Un ambiente de consternación y rechazo absoluto impera entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en el Atlántico, tras conocerse la libertad de Edgar Jair Aguilar Soto.
El procesado, señalado por la Fiscalía como el presunto responsable del feminicidio de su esposa, Clara Milena Álvarez Díazabandonó el centro carcelario este 21 de febrero debido a demoras judiciales que permitieron el vencimiento de términos.
La Red de Mujeres del departamento, liderada por la activista Ruth Parejalevantó una enérgica protesta ante lo que consideran un mensaje de impunidad para los agresores.
Ruth Pareja de la Red de Mujeres del Atlántico. Foto:redes sociales
Para la organización, la salida de Aguilar Soto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una justicia que prioriza tecnicismos sobre la protección de la vida. “Elevamos una voz enérgica para que se abrirán procesos disciplinarios a los funcionarios públicoss; la Procuraduría debe poner la lupa en esto”, dijo Pareja ante los medios de comunicación.
Críticas a la ineficacia del sistema judicial
El malestar de los colectivos de mujeres radica en que el proceso contra Aguilar Soto estuvo marcado por la inacción. Pese a que el procesado se entregó en abril de 2025 tras el crimen ocurrido en el barrio Sinaí, donde la víctima fue atacada presuntamente con un martillo y un cuchillo, el aparato judicial dejó transcurrir más de 140 días desde la acusación sin instalar el juicio oral.
Edgar Jair Aguilar Soto Foto:redes sociales
Desde la Red de Mujeres se enfatizó que la sobrecarga laboral de los juzgados no puede ser una excusa válida cuando está de por medio la justicia para una víctima de violencia de género.
“No es competencia de los familiares si los funcionarios tienen o no muchísimo trabajo; es una problemática interna que deben resolver sin afectar la dignidad humana”, subrayó la defensora Pareja, quien insistió en que estas fallas procesales revictimizan a la familia de Clara Milena.
Reacción sobre decisión del juez
La indignación creció al confirmarse que un juez del Circuito de Soledad desestimó la aplicación de la Ley 2477 de 2025, una normativa diseñada precisamente para evitar que feminicidas queden libres por plazos cortos.
El juez argumentó que, por el principio de favorabilidad y no retroactividad, la ley no cubriría el crimen de Álvarez Díaz por haber ocurrido meses antes de su promulgación.
Para las organizaciones sociales, este vacío legal y la falta de celeridad judicial envían un mensaje de desprotección a todas las mujeres del departamento.
La Red de Mujeres advirtió que se mantendrá vigilante y exigirá que la Comisión de Disciplina Judicial investigue las actuaciones del juez y los fiscales encargados del caso, asegurando que el proceso penal continúe con firmeza hasta lograr una condena ejemplar, a pesar de que el investigado ahora enfrente del juicio en libertad.
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