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Dos nuevas iniciativas del Gobierno volvieron a encender las alertas entre las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y varios analistas del mercado, por los efectos negativos que estas podrían tener sobre el manejo del ahorro pensional, que asciende a cerca de 514 billones de pesos y pertenece a unos 20 millones de personas.
La primera medida tiene que ver con el artículo 90 incluido en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aprobado la semana pasada en la plenaria del Senado. Este artículo habilita al Gobierno a reacomodar partidas sin el respectivo trámite legislativo, con el argumento de garantizar la financiación de los nuevos pilares del sistema pensional, especialmente el solidario y el semicontributivo.
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El segundo frente de preocupación es un proyecto de decreto con el que el Ejecutivo pretende ponerle freno a las inversiones de los fondos de pensiones en el extranjero, lo que, en concepto de Asofondos —el gremio que agrupa a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia—, no solo afectaría el rendimiento de los ahorros de más de 19 millones de trabajadores, sino que también pondría en riesgo la estabilidad y rentabilidad del sistema pensional.
Cálculos preliminares indican que, si una medida de esa naturaleza se hubiera aplicado en 2024, habría impedido que el ahorro pensional se fortaleciera en 145,5 billones de pesos al cierre de ese año, una pérdida equivalente a “cerca de 10 reformas tributarias”, según el centro de estudios económicos Anif.
Frente al artículo del PGN, que daría carta abierta al Gobierno para disponer del ahorro pensional de millones de personas con el fin de cubrir subsidios y pagos de mesadas, legisladores de distintas corrientes políticas coinciden en que esa medida representa una amenaza para el ahorro de quienes han cotizado durante años, toda vez que permitiría al Ejecutivo “echar mano” de esos recursos y convertirlos en gasto corriente.
Un experto en pensiones advierte que, con ello, el Gobierno podría dejar de girarle recursos a Colpensiones para el pago de mesadas, pues sabría que puede tomar fondos del régimen privado. “La plata que debía entregar al sistema público podría gastarla en otros temas”, señaló. Cada año, el Ejecutivo debe destinar alrededor de 70 billones de pesos para cubrir el déficit de Colpensiones.
Para Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, “el Gobierno debería tener claro que las cotizaciones tienen una destinación específica y solo pueden utilizarse para el pago de pensiones. A mí no me gustan ese tipo de artículos, pues no son necesarios y generan muy mal ambiente, porque al final el Gobierno tendrá que girar los recursos para pagar las pensiones”, precisó.
Golpe a la rentabilidad
En cuanto al proyecto de decreto que busca limitar las inversiones en el exterior, Velasco explicó que, aunque las AFP comparten el interés de fortalecer la economía nacional, esa medida afectaría el bienestar de los ahorradores, ya que la diversificación de portafolios —que incluye inversiones internacionales— ha sido clave para lograr “excelentes rentabilidades bajo una gestión segura y transparente”.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda. Primero en ocupar ese cargo en el Gobierno Petro. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Las AFP no son las únicas que expresan reparos. A través de sus redes sociales, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo calificó como inadecuado traer todos los recursos invertidos en el exterior, al considerar que ello “reduce el patrimonio de las personas que han ahorrado sus recursos en dichos fondos”, en detrimento del capital acumulado de más de 19 millones de afiliados.
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Ocampo también alertó sobre un posible impacto macroeconómico: la revaluación del peso colombiano. Este efecto, generado por el regreso masivo de capitales, “afectaría las exportaciones no petroleras en un momento en que el déficit externo de Colombia ha comenzado a subir de nuevo”, lo que podría complicar el panorama comercial del país.
Estabilidad financiera
También desde el centro de estudios económicos Anif ven serios inconvenientes en la posibilidad de restringir a las AFP de invertir parte del ahorro pensional en activos en el exterior.
Advierten que esto no solo reduciría de manera significativa el valor cumulado de dicho ahorro, sino que también debilitaría la capacidad del sistema para generar rendimientos sostenibles y proteger los recursos de los afiliados frente a choques externos.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Foto:Asofondos
“Preservar y fortalecer las condiciones regulatorias que permiten invertir en activos internacionales resulta esencial para el desarrollo del mercado de capitales, la estabilidad financiera y el bienestar futuro de los trabajadores colombianos”, insisten desde el centro de estudios.
El ejercicio realizado por Anif señala que, si la restricción se hubiera aplicado el año pasado, el saldo del ahorro pensional no habría sido de 464,9 billones de pesos, sino 31,3 por ciento menor. Un cálculo similar de Asofondos muestra que un millón de pesos invertido hace diez años en un portafolio moderado hoy valdría 2’379.311 pesos, mientras que, si se hubiera invertido solo en Colombia, sería de 1’489.882 pesos: una reducción del 37 por ciento, o cerca de 890.000 pesos por afiliado.
En conclusión, advierte el gremio, “traer el capital de afuera resulta en un portafolio subóptimo, con altas concentraciones en activos y emisores que representan riesgos potenciales muy altos”.
Según la Superintendencia Financiera, los fondos concentran gran parte de sus inversiones en instrumentos denominados en pesos: 36,5 por ciento en el fondo moderado, 60 por ciento en el conservador, 32,2 por ciento en el de mayor riesgo y 14 por ciento en el especial de retiro programado (corte a agosto). En cuanto a las inversiones en dólares, estas sumaron cerca de 65,6 millones de pesos en los primeros ocho meses de 2025.
El gremio recordó que diversificar es una práctica recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Banco Mundial, además de ser la estrategia que aplican los grandes fondos del mundo.
“Cuando hemos visto buenas oportunidades en Colombia hemos invertido y lo seguiremos haciendo. El problema de un enfoque de inversión forzada es que perjudica el ahorro de los trabajadores. Múltiples experiencias internacionales muestran que crean distorsiones en los precios”, insistió Velasco.
Finalmente, el gremio pidió que cualquier modificación al régimen de inversiones se discuta dentro del marco de la Ley 2381 de 2024 y con apego al mandato constitucional de proteger el ahorro de los trabajadores.
“Estamos dispuestos a analizar opciones para fortalecer la inversión en el país, siempre que los proyectos ofrezcan seguridad y rentabilidad adecuadas”, concluyó.
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