CNN Español
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El video circula en redes. La diputada Suecy Callejas, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, se pronunciaba ante el pleno durante el debate en el que fue aprobada la reelección indefinida el 31 de julio. “Hay un comunicado oficial de nuestro partido. Los diputados de la bancada legislativa de Nueva Ideas han reformado este día la Constitución – todavía no lo hemos votado – pero eso está en discusión, precisamente”.
El partido del presidente Nayib Bukele tenía la celebración lista antes de terminar la tarea. No tenían por qué dudarlo: controlan 57 de los 60 escaños de la Asamblea.
Marcela Villatoro, diputada por la Alianza Republicana Nacionalista – Arena – otrora poderoso partido de derecha en El Salvador, fue uno de los apenas 3 votos contra la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. “En El Salvador está pasando lo que está pasando en varios países de la región, especialmente en nuestro hermano país de Nicaragua y lo mismo en Venezuela y es que ocupan el mismo manual de los dictadores en América Latina”, le dijo Villatoro a CNN.
Ese señalamiento parece disgustarle al presidente Nayib Bukele, asiduo usuario de la red social X y quien en 2021 se describió como “el dictador más cool del mundo mundial”. El 6 de agosto replicó el pronunciamiento de un funcionario del Departamento de Estado que respalda la reelección presidencial indefinida en El Salvador – algo que no existe en Estados Unidos, donde los presidentes están limitados a dos mandatos presidenciales – y resalta que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue “elegida democráticamente”.
El apoyo de Washington es fundamental para Bukele. “La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para un segundo periodo parece haber ‘apretado el acelerador” al proyecto de consolidación autoritaria del poder”, dice Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina, ONG de defensa de los derechos humanos. “Por un lado, se han reforzado mecanismos de cooperación en términos de materia migratoria que violan normas mínimas de derechos humanos, como lo fue el traslado de los 252 migrantes venezolanos al Cecot, un hecho que podría haberse catalogado como un posible caso de desaparición forzada masiva bajo el derecho internacional de los derechos humanos”, señala Jiménez.
“Por otra parte, la alianza política e ideológica que han establecido ambos gobiernos permite, a su vez, que los actos abiertamente violatorios de derechos o abiertamente antidemocráticos cometidos por Bukele sean recibidos con silencios (i.e. sean tácitamente permitidos) o, por el contrario, sean públicamente aprobados de forma casi inmediata por el Gobierno de EE.UU.”.
Un vocero del Departamento de Estado fue más lejos. Rechazó, ante una consulta de CNN, cualquier comparación de la reforma constitucional en El Salvador con aquellas adoptadas en “regímenes dictatoriales ilegítimos en otros lados de la región”.
Para expertos como el Dr. Orlando Pérez, profesor de historia y ciencia política de la Universidad del Norte de Texas en Dallas, son cada vez más los paralelos entre la forma de gobernar de Bukele y la de uno de sus vecinos, Daniel Ortega de Nicaragua. “Bukele y Ortega convergen en un guion similar: desmantelar protecciones institucionales mientras aprovechan la popularidad y las fuerzas de seguridad para afianzar el gobierno centrado en una persona”, dice Pérez. “Ambos han copado los tribunales, castrado legislaturas, criminalizado a las ONG críticas y reescrito las reglas electorales. Ortega lo hizo al abolir los límites de mandato en 2014, mientras que Bukele lo hizo al eliminarlos este año. Cada uno gobierna a través de un prolongado “estado de excepción” que otorga a la Presidencia amplios poderes policiales y enfría la disidencia”.
Según un sondeo de CID-Gallup de enero, Nayib Bukele ocupaba entonces el primer lugar de popularidad entre los presidentes de Latinoamérica, con 83% de aceptación, lo que algunos atribuyen a su política de seguridad, algo que reconoce la diputada Villatoro. “El estado de excepción es algo que la gente quiere porque, sí es cierto, la seguridad está muy bien en nuestro país y ha mejorado, pero recordemos que el presidente Bukele hizo un pacto con las pandillas y esto ha sido comprobado, para reducir esos niveles de inseguridad que existían” . Sin embargo, en países con una deriva autoritaria estas encuestas no siempre reflejan la verdadera opinión de la gente.
Villatoro se refiere a un supuesto pacto del Gobierno de Bukele con la Mara Salvatrucha MS13 para reducir la cifra de homicidios a cambio de beneficios penales, inicialmente reportado por el periódico digital El Faro durante el primer mandato del presidente. Bukele ha negado en reiteradas oportunidades que haya habido pacto alguno.
Nayib Bukele defiende reforma que permite la reelección presidencial indefinida
Freedom House, un centro de estudios basado en Washington que analiza la democracia en el mundo, describe la situación de seguridad en El Salvador de Bukele así: “Las autoridades mantienen una respuesta militarizada dura en respuesta a la seguridad pública, con el resultado de ejecuciones extrajudiciales, arrestos masivos arbitrarios y otros abusos. Miembros de la Sociedad civil y la prensa enfrentan acoso y violencia como resultado de su cobertura del crimen organizado, la corrupción y la crítica a las políticas del Gobierno”.
Bukele siempre ha negado todos esos señalamientos, sean de organizaciones locales o internacionales.
La popularidad de Bukele, que dice, justifica su forma de gobernar, va ligada a un descenso en las libertades en el país. Según el análisis de Freedom House, que publica un “mapa de libertad” anual. Antes de aprobada la reelección indefinida, El Salvador era visto como un país “parcialmente libre”, con una calificación para 2025 de 47 puntos sobre 100, un descenso de 6 puntos con respecto a 2024 y de 20 puntos con respecto a 2019 cuando Bukele llegó al poder, El Salvador era considerado entonces un país libre con 67 puntos sobre 100.
Nayib Bukele, de 44 años, se podrá presentar a la reelección en 2027. La reforma redujo su actual periodo en dos años. Esos comicios coincidirán con las elecciones legislativas y municipales, y serán para un periodo de 6 años, otro cambio aprobado el 31 de julio. Hay otro aspecto significativo: ocurrirán bajo la Presidencia de Donald Trump, que va hasta 2028. El mandatario estadounidense ve en su par de El Salvador a un aliado y Bukele puede ver ese respaldo como la fuente de su legitimidad.
