El Tribunal Administrativo de Antioquia anunció el pasado 2 de febrero la apertura de un incidente de desacato contra altos mandos del Gobierno Nacional y agentes interventores de diversas EPS.
La decisión, proferida por el magistrado Jaiver Camargo Arteaga, surge ante el presunto incumplimiento de una medida cautelar que Ordenaba el pago de deudas acumuladas con la red hospitalaria de Medellín.
El origen de este conflicto legal se remonta a la Acción Popular interpuesta por el Distrito de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez. La demanda buscaba proteger los derechos e intereses colectivos ante la asfixia financiera de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados.
Hospital General de Medellín tras la agresión. Foto:EL TIEMPO.
Solo en el caso del Hospital General de Medellín, las deudas superan los 200.000 millones de pesos, una cifra que pone en riesgo la prestación del servicio de salud para millas de ciudadanos.
El requerimiento del Tribunal
El auto emitido por la Sala Unitaria de Decisión aclaración que, antes de formalizar la apertura del incidente de desacato, es imperativo garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados. Por esta razón, el Despacho ha requerido a las entidades accionadas para que, en un plazo de dos días, entreguen los correos electrónicos institucionales personales de los funcionarios responsables.
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Una vez notificados, estos servidores públicos quedarán bajo la lupa directa de la justicia por no haber ejecutado los pagos ordenados en la medida cautelar.
¿Quienes son los funcionarios designados?
Ministro de Salud en el HUS Foto:tomada del video de redes
La lista de requeridos por el Tribunal incluye a las figuras más relevantes del sector salud y financiero del país, así como a los interventores designados por el Gobierno para manejar las EPS más grandes del territorio nacional:
- Germán Ávila Plazas: Ministro de Hacienda y Crédito Público.
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: Ministro de Salud.
- Bernardo Armando Camacho Rodríguez: Superintendente Nacional de Salud.
- Félix León Martínez: Director Nacional de la ADRES.
- Luis Óscar Galves Mateus: Agente liquidador de la Nueva EPS.
- Agentes interventores: Edwin Carlos Rodríguez (Savia Salud), Alexander Mesa Romero (Coosalud) y Kemer Ramírez Cárdenas (EPS Sanitas).
Deudas a las entidades de salud de Antioquia Foto:Gobernación de Antioquia
Consecuencias del desacato
De confirmarse que los funcionarios han ignorado la orden judicial de pagar las deudas hospitalarias, se enfrentarán a las sanciones estipuladas en el Artículo 41 de la Ley 472 de 1998. Según el marco legal para acciones populares, quien incumpla una orden judicial puede incurrir en:
- Multitas económicas: Hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
- Arresto: La sanción puede ser conmutable por arresto de hasta seis (6) meses.
- Sanciones penales: Lo anterior sin perjuicio de las investigaciones penales a las que haya lugar por el incumplimiento.
Cualquier sanción impuesta deberá ser consultada con el superior jerárquico, quien tendrá tres días para decidir si la revoca o la mantiene.
