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“La demora en la definición de la política arancelaria, de reglamentos técnicos y el acuerdo comercial con Brasil, podría frenar los avances en tecnologías limpias y afectar el cumplimiento de compromisos ambientales internacionales de Colombia”. La advertencia es de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), cuyas directivas señalan que los avances que está teniendo el país en la llamada movilidad sostenible “están amenazados por la falta de decisiones regulatorias que garanticen su continuidad”.
Según el gremio la no expedición, hasta ahora, del nuevo decreto arancelario escalonado, anunciado en diciembre de 2024que reemplazaría al derogado Decreto 1116 que entregaba beneficios arancelarios a los vehículos híbridos, la falta de avances en la renovación del acuerdo bilateral con Brasil, que permite el ingreso de hasta 50.000 vehículos con beneficios arancelarios, la imposición de una tarifa del 25 por ciento para la matrícula de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas, afectando a pickups y vans, así como la entrada en vigor de nuevas reglas para el ingreso al país vehículos fabricados bajo estándares americanos, son obstáculos claros para que el país avance en su transición energética.
Y es que solo en materia de movilidad sostenible Colombia está dando señales bastante positivas, toda vez que el parque de vehículos eléctricos e híbridos avanza bastante bien, según el más reciente reporte entregado por Fenalco y la Andi, con base en datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).
En este se indica que solo para el quinto mes del 2025 se vendieron 6.704 unidades de estos automotores, lo que representó un crecimiento del 129,4 por ciento, respecto al dato de un año atrás.
Las cifras del acumulado en los primeros cinco meses del ño también son significativas, pues alcanzaron las 27.145 unidades, esto es, 69,2 por ciento más que las colocadas en similar periodo del 2024, indica el informe en mención.
Medidas urgentes
“El sector automotor puede frenar en seco su contribución a la transición energética si no se expiden con urgencia: el nuevo decreto arancelario, no se renueva el acuerdo con Brasil, no se concede el plazo de 24 meses para la implementación de los nuevos reglamentos técnicos y no se redefine la contribución al Fopat para aplicarla a los vehículos de carga de más de 10,5 toneladas. Aplicar tarifas del 25 por ciento a pickups o vans no tiene sentido”, afirmó Andrés Chaves, presidente de Andemos.
Como se recuerda, el Fondo para la Promoción del Ascenso Tecnológico (Fopat) es un patrimonio autónomo, administrado a través de un contrato de fiducia mercantil, creado por el Ministerio de Transporte para financiar planes, programas y proyectos de transporte enfocados en el avance tecnológico, la modernización y la transición energética.
Andrés Cjhavez, presidente de Andemos. Foto:Andemos
El dirigente gremial también señaló que: “La ausencia de un marco regulatorio claro no solo limita el acceso de los ciudadanos a vehículos más limpios y eficientes, sino que también podría derivar en un incumplimiento de compromisos internacionales, afectar el empleo, reducir la oferta de vehículos y debilitar las relaciones comerciales con países amigos y socios estratégicos como Estados Unidos, México y Brasil”.
De los cerca de 87.000 vehículos nuevos vendidos en los primeros cinco meses del presente año, 31,2 por ciento (27.145 unidades) pertenecen a la categoría de eléctricos e híbridos, según se desprende del reporte entregado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), con base en los datos del Runt.
Desde el gremio de la movilidad sostenible confían en que los ministerios de Transporte y Comercio escuchen la voz de miles de colombianos que requieren de sus vehículos para el libre ejercicio de sus derechos fundamentales y desarrollo económico.
“Adoptar medidas concretas y urgentes para garantizar la oferta, abastecimiento de vehículos y la continuidad de una política pública que ha sido ejemplo en la región no da espera. La transición energética requiere compromiso, claridad normativa y visión de largo plazo”, insisten sus voceros.
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