounidense.
La posibilidad de que el TLC sea denunciado
De acuerdo con otro experto consultado, más allá de las retaliaciones que alcanzó a anunciar el gobierno colombiano, cabe también la posibilidad de que se denuncie el TLC, y se debe tener en cuenta que para Estados Unidos ese comercio significa una ventaja o superávit de 4.000 millones de dólares, con productos como maíz o soya.
Con unas sanciones como las que llegó a anunciar Trump, en la práctica el TLC no estaría en aplicación, lo que podría hacer pensar en una denuncia del acuerdo. De tomarse una decisión en ese sentido, en seis meses ya el acuerdo dejaría de aplicarse.
Desde el punto de vista de Colombia, en cuanto a otros aspectos del tratado, no habría qué perder en propiedad intelectual desde el punto de vista del país, en tanto que se afectarían inversiones estadounidenses en el territorio nacional, dice el experto
Y explica que también compromisos en materias laboral y ambiental saldrían del marco de ese tratado, y en todas las materias sobre las que hay disposiciones del acuerdo, Colombia recuperaría su capacidad jurisdiccional.
