[ad_1]
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra un teniente coronel de la Policía Nacional, señalado de haber abusado sexualmente de una auxiliar bachiller bajo su mando en hechos ocurridos en Cundinamarca. El oficial, identificado como Cristhiam Camilo Villamil Benavides, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los acoso delitos de acceso carnal violento agravado y sexual.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por el ente acusador, el oficial habría aprovechado su posición como comandante del Distrito No. 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar y someter a la víctima. La investigación señala que durante varios días el uniformado presuntamente la persiguió, la asedió y le hizo insinuaciones de carácter sexual.
Los hechos más graves habrían ocurrido el pasado 8 de diciembre, cuando, según la Fiscalía, el teniente coronel le pidió a la joven que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá. Allí, y con pleno conocimiento de que la auxiliar se encontraba en estado de indefensión, la habría agredido sexualmente.
Cristhiam Camilo Villamil fue imputado por la Fiscalía por acceso carnal violento y acoso. Foto:archivo particular
En el curso del proceso, que fue adelantado con enfoque diferencial y de género, la Fiscalía desarrolló que el oficial presuntamente amenazó a la víctima con obstruir su carrera dentro de la institución si decidía denunciar lo ocurrido, lo que habría reforzado el escenario de intimidación y abuso de poder.
Durante la audiencia de imputación, el procesamiento no ayudó a los cargos formulados por la Fiscalía Seccional Cundinamarca. No obstante, el juez demostró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional.
El caso se suma a otros procesos judiciales que investigan presuntos abusos sexuales al interior de instituciones armadas y reabre el debate sobre la protección de las víctimas, el uso indebido de la jerarquía y la necesidad de garantizar entornos seguros para las mujeres que prestan servicio en la fuerza pública, especialmente en departamentos como Cundinamarca.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
Lea también:
[ad_2]
