“Enfrentando la Reforma Laboral: Debate en Tiempo Real en la Comisión Séptima del Senado”

La modificación laboral estaba prácticamente condenada ya que ocho senadores presentaron un informe desfavorable. La propuesta finalizó por ser archivada, en su tercer debate, con ocho senadores que votaron a favor y seis en contra.

Se cuestionó a la reforma por los elevados costos que suponía para el sector empresarial, particularmente en ajustes como recargos del 100 % en días…

de pausa, así como el comienzo de la jornada nocturna a partir de las siete de la tarde.

Los promotores de esta propuesta legislativa argumentaron que lo que se pretendía era restituir y asegurar derechos a los trabajadores, alineando al país con numerosos tratados y convenios que han sido aceptados a nivel internacional.

Es importante recordar que esta reforma, en sus primeros dos debates, sufrió un recorte en 30 de sus artículos, la mayoría de los cuales pertenecían al capítulo sindical.

Así transcurrió el minuto a minuto del debate

Con 8 votos a favor y 6 en contra, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar la reforma laboral.

Se archiva la reforma laboral y se cierra la sesión.

Los que votaron a favor del archivo fueron Ana Paola Agudelo, Esperanza Andrade, Alirio Barrera, Berenice Bedoya, Nadia Blel, Honorio Henríquez, Miguel Ángel Pinto y Lorena Ríos. Aquellos que votaron en contra fueron Wilson Arias, Aabián Díaz, Omar Restrepo, Norma Hurtado, Martha Peralta, Ferney Silva.

Después de la decisión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, declaró que para no perder de vista lo que perseguía la iniciativa se emitirán ocho decretos reglamentarios y se realizará una consulta popular. Con respecto a esto último, es importante señalar que aún no se han formulado las preguntas por las cuales los colombianos emitirán su voto.

Algunos senadores, incluyendo opositores a la reforma, también anunciaron que presentarán sus propias iniciativas legislativas, con el objetivo de proponer mejoras al mercado laboral colombiano.

Se permitió la participación de senadores y representantes que no forman parte de esta comisión, quienes presentaron sus argumentos para enriquecer el debate.

En apoyo

Los que apoyan la propuesta indican que es justo que los aprendices del SENA reciban un salario por el trabajo que realizan durante su periodo de prácticas, ya que, en realidad, son mano de obra calificada que está aportando valor a las empresas.

Asimismo, se cuestionaron los argumentos que sugieren que la jornada nocturna en Colombia es de las más competitivas de la región, comparándola con otras (como la de Chile) donde inicia a las diez de la noche. Los congresistas aseguran que tal comparación es temeraria, pues el solno se oculta al mismo tiempo en ambas naciones.

Asimismo, se planteó la agresiva estrategia de los opositores por decidir archivar la reforma, cuando lo más adecuado hubiera sido presentar una propuesta alternativa, donde se indicaran los artículos que deberían ser eliminados y, mediante el debate, construir consensos para incorporar lo realmente esencial del proyecto de ley.

En contra

Los detractores son contundentes en afirmar que esta reforma parece estar diseñada para un país de grandes corporaciones, ignorando que únicamente las microempresas representan el 95 % del tejido empresarial.

Se ha insistido en que los elevados costos de la reforma limitan la capacidad de contratación de las mipymes.

También se ha advertido sobre el potencial que tiene la iniciativa de afectar la formalidad, puesto que, con el aumento en los costos de contratación, para muchas organizaciones sería complicado cumplir con todas las exigencias legales.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la reforma ante los legisladores.

“Esta reforma fomenta la contratación a término indefinido como norma general, y el uso adecuado de los contratos a término fijo y por obra laboral. Establece límites razonables para la jornada laboral diurna, atendiendo al natural movimiento de la Tierra, que nos indica cuándo es el día y cuándo la noche”.

Afirmó que la reforma sí buscó consensos, y que de ello pueden dar testimonio representantes de empresarios como Bruce Mac Master (de la ANDI) y Jorge Bedoya (de la SAC).

Sanguino destacó que en la reforma se implementan mecanismos para erradicar la violencia y el acoso hacia la mujer en el ámbito laboral. Desmintió que el proyecto de ley, contrariamente a lo que se afirma, promueva medidas para la formalización, como es el caso de las madres comunitarias (60.000), de los manipuladores de alimentos del PAE, trabajadores del sector de transporte de pasajeros y carga, periodistas, deportistas y sus entrenadores, así como los trabajadores del arte y la cultura.

“La formalización laboral es lo que establece esta reforma laboral”, señala.

Indicó que los trabajadores de plataformas de entrega se beneficiarían con seguridad social, medidas para fortalecer los microempresarios, así como facilidades para acceder a financiamiento, “para que no digan que la reforma no considera a las empresas”, añadió.

Sanguino también descalificó el análisis publicado por el Banco de la República, y agregó que según un estudio propio realizado por su cartera se generarán 91.000 empleos anuales como resultado de esta reforma laboral.

En relación a las advertencias de que esta reforma podría ser estatutaria y no ordinaria, sostiene que es la segunda, ya que modifica leyes laborales existentes, no afecta derechos fundamentales y no implica cambios constitucionales.

Fabián Díaz (Alianza Verde), quien presentó una propuesta alternativa favorable, menciona que es crucial generar incentivos para la creación de empleo, para mantenerlo, así como beneficios para el empresario y el trabajador.

“En la reforma laboral debemos encontrarnos todos y todas, lo que debe mejorar considerablemente a partir del debate en el proceso legislativo. Los gobiernos proponen, pero el legislador decide”, indicó.

Díaz hizo un llamado para que la apuesta no se enfoque en seguir precarizando el trabajo, dado que

esto presenta un alto riesgo de disminuir la productividad, además de la demanda, ya que los empleados no contarían con el poder adquisitivo necesario para solicitar productos y servicios.

Norma Hurtado (Partido de la U) también ofreció una exposición alterna. Asegura que para la elaboración de esta se reunió con diversos sectores, tales como empresarios, laboriosos y centros de pensamiento, entre otros.

Entre sus sugerencias estaba que la jornada nocturna comenzara a las ocho de la noche. Una hora que, menciona, no es arbitraria, ya que en México los recargos nocturnos comienzan a esa hora, en Chile, Perú y Brasil a las 10 de la noche, y en Argentina a las nueve de la noche.

Alega que no sería competitivo para Colombia fijar el inicio de esta jornada a las siete de la noche, cuando existen otros países en la región que podrían atraer esas inversiones extranjeras.

Concluyó afirmando que el documento publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda sobre la reforma no es una aprobación fiscal, sino más bien un concepto, puesto que carece de la investigación, argumentación y sustentación en cifras necesarias para afirmar que la reforma es viable financiera y fiscalmente.

El senador Ferney Silva (Pacto Histórico) indicó que el objetivo de este proyecto de ley es implementar cambios y transformaciones que, al no realizarse, ocasionaron el estallido social.

“La reforma solamente intenta devolver y restablecer los derechos que se han perdido por los trabajadores en Colombia”, expresó.

El senador desacreditó el informe que otros legisladores han citado sin cesar del Banco de la República (que afirma que se perderían 450.000 empleos), dado que sus datos corresponden a 2012, que no reflejan la realidad del panorama actual.

En su lugar, menciona que un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo señala que incluso con un incremento del 3 % en los costos laborales, se podrían crear 91.000 nuevos empleos.

Destacó, además, que esta reforma no es regresiva, ya que es más regresivo mantener que la jornada nocturna inicie a las nueve de la noche (y no a las siete, como propone el proyecto de ley), y que los recargos sean del 100 %, y no del 75 %.

Marta Peralta (Pacto Histórico) enfatizó que el mercado laboral colombiano se distingue por su alto nivel de informalidad, que supera el 56 %. Afirmar que se está protegiendo a los trabajadores al descartar la posibilidad de mejorar sus condiciones, señala, es un contrasentido.

También mencionó que los empresarios no necesitan temer a esta propuesta, porque se debe aceptar que sin trabajadores no hay empresa.

“En el gobierno de Uribe continuamos con promesas incumplidas. Les resulta doloroso porque piensan que a medida que se precariza al empleado, más crece la economía, y no es así”, afirmó.

Preguntó por qué se niega la oportunidad a un estudiante del SENA que realiza sus prácticas para recibir un salario mínimo, por qué una madre comunitaria no puede ser formalizada, o por qué un repartidor de plataformas no tiene acceso a la seguridad social.

Wilson Arias (Pacto Histórico) refutó algunos de los argumentos que se usaron en el debate, como que las microempresas se extinguirían por los ajustes que se pretenden realizar al contrato de aprendizaje. El senador fue claro al afirmar que las micro no se verían perjudicadas, ya que las cuotas y ajustes solo aplican para empresas con más de 10 empleados.

“No engañen al país. ¿De dónde sacan eso?

“Ahí está la regla”, manifestó.

Rechazó que los gastos laborales ocasionen desempleo, puesto que se presenta el contexto del salario mínimo, que ha estado experimentando significativos incrementos sin que el empleo haya mostrado un gran descenso.

Ómar Restrepo (Partido Comunes) subrayó que la esencia radica en la capacidad de consumo, ya que si esta no existe, no hay demanda (lo que conllevaría a menos ventas y menor empleo). Con base en esta idea, sostiene que es vital cuidar los derechos de los trabajadores, incluido sus salarios.

La senadora Lorena Ríos (de Colombia Justa Libres) mencionó que en los meses recientes se han llevado a cabo mesas técnicas en las que participaron distintos sectores del mercado laboral colombiano.

De estas, afirma, se llegó a la conclusión de que esta reforma es inconstitucional porque se está tramitando por la vía ordinaria, cuando debió haberse hecho por vía estatutaria, a pesar de que parte de sus artículos tratan derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la asociación sindical.

También expresó que la reforma resulta problemática por ser regresiva en derechos. El 95,4 % de la estructura empresarial son microempresas, el 3,5 % son pequeñas empresas, el 0,8 % son medianas empresas y el 0,3 % son grandes. Las microempresas, detalló, son las más perjudicadas ya que los costos laborales ascienden de 3,4 billones de pesos a 8,6 billones de pesos.

Además de lo anterior, señala que los costos extralaborales aumentan en un 63 %, lo que podría resultar en una reducción de más de 450.000 empleos en los próximos cuatro años, si la reforma es aprobada.

“Esta reforma desaprovechó una ocasión histórica para llevar a cabo una reforma laboral porque no hubo consensos. Durante más de 40 años se ha clamado en el país por una reforma laboral, pero no se convocó a la comisión de políticas salariales y laborales para la elaboración de esta reforma”, enfatiza.

El cuarto punto menciona que, en términos fiscales, este proyecto de ley no produce incentivos tributarios, sino que impone una carga excesiva a las empresas, puntualiza Ríos, al señalar que desde el Ministerio de Hacienda no se respondieron las inquietudes que se le plantearon.

Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo (Partido Mira) destacó que la propuesta negativa busca resguardar el empleo en el país.

Agudelo indicó que en una encuesta se descubrió que más del 60 % de los encuestados afirmaron que la reforma no promueve el empleo “¿Cuál es el temor con generar empresas? ¿Cuál es el temor con crear empleo?”, cuestionó la senadora, al señalar que una estrategia efectiva de una reforma laboral debería ser fomentar las condiciones para crear trabajo.

Según los estudios realizados por el partido, si se aprueba la reforma se observaría un aumento del 56 % en la informalidad y del 11,6 % en el desempleo. También se vería afectado el 83 % de los micronegocios, así como una reducción del 59 % en los ingresos tributarios.

La senadora también resaltó los aspectos positivos que tiene esta reforma, como la formalización de los trabajadores de plataformas de entrega.

La propuesta de la senadora Berenice Bedoya (vicepresidenta de la comisión), se fundamentó en que este proyecto de ley no consideró una coordinación económica, ya que no se incluyó (como se deseaba) al tejido empresarial en la elaboración de la reforma.

“Debemos procurar un ganar-ganar, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Entre todos podemos construir un empleo de calidad”, resaltó.

Ensu turno, el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), aclaró que es incorrecto afirmar que esta reforma se quiere parar sin permitir el debate. “El análisis lo estamos llevando a cabo hoy, se presentaron varias propuestas. Estamos discutiendo con fundamentos”, expresó.

Pinto también se unió a las voces que argumentan que, más que una reforma laboral, lo que Colombia requiere es un estatuto del trabajo, orden que aparece en el artículo 53 de la Constitución, y que lleva más de 30 años sin ejecutarse.

Además, enfatizó que esta ley ordinaria (la reforma laboral) intenta introducir cambios a la constitución (lo cual es factible, pero en el proceso de una ley estatutaria). Por esta razón, sugiere archivar el proyecto de ley, ya que si llegara a aprobarse, acabaría siendo anulado por ser declarado inconstitucional.

Esperanza Andrade (Partido Conservador) indicó que los aumentos relacionados con el incremento de los umbrales salariales para los aprendices del SENA, tanto en su fase teórica como en su período de prácticas, podrían alcanzar hasta el 100 % para los empleadores.

Asimismo, planteó que tras el archivo de esta reforma se elabore un nuevo proyecto de ley.

En su presentación, el senador Honorio Henriquez (Centro Democrático) afirmó que esta reforma “es un golpe mortal al empleo”, en la medida en que, según sus palabras, no genera empleo, no asiste a los trabajadores informales, y no favorece a los empleados ni a los jóvenes en busca de una oportunidad laboral.

Citado cifras de la ANDI, donde se estima que de aprobarse la reforma, el desempleo en Colombia aumentaría del 11,14 % al 13,14 %.

Afirmó que no existe un único estudio técnico que indique que esta reforma disminuirá la informalidad, o que creará más oportunidades laborales. “¿Entonces, cuál es el plan? ¿Más tributos, más gastos, menos empleos? ¿Quién va a iniciar un negocio sabiendo que va directo a la quiebra?”, subrayó.

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