Por segundo año consecutivo el Gobierno de Gustavo Petro presentó un Presupuesto General de la Nación desfinanciado y atado a la aprobación de una reforma tributaria.
Germán Ávila Plazas, nuevo ministro de Hacienda. Foto:Milton Díaz. El Tiempo
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Si bien el año pasado quedaron inciertos en la presentación del proyecto de ley 12 billones de pesos, los cuales se tuvieron que congelar finalmente porque no se logró aprobar la reforma en el Congreso, este año la cifra que está en veremos es de 26,3 billones de pesos.
De los 556,9 billones de pesos propuestos ayer por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 4,72 por ciento está supeditado a la aprobación de una ley de financiamiento, que se presentará ante el Congreso en las próximas semanas.
“Los 26 billones de pesos equivalen a cerca de dos tributarias del 2022. Luego de abandonar la regla fiscal, este Presupuesto hace parte de la segunda escena en el guion de mal manejo de las finanzas públicas. Confirma niveles históricamente altos de endeudamiento y déficit, que tendrán que ser enfrentados por el próximo Gobierno”, manifestó el exviceministro de Hacienda Gonzalo Hernández.
Esto significa que si el Gobierno no logra sacar adelante su nueva tributaria, algo que luce difícil porque no parece haber ambiente, el Presupuesto quedaría en 530,6 billones de pesos y el próximo año habría que recortar en los diferentes sectores.
“No le veo tantas posibilidades a una nueva tributaria. Es muy difícil a las puertas de unas elecciones”, manifestó el presidente del Senado, Lidio García, a lo que el propio presidente Gustavo Petro respondió: “El ambiente de la tributaria lo determinan las finanzas estatales”.
Lidio García es el nuevo presidente del Senado. Foto:John Pérez
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De llegar a darse esa situación, se podría volver a repetir lo vivido el año pasado. Como el Congreso le negó al Gobierno su Presupuesto porque estaba desfinanciado en esos 12 billones de pesos, el Ejecutivo lo tuvo que sacar vía decreto sin ningún tipo de debate y posteriormente se vio obligado a congelar esos recursos.
Hay que recordar que este año el Ministerio de Hacienda anunció un aplazamiento en 43 rubros. Por ejemplo, quedarán aplazados 770.000 millones de pesos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá y 497.630 millones de pesos para el metro ligero de la 80 en Medellín.
Aumento del gasto
En marzo, en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo el Gobierno activó una cláusula de escape de la regla fiscal para poder gastar más sin saltarse las metas. Así, de prever que el déficit fiscal cerraría este año en 5,1 por ciento del PIB se pasó a un 7,1 por ciento y la proyección del 2026 quedó en 6,2 por ciento.
Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el desfinanciamiento del Presupuesto del 2026, que equivale al 1,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), contrasta con las metas de ajuste fiscal necesarias para retomar una senda sostenible de deuda y déficit, tras la activación de la cláusula de escape.
“Sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los observados durante la pandemia”, señaló Mauricio Salazar, su director.
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Además, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), en su presupuesto el Gobierno cambió su plan fiscal y ahora prevé un mayor gasto primario por 18,2 billones de pesos para financiar recursos adicionales de salud (7,2 billones de pesos), subsidios de energía y gas (5,7 billones de pesos) e inversión (5,9 billones de pesos).
Astrid Martínez, presidenta del Comité de la Regla Fiscal. Foto:Mauricio Moreno
“Inquieta que la nueva estrategia fiscal pretende financiar gastos persistentes vía fuentes transitorias o inciertas; todo lo demás constante, se incrementaría el desequilibrio estructural”, aseguró el organismo independiente que vela por el cumplimiento de la regla fiscal en el país.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, aseguró que el proyecto de ley de presupuesto del 2026 repite los mismos errores del año anterior.
El Presupuesto del 2024 también venía con alertas
En la discusión del Presupuesto General de la Nación del 2024 también hubo alertas sobre su desfinanciación debido a que se incluyeron ingresos por 10 billones de pesos que vendrían gracias a un proyecto de ley de arbitramento de litigios de la Dian, el cual nunca se aprobó.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de ese año, la Dian que lideraba por aquella época Luis Carlos Reyes había identificado una serie de deudores en procesos legales. Sin embargo, como estos litigios se demoran en promedio 8 años en resolverse desde la entidad abogaban por crear una nueva figura de arbitraje que les permitiera acelerar estos procesos de tal forma que solo duraran un año.
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
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El problema fue que la ley nunca llegó y, por tanto, el Gobierno se vio obligado a recortar pues se le juntó una sobreestimación en sus proyecciones, unas metas de recaudo que no se estaban cumpliendo y una tributaria que no logró sacar adelante.
“Sin la ley que permita hacer el recaudo por este concepto lo logrado es cero pesos de esos 10 billones”, le dijo a este medio Reyes.
