Restitución derechos Silvia Gette en Uniautónoma: juez avala regreso a rectoría

La restitución derechos Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe (Uniautónoma), fue ordenada por un juez, permitiéndole aspirar nuevamente a la rectoría. La restitución de derechos es un proceso judicial que busca devolver a una persona la plenitud de sus facultades y prerrogativas legales, tras haber sido privadas de ellas. Esta determinación se dio el 8 de abril de 2026 en Barranquilla, donde el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías la reconoció como víctima en un proceso penal en curso.

El juez Néstor Segundo Primera basó su decisión en que Silvia Gette, quien ya cumplió la condena impuesta en 2022 por abuso de confianza, no se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos o administrativos. La exrectora alegó haber sido apartada de su cargo de manera “ilegal”, y la instancia judicial consideró que existen elementos que sugieren una posible falsedad en las actas de 2013, cuando Ramsés Vargas Lamadrid fue designado rector.

¿Qué implica la restitución derechos Silvia Gette para Uniautónoma?

La decisión judicial sobre la restitución derechos Silvia Gette genera un impacto directo en el futuro administrativo de la Universidad Autónoma del Caribe. El togado enfatizó que, una vez cumplida la pena, no se le puede negar ese derecho, amparado en el principio de resocialización. Además, el juez señaló que los estatutos de la Universidad no contemplan una inhabilidad vigente que impida su eventual regreso, y que cualquier objeción podría entrar en conflicto con principios superiores del ordenamiento jurídico.

Los puntos clave de la determinación judicial incluyen:
Cumplimiento de condena: Silvia Gette cumplió la pena impuesta por abuso de confianza, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2022.
Reconocimiento como víctima: Se la reconoce como víctima en el proceso penal relacionado con la presunta falsedad de actas de nombramiento en 2013.
Inexistencia de inhabilidad: No se encontró inhabilidad legal o estatutaria vigente que le impida ejercer cargos.
Principio de resocialización: Se aplicó este principio como garantía constitucional.

Oposición y apelación judicial

A pesar del fallo, la decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla generó controversia. El Ministerio de Educación se opuso, argumentando que Gette no debía ser considerada víctima, ya que no ostentaba el cargo de rectora al momento del nombramiento de Vargas Lamadrid en 2013. Según esta cartera, si hubo fraude, la afectación recaería sobre el Ministerio o la propia Universidad, y no sobre la exdirectiva, como reportó El Tiempo en su momento.

También la defensa de algunos de los imputados en el caso cuestionó la competencia del juez de control de garantías para resolver el restablecimiento de derechos, sugiriendo que el asunto debía tramitarse en la jurisdicción laboral. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación respaldó la decisión judicial, al igual que la defensa de Gette y del mismo Ramsés Vargas Lamadrid. Tras la sentencia, el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma del Caribe interpusieron un recurso de apelación, que será sustentado en audiencia el próximo 13 de abril. El caso tiene origen en una investigación de la Fiscalía que, en noviembre de 2025, imputó a miembros del Consejo Directivo por fraude procesal y falsedad en documento privado, relacionados con la supuesta elección irregular del rector.

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