Costos Sorpresa: Las Sorprendentes Tasas Municipales que Afectan a Productores Rurales

Recientemente, los municipios de la provincia de Buenos Aires han elevado considerablemente la presión fiscal sobre el sector agrario. Esta subida ha estado centrada principalmente en dos tarifas: la tasa de caminos, destinada al mantenimiento de las rutas rurales, y la tasa de guías (marcas y señales), que se aplica al movimiento de ganado y que también busca la conservación de las vías rurales.

De igual forma, han comenzado a surgir nuevas tarifas con diferentes designaciones, cuyo propósito primordial es la recaudación sin una prestación de servicios definida, lo que contradice el principio básico que debería regir las tasas.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) ha elaborado un informe que detalla de manera exhaustiva estas tarifas, destacando lo más importante y particular de cada una.

La tasa para la conservación de los caminos rurales se instauró cuando la Provincia transfirió a los municipios la carga de mantener las rutas de tierra. Su recaudación debería estar vinculada a un plan de obras concreto, con costos claramente definidos.

No obstante, en la práctica, los municipios determinan los montos de manera arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, existiendo disparidades que pueden alcanzar hasta ocho veces entre diferentes jurisdicciones, y más del 60% de los caminos se encuentran en condiciones de regular a malas.

“Con su incontrolado deseo de recaudar, muchos municipios han segmentado la tasa de caminos según la cantidad de hectáreas, lo cual, además de ser ilegal, ha generado desigualdades significativas. En algunos municipios, la discrepancia en la carga tributaria entre propiedades de 100 hectáreas y aquellas que superan las 1,500 hectáreas puede exceder el 70%, a pesar de recibir los mismos servicios”, indicaron desde Carbap.

Al analizar el aumento real de la tasa de caminos en términos de kilogramos de productos agrícolas (trigo y soja), se evidencia un incremento promedio superior al 40% en gran parte de la provincia, desde 2019 hasta 2025. “Este aumento ha afectado directamente la rentabilidad del productor, elevando los costos operativos sin que se aprecien las mejoras correspondientes en los servicios ofrecidos por los municipios”, subrayaron los autores del informe.

En ciertas localidades, la tasa de caminos representa más del 4% del valor de un alquiler, lo que agudiza aún más la presión fiscal sobre el sector agropecuario.

La recaudación estimada para el 2025, solo por concepto de tasa para la conservación y mantenimiento de caminos rurales, se proyecta en 165 mil millones entre aproximadamente 103 municipios.

La “Tasa de Marcas y Señales” también presenta marcadas desigualdades. Aunque el servicio es el mismo en toda la provincia (un simple permiso para el traslado de ganado), los precios varían significativamente. Algunos municipios no la cobran, mientras que otros imponen tarifas que superan los 6,000 pesos por animal destinado a faena, lo que equivale hasta el 1.2% del valor de una vaca de descarte.

“No solo se exige el pago por el permiso de traslado, sino que también…

que también se aplican costos al registrar los terneros nacidos (permiso de marca) o al adquirir ganado (reducción de marca)”, aclararon desde Carbap.

En relación a la producción de cerdos, la realidad es bastante variable. En ciertos municipios casi no se cobran tarifas, buscando fomentar la producción, mientras que hay casos extremos como el de Henderson, donde la guía de un cerdo destinado a faena equivale a más del 1% del valor bruto del mismo.

“El cargo por guías de traslado se estableció para financiar la conservación de los caminos deteriorados por el movimiento de ganado. Sin embargo, con la desaparición de los arreos y su sustitución por el transporte en camiones y la implementación de tecnologías de gestión digital, el cargo ha perdido su fundamento técnico. No obstante, no solo persiste, sino que se ha transformado en una herramienta de recaudación abusiva”, comentaron.

En años recientes, han crecido los cobros municipales que no guardan relación con la prestación de un servicio específico. En al menos 33 municipios de la Provincia de Buenos Aires (sin contar los del conurbano bonaerense), se han añadido nuevas tarifas a las facturas de la Tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial, lo que aumenta la carga fiscal sobre los productores agropecuarios.

El concepto más frecuente entre estas tarifas adicionales es el de “seguridad rural”, lo que, en la práctica, se traduce en un impuesto adicional para aquellos que viven y producen en el campo, para acceder a un derecho elemental que debería ser garantizado por el Estado con los impuestos ya abonados. “Esto provoca una sensación de desigualdad, creando la impresión de que los habitantes rurales son ciudadanos de segunda clase, obligados a pagar más por un servicio que, en muchos casos, no se traduce en una mejora concreta de la seguridad”, opinaron desde Carbap.

Sin embargo, la lista prosigue. Algunos municipios han incluido en la misma boleta conceptos tan variados como educación, asistencia social, alumbrado, transporte, higiene y otras cuestiones que poco tienen que ver con la conservación de los caminos rurales. “Este desvío de fondos y la inclusión arbitraria de nuevos cargos son injustificables, reflejando una falta de claridad en la administración de los recursos y una creciente presión tributaria sobre el sector productivo”, insistieron.

También han aumentado las tarifas municipales integradas en los servicios públicos, que pueden llegar a representar más del 10% de la factura, sumándose a los demás impuestos provinciales y nacionales, con más del 35% del costo energético proveniente únicamente de impuestos. Esta clase de situaciones tiene un impacto muy negativo en actividades que requieren un alto consumo de energía.

“Lo que ocurre en Carlos Casares y en otros municipios como Alberti, que cobran el alumbrado público como un porcentaje del consumo, es absolutamente ilegal; la tasa varía entre el 10% y el 23%, dependiendo de la categoría”, alertaron los especialistas.

“Los impuestos en Carlos Casares, que comprenden tasas municipales, tributos y percepciones de IVA e IIBB, alcanzan hasta el 70% del costo de la energía consumida, evidenciando una voracidad fiscal desmedida”, añadieron.