Supervigilancia suspende licencias a empresas de seguridad y gremio objeta proceso

La acción administrativa de Supervigilancia empresas seguridad se concretó el miércoles 15 de abril de 2026 con la suspensión de 31 licencias de funcionamiento, una medida que inhabilita temporalmente a estas compañías para operar en el territorio nacional. Esta decisión fue anunciada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, lo que generó una reacción inmediata de las principales asociaciones del sector.

La Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES) y la Confederación Nacional del Gremio de Seguridad Privada (CONFEVIP) manifestaron, a través de un comunicado conjunto, que la forma de divulgar esta información causa un impacto negativo en la reputación de las empresas y del sector en general. Los gremios argumentan que la mención de una “infiltración criminal” sin individualizar responsabilidades puede generar interpretaciones erróneas.

¿Qué implican las acciones de Supervigilancia para las empresas de seguridad?

La suspensión de licencias por parte de Supervigilancia empresas seguridad se originó en investigaciones que señalaron la vinculación de personal y recursos logísticos de algunas compañías con actividades fuera del marco legal. Según el reporte oficial, se identificó un patrón donde organizaciones con licencias legales habrían destinado armamento y personal al servicio de estructuras al margen de la ley. La autoridad vinculó estas prácticas con delitos de lavado de activos y el desarrollo de economías ilegales.

En fallos de primera instancia, la entidad confirmó la cancelación de licencias para las empresas Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., ambas domiciliadas en Barranquilla. Además, se informó que ocho empresas adicionales recibirán sanciones en fechas próximas, como resultado de procesos en curso en distintas regiones del país. Según El Tiempo, este tipo de medidas buscan depurar un sector vital para la seguridad nacional.

Las objeciones del gremio de seguridad privada

Frente a las acciones de Supervigilancia empresas seguridad, ACES y CONFEVIP expresaron varias preocupaciones. Las organizaciones gremiales destacaron que en el país operan más de 800 empresas de vigilancia y seguridad privada, y que los casos reportados corresponden a una minoría del sector. Asimismo, recordaron que esta actividad representa el sustento directo de 360.000 familias en el territorio nacional.

Las principales objeciones del gremio incluyen:
Impacto reputacional negativo para todo el sector.
Mención a “infiltración criminal” sin individualización de responsabilidades.
Afectaciones comerciales y pérdida de clientes por anuncios no en firme.
Compromiso de la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
* Divulgación de decisiones administrativas por canales públicos antes de notificaciones formales.

ACES y CONFEVIP hicieron referencia al procedimiento para la imposición de sanciones, el cual incluye visitas de inspección, formulación de cargos y el ejercicio del derecho a la defensa. El gremio señaló que algunas de las empresas mencionadas se enteraron de las decisiones administrativas a través de redes sociales antes de recibir las notificaciones formales previstas por la ley. Este debate resalta la tensión entre la necesidad de control estatal y la preservación de la reputación y estabilidad de un sector económico clave.

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