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La Secretaría Distrital de Salud advirtió públicamente que el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que cursa en el Concejo de Bogotá y que busca crear una ‘Ruta por la vida’ dirigida a mujeres gestantes, lactantes y vida por nacer’excede las competencias del cabildo distrital al intentar definir rutas de atención en salud.
Según el comunicado oficial emitido por la entidad, de acuerdo con la normativa nacional, el único actor facultado para establecer rutas de atención es el Ministerio de Salud y Protección Social. La Secretaría recordó que la Resolución 3202 de 2016 adoptó el Manual Metodológico para las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), herramientas de carácter obligatorio que definen las condiciones para asegurar la integralidad en la atención.
En ese sentido, la entidad sostiene que la creación de una nueva ruta mediante el proyecto aprobado por el Concejo invade competencias que no le corresponden a la corporación distrital.
La Secretaría también señaló que Bogotá ya cuenta con lineamientos técnicos y operativos impartidos por el Gobierno Nacional. Entre ellos, mencionó que los equipos de salud se rigen por la Resolución 3280 de 2018, modificada por la Resolución 051 de 2023, que adopta la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal.
De acuerdo con la entidad, esta ruta reconoce a las mujeres en edad fértil como sujetos de la atención en salud, bajo la garantía de sus derechos, y está orientada a proteger su salud y asegurar el derecho a una vida libre de violencias. Además, establece la prestación de servicios de salud durante las distintas etapas del ciclo reproductivo de forma completa y suficiente.
La Secretaría precisó que el modelo vigente garantiza el acceso a servicios seguros y de calidad para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), reconociendo el derecho a la autonomía y autodeterminación reproductiva. También indicó que el enfoque actual contempla un abordaje integral con componentes médicos y biopsicosociales, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.
En el comunicado, la entidad afirmó que los procedimientos actuales en salud ya cuentan con protocolos claros y rigurosos, los cuales el proyecto de acuerdo pretende replicar o intervenir. Por ello, considera que el título de la iniciativa genera confusión y podría imponer limitaciones en el acceso, al denominarla como una nueva ruta, frente a lo cual ya se había publicado un concepto de no viabilidad.
La Secretaría recordó además que en 2023 expidió la Circular 024, mediante la cual impartió recomendaciones para garantizar el acceso seguro, oportuno y de calidad a la atención integral en la IVE. Estas acciones, explicadas, se desarrollan dentro de las competencias distritales y en el estricto cumplimiento de la Ruta Materno Perinatal definida a nivel nacional.
También indicó que el enfoque actual contempla un abordaje integral con componentes médicos y biopsicosociales, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.
Finalmente, la entidad reiteró que las intervenciones en salud pueden adaptarse a los ámbitos territoriales y al destino de recursos financieros existentes, pero siempre bajo los lineamientos fijados por el Ministerio de Salud dentro de su competencia.
Movimientos feministas también se pronunciaron
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres manifestó su rechazo a la aprobación del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 del Concejo de Bogotá, al calificar la decisión como un “grave retroceso”. A través de sus redes sociales, la organización afirmó que el proyecto es inconstitucional, estigmatizante y regresivo, y advirtió que pone en riesgo el ejercicio efectivo del derecho al aborto.
Según el pronunciamiento, la medida desconoce la jurisprudencia constitucional y los avances del país en materia de derechos sexuales y reproductivos. La Mesa sostuvo que el proyecto impone barreras adicionales y busca estigmatizar las decisiones reproductivas de las mujeres, así como de personas trans y no binarias.
La organización también hizo un llamado al alcalde mayor de Bogotá para que revisara la legalidad de la iniciativa, al considerar que vulnera la autonomía reproductiva y limita un derecho fundamental ya reconocido por la Corte Constitucional. Además, asegúrese de que comenzará a actuar en defensa del cumplimiento de los estándares constitucionales y del acceso a servicios seguros y dignos.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
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