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Trump amenaza a D.C. con otro despliegue federal si su policía no coopera con ICE

Por Rebecca Shabad – NBC News
El presidente, Donald Trump, amenazó este lunes con volver a poner bajo mando federal a la policía de Washington D.C. si esa agencia en la capital no coopera con las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En agosto, el mandatario federalizó la policía de D.C. y desplegó tropas de la Guardia Nacional en la capital en una intervención de emergencia por 30 días, que expiró la semana pasada.
Trump afirmó en una publicación en Truth Social el lunes que esta medida convirtió a la ciudad en “una de las más seguras” del mundo y que ahora sus restaurantes, tiendas y otros negocios están “en pleno auge”, y “prácticamente NO hay delincuencia”.
“Ha sido algo hermoso de ver, pero ahora, bajo la presión de los demócratas de la izquierda radical, la alcaldesa Muriel Bowser, que ha presidido durante años esta violenta toma criminal de nuestra capital, informó al Gobierno federal de que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperará con ICE en la expulsión y reubicación de extranjeros ilegales peligrosos”, escribió Trump.
“Si permito que esto suceda, la DELINCUENCIA volvería con fuerza. A los ciudadanos y las empresas de Washington D.C., NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO OCURRA. ¡¡¡Declararé el estado de emergencia nacional y federalizaré, si es necesario!!!”, añadió el presidente.

Bowser, una política demócrata, ha expresado preocupación por las operaciones de inmigración llevadas a cabo por la Administración Trump y ha dicho que los residentes de la capital estaban “viviendo con miedo”.
Cuando finalizó el periodo de emergencia la semana pasada, la alcaldesa dijo a los periodistas que la declaración presidencial le obligaba a facilitar los servicios del departamento de policía para fines federales, incluida la aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, dijo que “la aplicación de la ley de inmigración no es la función del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y, con el fin de la emergencia, no será lo que el MPD hace”. Bowser señaló que los agentes de policía federales seguirán en el distrito para “mejorar la misión de seguridad pública del MPD”.
Su oficina y el MPD no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Tras varias semanas de intervención federal en agosto, Bowser atribuyó la disminución de la delincuencia en la ciudad a la llegada de refuerzos, aunque señaló que la presencia de agentes de inmigración y tropas de la Guardia Nacional “no estaba funcionando”.

Datos sobre delincuencia recopilados por el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) indican que los crímenes disminuyeron durante la intervención federal al compararlo con el mismo período del año anterior. Entre el 11 de agosto de 2024 y el 10 de septiembre de 2024, se denunciaron 2,425 delitos, mientras que en el mismo periodo de 2025, se reportaron 1,979.
No está claro si Trump puede declarar unilateralmente otra emergencia para tomar el control de Washington D.C. El presidente habría necesitado la aprobación del Congreso para prolongar la primera, y el Congreso no actuó.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, recientemente presentó una serie de proyectos de ley contra el crimen que buscan codificar una orden ejecutiva de Trump de marzo para “restaurar la seguridad y la belleza” de Washington D.C.
El panel escuchará el jueves el testimonio de Bowser; el presidente del Concejo de Washington D.C., Phil Mendelson; y el fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, quien demandó a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional.

Mientras tanto, Trump anunció la semana pasada que planea desplegar la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, como parte de un esfuerzo similar para combatir el crimen. Además, ha amenazado con enviar tropas a Chicago, Nueva Orleans y Baltimore.
Los demócratas han cuestionado la autoridad del presidente para expandir su arremetida contra el crimen a otras ciudades, incluyendo Los Ángeles, adonde trasladó a 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en junio. Un juez federal dictaminó este mes que la decisión violó una ley del siglo XIX que prohíbe el uso de militares para hacer cumplir leyes civiles.