Colombia
‘Se requieren mayores esfuerzos para garantizar la sostenibilidad hídrica de Bogotá’: Julián Ruiz, contralor distrital
Bogotá no supera la crisis de abastecimiento de agua que viene desde el año pasado. Y si bien la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha reconocido que ha mejorado el comportamiento en cuanto al consumo de los ciudadanos y que se han logrado ahorrar millones de metros cúbicos del líquido vital con el racionamiento, el panorama debido a la escasez de lluvias no es alentador para el sistema Chingaza.
Este fue uno de los temas sobre los que habló el contralor distrital Julián Ruiz con EL TIEMPO. El funcionario afirmó que la contingencia del agua también es una prioridad para su entidad y señaló que se requieren mayores esfuerzos para garantizar la sostenibilidad hídrica de la capital. También habló de las obras del Metro y la situación financiera del TransMilenio.
¿Cómo observa usted el problema de la falta de agua en Bogotá?
El asunto del agua es hoy una gran prioridad para nosotros en la Contraloría de Bogotá…
De hecho, desde 2022 hemos adelantado acciones especiales de vigilancia y control sobre los recursos que la ciudad ha invertido para la construcción, operación, mantenimiento y optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable.
Entre nuestras actuaciones figura un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) en cuantía de $ 37.000 millones de pesos que estamos adelantando por las irregularidades que se presentaron en la ampliación de la planta Francisco Wiesner, donde se trata el agua proveniente del sistema Chingaza… Lo que sucedió con la planta Wiesner es que el contratista dejó abandonada la obra y el Acueducto tuvo que hacer un nuevo contrato en el año 2022 por $ 141.000 millones. A este contrato que está en ejecución venimos haciéndole seguimiento y ya vamos a auditarlo.
También venimos evaluando la viabilidad de las alternativas que se han venido planteando y ejecutando desde la administración para responder a la escasez del recurso hídrico, lo cual para nosotros es un asunto prioritario.
Embalse de Chuza pertenece al sistema Chingaza Foto:Guillermo Reinoso
Lo cierto es que, si bien las condiciones climáticas han sido extraordinarias en términos históricos, puede decirse que la falta de planeación estratégica para garantizar el abastecimiento de agua a Bogotá también es histórica y cubre varias administraciones distritales.
Las apuestas de la actual administración, entre ellas, la disminución de la presión sobre Chingaza para lograr más equilibrio en el aprovechamiento, la optimización de las plantas de Tibitoc y Weisner, el racionamiento, la gestión de cambio del comportamiento de los usuarios y las mayores inversiones en términos de restauración ambiental para mayor aprovechamiento hídrico, resultan válidas y fundamentales para hacerle frente a semejante problema.
Sin embargo, desde la Contraloría de Bogotá consideramos que se requieren mayores esfuerzos para garantizar la sostenibilidad hídrica, por ejemplo, en materias como combatir drásticamente por parte del Gobierno Nacional y los Gobiernos locales la deforestación en la Amazonía que viene en ascenso; las mejoras en la planeación estratégica a largo plazo; y los mecanismos de disminución de pérdidas de agua tanto por fallas técnicas como por uso fraudulento o no pago, las cuales han oscilado históricamente entre el 35 % y el 40 %. Es decir, que de cada 100 metros cúbicos que le entran al sistema, solo 60 llegan a sus verdaderos destinatarios y los otros 40 se pierden en el trayecto -bien sea por las fugas que presentan las obsoletas tuberías o por las crecientes conexiones fraudulentas que no dan tregua-. Le repito: entre el 35 % y el 40 % del agua potable en Bogotá se pierde en el trayecto.
Vista aérea del embalse de Chuza. Foto:Mauricio Moreno
Lo propio se predica en el sector energético. Cada día son más las voces que alertan sobre una potencial escasez en el suministro de energía, lo que nos llevaría a un inminente apagón con sus nefastas consecuencias económicas y sociales. Es urgente que, para revertir esta situación y evitar tener que llegar a interrupciones obligatorias en la prestación del servicio de energía, se aúnen esfuerzos para garantizar la terminación y puesta en funcionamiento de los proyectos de generación y transmisión de energía que hoy avanzan a muy baja velocidad, como los de Chivor Norte y Sogamoso.
Considero que la ciudad necesita soluciones estructurales y efectivas que no recaigan exclusivamente en restringir el consumo ciudadano, sino en garantizar una gestión responsable y transparente de los recursos disponibles.
Como ustedes saben, hace unos meses, junto con el alcalde Galán, el Personero y la Veedora, visitamos el Sistema Chingaza para constatar su estado, y lo que le puedo decir es que desde nuestras competencias venimos haciendo todo lo posible para garantizar que los recursos para el agua potable se inviertan como corresponde.
Explíquenos ¿qué pasó con las indagaciones por las máquinas de bomberos que ya debían estar en funcionamiento y sobre lo cual se habló mucho hace un año en época de los incendios de los cerros orientales?
Como advertí hace un año, comenzando el año 2024 cuando ardían los cerros orientales, las siete máquinas extintoras de incendios que se adquirieron no iban a estar en agosto ni en septiembre, tal como manifestó públicamente la aún Directora de Bomberos.
Ahora resulta que con los nuevos cronogramas del contrato se cambiaron los tiempos y han anunciado con bombos y platillos que en agosto del presente año la ciudad tendrá esos equipos, lo cual conforme a las normas presupuestales implica la pérdida de los recursos dispuestos inicialmente para ello. Ya veremos, porque lo cierto es que hoy estamos igual o peor que hace un año.
Bomberos trabajan en controlar el incendio en los cerros en San Cristóbal. Foto:Bomberos Bogotá
Creo que queda una enseñanza valiosa, las advertencias por parte del Concejo y de la Contraloría deben tomarse en serio.Y es que la ciudad se ha visto muy perjudicada. Recordemos lo que pasó hace un año en los cerros orientales y para no ir mas lejos lo que ocurrió la semana pasada en Chingaza.Lo cierto es que por esa compra tan accidentada en la que la ciudad ha invertido más de $6 mil millones, la Contraloría de Bogotá ha configurado siete hallazgos administrativos y disciplinarios que le fueron trasladados a la Personería para lo de su competencia. Esos hallazgos tienen que ver con fallas en la supervisión y falta de control en la información del contrato, y en la actualidad adelantamos una nueva auditoría con el fin de recuperar definitivamente los recursos invertidos.
Contralor hablemos del proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones que aprobó el Congreso hace poco. ¿Cómo impactaría este proyecto las finanzas de Bogotá?
Considero que una mayor descentralización o autonomía fiscal para departamentos y municipios debe estar acompañada de una mayor descentralización administrativa. De ahí la importancia de la ley reglamentaria de la reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), de la cual se espera una correspondencia entre el aumento de transferencias con el aumento en equilibrio de las competencias administrativas de las entidades territoriales.
Esta reforma debe acompañarse de una discusión profunda sobre la sostenibilidad fiscal y la redistribución de competencias entre niveles de gobierno. Sobre este aspecto, sería positivo tener claridad de las competencias que pueden ser transferidas a los entes territoriales para establecer el impacto y recursos necesarios para su ejercicio.
En el mismo sentido, será fundamental fortalecer la capacidad técnica de las entidades territoriales, sobre todo gobernaciones y alcaldías, al punto que permita mejorar significativamente sus indicadores de gestión y ejecución de los recursos públicos.
Cámara de Representantes. Foto:Prensa Cámara
Pero además, esta reforma implica un importante reto para los organismos de control, los cuales, en su propósito de cumplir con sus funciones constitucionales y legales deberán trazar estrategias para prevenir la pérdida de recursos públicos y la comisión de faltas disciplinarias.
En materia fiscal, es pertinente indicar que por su naturaleza y origen los recursos del SGP son vigilados por la Contraloría General (CGR). Tal situación implica la necesidad de fortalecer el control fiscal desconcentrado que ejerce la CGR y las estrategias de control fiscal articulado con las contralorías territoriales.
Dicho de otra manera, en la medida que varíen los recursos y competencias para las regiones, habría que tener claro cómo se fortalecerán los organismos de control en ese ámbito.
¿Cuál es la situación financiera de TransMilenio, teniendo en cuenta que muchas de las discusiones en la ciudad son que la tarifa es insuficiente para cubrir los costos de la operación?
TransMilenio, al igual que todos los sistemas de transporte masivo del país y tal vez del mundo, tiene una tarifa que no alcanza a cubrir sus costos de operación. En Bogotá, un usuario paga desde la semana pasada $ 3200 cada vez que ingresa al sistema. Si no contáramos con el Fondo de Estabilización Tarifario (FET), se deberían pagar algo más de $ 4.000 por pasaje en las troncales y entre $ 5.000 y $ 6.000 en el componente zonal.
Esta diferencia la asume el FET, que solo en el año 2023 giró a TransMilenio $ 2.8 billones de pesos para asumir el diferencial de los costos de operación frente a la tarifa cobrada al usuario, y en 2024 giró $ 3 billones. Estamos hablando de casi $ 6 billones girados en los últimos dos años por el FET a TransMilenio.
Desde este 18 de enero aumentó la tarifa de TransMilenio. El valor del pasaje quedó en $3.200 pesos. Foto:
La administración distrital debería estudiar y plantear alternativas novedosas para financiar el FET de manera sostenible, y no ahorrar esfuerzos para que el sistema y las tarifas sean lo más eficientes, pues de ello depende un posible alivio a la salud financiera del Fondo.
Dentro de los factores que vienen impactando la eficiencia de la tarifa, se resalta la evasión; por cada 100 usuarios que ingresan en las troncales, 14 son colados, según Transmilenio. Incluso TransMilenio ha advertido que se trata de un fenómeno que produce pérdidas de $ 200.000 a $ 300.000 millones por año. Ante este panorama, conocemos de primera mano que la actual administración se encuentra trabajando para poder enfrentar el problema de la mejor manera.
¿Cómo va el proyecto del metro?
En términos generales, las obras de la primera línea del metro van bien.
Sobre este proyecto, el más importante que se ejecuta hoy en el país, estamos adelantando la Contraloría de Bogotá y la Contraloría General de la República una acción conjunta, dentro de la cual estamos definiendo un plan de trabajo para 2025…
Además, la Contraloría de Bogotá viene siguiendo con atención los procesos sancionatorios que el IDU adelanta sobre los contratistas de la avenida 68 de los grupos 1, 6, 8 y 9 que incumplieron los cronogramas de obra y otras obligaciones.
Estamos hablando de un proyecto integral que está compuesto por adquisición predial, traslado de redes y la concesión de la obra.
Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá Foto:Mauricio Moreno
Con corte al 31 de diciembre del 2024, la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá tiene los siguientes resultados:
La ejecución general del proyecto se encuentra en 46,24 %. Se han construido 229 columnas visibles, se ha llegado a los 1.570 metros de viaducto construidos. Ya están en Colombia 120 kilómetros de rieles; 96 kilómetros corresponden al viaducto y 24 kilómetros se instalarán en el patio taller.
El traslado anticipado de redes (TAR) ya está finalizado en su totalidad, lo cual es una buena noticia, y la gestión predial se encuentra en un 99.95 %, lo cual también es positivo para la ciudad.
Además, ya se finalizó la construcción del puente norte de la avenida 68 con Primero de Mayo, conocido como “El Pulpo”, una de las obras complementarias del metro que permitirá la conexión con la troncal de TransMilenio de la avenida 68, el SITP, el tráfico mixto, las bicicletas y los peatones.
En el 2024 iniciaron las obras del viaducto en la avenida Caracas y se arrancó la construcción de los primeros edificios, cochera y subestaciones eléctricas en el patio taller de Bosa, que esperamos se culminen según lo pactado.
Este año y el tiempo sea necesario, vamos a hacer estricto control al proyecto del metro con todas nuestras capacidades, la Contraloría de Bogotá y la Contraloría General, para garantizar que los recursos sean invertidos de manera correcta, transparente y oportuna.
Primeros rieles instalados de la primera linea del metro de Bogotá en el patio taller. Foto:Mauricio Moreno
Bogotá no supera la crisis de abastecimiento de agua que viene desde el año pasado. Y si bien la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha reconocido que ha mejorado el comportamiento en cuanto al consumo de los ciudadanos y que se han logrado ahorrar millones de metros cúbicos del líquido vital con el racionamiento, el panorama debido a la escasez de lluvias no es alentador para el sistema Chingaza.
Ustedes han venido configurando hallazgos por irregularidades en contratos en malla vial, alcaldías locales y servicios públicos, entre otros. Cuáles son los últimos y mas significativos hallazgos que se han hecho?
En efecto, las más recientes actuaciones que como Contraloría hemos desarrollado nos han arrojado, en algunos sectores, hallazgos que disparan todas las alarmas.
En temas de seguridad se observa como, pese a que las últimas administraciones han redoblado esfuerzos para robustecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras del sector (incluyendo la creación de la Secretaría de Seguridad), los indicadores de incidencia delictiva como la tasa de hurto, de extorsión y de microtráfico, han mantenido su curva ascendente, al igual que se han disparado los indicadores de percepción de inseguridad.
Respecto de detrimentos patrimoniales y sólo por mencionar algunos ejemplos encontrados en ejercicios recientes de la Contraloría, hallamos pagos por $3.700 millones para el mantenimiento de cámaras de videovigilancia que están fuera de servicio o revisiones erradas, esta es una situación inaceptable ante la crisis de seguridad que viene atravesando la ciudad hace varios años.
Aquí la pregunta que tendría que hacerse la Administración es si se están invirtiendo eficaz pero sobre todo estratégicamente los recursos del sector seguridad. La ciudad no puede esperar resultados diferentes en materia de seguridad haciendo lo mismo.
En servicios públicos, específicamente en relación con la prestación del servicio de agua y pese a que se han incrementado las capacidades técnicas y financieras de la Empresa de Acueducto (EAAB), los indicadores en materia de continuidad y calidad del agua vienen en descenso. Del 2017 al 2022 el presupuesto del Distrito para la EAAB se duplicó: pasó de $2.7 a $5.4 billones, mientras que el índice de calidad del agua (en el mismo periodo de tiempo) se redujo en mas de un 50%: pasó de 0.6% a 0.2% (1 es la mejor calificación). Ahí entonces es donde debe entrarse a cuestionar la efectividad de las inversiones efectuadas. Hasta el momento tenemos dos hallazgos fiscales: uno en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado por $3.700 por el abandono de la obra de la Supermanzana seis, en Kennedy; y el otro por $1.360 millones por el incumplimiento en los pagos al Distrito dentro de la concesión a los cementerios distritales. Estos hallazgos acabamos de trasladarlos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para las investigaciones del caso y sobre todo para recuperarle esos recursos al Distrito.
En la Secretaría de Movilidad encontramos una compra innecesaria de equipos para la sincronización de la red semafórica por $25.700 millones. Esa adquisición se hizo en 2018 y nunca funcionó.
En la Secretaría de Ambiente encontramos que se contrató la construcción de obras en pleno corazón de la reserva forestal El Zuque, esas obras no se han ejecutado, pero además en criterio de los equipos de auditoría no deberían ejecutarse ante el impacto que producen sobre el ecosistema. Todo esto nos llevó a un hallazgo por mas de $6.300 millones.
En el IDU dejamos un hallazgo por más de $2.300 millones por la compra y pago de un predio expropiado a un tercero que no era su propietario, y hoy no se cuenta ni con la propiedad del predio ni con la plata invertida. Este caso parece que es uno de varios que se encuentran en situación similar y que vamos a investigar a fondo.
En total, solo en el último semestre configuramos hallazgos por cerca de $70 mil millones de pesos en diversos sectores, lo cual es una cifra que, como les dije, enciente todas las alarmas.
Finalmente, qué está haciendo la Contraloría de Bogotá frente al proyecto del Hospital San Juan de Dios?
La problemática del Hospital San Juan de Dios es compleja y aunque ha venido teniendo algunos avances, no nos dejan de preocupar las diferencias que existen en cuanto a los diseños y el plan de intervención de la torre central, lo cual no ha permitido avanzar en el proyecto.
Para nosotros en la Contraloría de Bogotá resultan muy positivas las reuniones técnicas y jurídicas que han venido sosteniendo el Gobierno Nacional y el Distrital para llegar a acuerdos para recuperar el San Juan de Dios, teniendo en cuenta que se trata de uno de los hospitales más importantes que ha tenido la ciudad históricamente y que deben buscarse consensos para su puesta en operación.
Sin embargo, en lo que sí debemos ser claros desde el órgano de control es que, sin perjuicio de las decisiones gubernamentales de carácter técnico y jurídico que puedan tomarse, consideramos que los recursos invertidos y pagados en cuantía cercana a los $9 mil millones y cualquier condena o costa con ocasión de los litigios con el otrora contratista COPASA no deberían ser asumidos por el Distrito Capital. Desde la Contraloría estaremos atentos para verificar que esos recursos no se pierdan.
JONATHAN TORO ROMERO
Redacción BOGOTÁ
