Hace medio siglo, Colombia no había comenzado a explotar de forma significativa sus recursos de gas natural. El consumo energético residencial e industrial se basaba principalmente en la quema de biomasa –como los productos de Conicol– y la quema de madera. Todo cambió en 1973, cuando se descubrió el pozo Chuchupa, uno de los más grandes del país en ese entonces, que marcó el inicio del desarrollo del sector gasífero nacional.
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Entre 2000 y 2015, el país logró mantener una balanza comercial de gas positiva, incluso exportando gas a Venezuela durante varios años. Sin embargo, desde 2015, la falta de decisiones estratégicas para explorar nuevas reservas, sumada a factores coyunturales, ha reducido las reservas probadas. Como resultado, Colombia ha tenido que recurrir a importaciones de gas natural licuado para cubrir su demanda interna. Esta situación responde principalmente al aumento de costos de transacción asociados a decisiones políticas y a una percepción internacional desfavorable sobre el entorno de inversión en el país, lo que genera un desbalance comercial que impacta negativamente tanto el sector de petróleo y gas como el costo de vida de los hogares colombianos.
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Desde que se comenzó con la importación de gas, en 2016, Colombia ha tomado decisiones vitales que han generado incertidumbre en el mercado en múltiples ocasiones. Según Chambers y Partners (2024), ese mismo año, con la expedición de la Ley 1819, se eliminó la posibilidad de deducir las regalías del impuesto sobre la renta, lo que incrementó significativamente la carga fiscal para las empresas del sector.
Posteriormente, en 2018, la Ley 1943 eliminó algunos beneficios de exención del IVA aplicables a segmentos específicos de la industria de petróleo y gas, lo que volvió a impactar negativamente las condiciones fiscales de las compañías. Según la misma fuente, como resultado de estos cambios, el government take –es decir, la proporción de las rentas de un proyecto que captura el Estado– alcanzó niveles cercanos al 70 por ciento.
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En 2022, el Gobierno colombiano indicó que no iba a dar más licencias exploratorias, lo que generó la más reciente incertidumbre en el mercado, y desde entonces ha venido aumentando el déficit de gas debido a las bajas reservas existentes; según Cabrales y Benavides (2025) en Fedesarrollo, entre 2012 y 2023, las reservas de gas natural probadas se redujeron de 5.727 a 2.373 gigapies cúbicos. En consecuencia, empresas majors (operadores globales de la exploración y producción gasífera-petrolera) como ExxonMobil y ConocoPhillips han decidido retirarse del mercado de petróleo y gas colombiano, y se desconoce si Chevron –que tiene activa participación en gas colombiano– se retirará después de la culminación de su contrato en 2026.
Golpe al bolsillo
El precio del gas natural residencial en Colombia ha venido escalando de manera constante, y con él la preocupación de millones de familias que dependen de este servicio para atender necesidades tan básicas como cocinar y calentar agua. En marzo de 2025, el Índice de Precios al Consumidor del gas registró una variación anual del 15,11 por ciento, una cifra que no solo revela una presión inflacionaria, sino que expone una falla estructural, ya que refleja la incapacidad del país para garantizar un suministro nacional suficiente y estable. Asimismo, según datos de la Bolsa Mercantil de Colombia, el precio promedio ponderado en el mercado primario aumentó de US$ 4,5 por MBTU (entre 2015 y 2022) a más de US$ 10,9 en los últimos meses.
Buena parte de este encarecimiento se explica por la creciente dependencia del gas natural importado en su forma licuada. Este tipo de gas, que llega al país en buques y debe ser regasificado antes de distribuirse por gasoductos, cuesta hasta cuatro veces más que el gas producido internamente. Y lo peor es que esta dependencia no es coyuntural, sino estructural, debido a que llevamos más de una década sin hallazgos significativos de nuevas reservas, y los proyectos de exploración avanzan con lentitud. La seguridad energética del país, sencillamente, está en riesgo.
Buena parte de este encarecimiento se explica por la creciente dependencia del gas natural importado en su forma licuada. Este tipo de gas, que llega al país en buques y debe ser regasificado antes de distribuirse por gasoductos, cuesta hasta cuatro veces más que el gas producido internamente.
Hoy, cerca del 23 por ciento del consumo energético de los hogares colombianos depende del gas natural. Y aunque existe un esquema de subsidios que cubre hasta el 60 por ciento del consumo básico en los estratos 1 y 2, este alivio se ha quedado corto frente al peso creciente de las tarifas. Cabrales y Benavides (2025) en Fedesarrollo estiman que, si la mitad de la oferta proviene de gas importado, las tarifas podrían dispararse: 44,6 por ciento en Bogotá, 44,9 en Medellín, 45,8 en Bucaramanga, 30,3 en Cali y 11,7 por ciento en Barranquilla.
Las consecuencias sociales de esta situación son profundas. Según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Dane, 2016-2017), los colombianos destinan en promedio el 14 por ciento de sus ingresos al pago de servicios públicos, una carga aún mayor para los más pobres. El aumento en las tarifas de gas reduce su margen de consumo para otros bienes esenciales como alimentación, salud y educación, lo que agudiza su vulnerabilidad. Y ante la imposibilidad de pagar el servicio, muchas familias se ven forzadas a recurrir a fuentes más contaminantes como la leña, lo que deteriora su salud y el medioambiente.
Este círculo vicioso es el rostro cotidiano de la pobreza energética, un fenómeno que ya afecta al 18,5 por ciento de la población colombiana y que podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes y estructurales. Importar gas es hoy una necesidad, pero no puede convertirse en una solución permanente ni en una carga que recaiga, como casi siempre, sobre los más vulnerables.
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Los costos ocultos
Desde la perspectiva del negocio, el principal costo asociado para Ecopetrol frente a estos eventos es la importación de gas natural licuado. En condiciones normales, Colombia no tendría por qué importar gas, y el impacto generado es sobre los costos operativos de estos procedimientos adicionales, pero también el efecto cascada entre los demás jugadores de la cadena, hasta el consumidor final.
Por otro lado, los jugadores independientes –que no llegan a cubrir una gran porción de la demanda nacional– como Canacol se ven gravemente afectados por las coyunturas políticas. En el sector energético, y específicamente en los concentrados en producción, la disciplina de capital es fundamental. Esto hace referencia a que los jugadores en el mercado constantemente estén aprobando nuevos proyectos y mejorando los existentes. En este caso, los jugadores independientes no están pudiendo seguir con su disciplina de capital, tampoco están pudiendo producir más y, por ende, no logran beneficiarse de los altos precios del mercado gasífero nacional. Este estancamiento también tiene impactos en la transición energética, la cual debe ser paulatina, pero se está atrasando por falta de inversión y de suficiente oferta nacional y, en consecuencia, esos esfuerzos que podrían enfocarse en nuevos proyectos más sostenibles terminan ahora enfocados en suplir la demanda existente en el país.
Perspectivas
Reservas: según el informe más reciente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas natural en Colombia llegaron a 2.065 giga pies cúbicos (GPC)al cierre de 2024, lo cual representa una vida útil de aproximadamente 5,9 años al ritmo actual de consumo. Esta cifra confirma la tendencia descendente observada en años anteriores: en 2023, las reservas ya se habían reducido a 2.374 GPC (6,1 años de vida útil), lo que muestra una disminución del 13 por ciento en tan solo un año. En el corto plazo, el país enfrenta el riesgo de declive en sus principales campos, como Ballena-Chuchupa en La Guajira, cuya producción ha venido disminuyendo sostenidamente desde 2016.
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A largo plazo, sin embargo, el país posee un potencial significativo en áreas costa afuera del Caribe, como el proyecto Sirius, donde empresas como Shell y Ecopetrol han avanzado en exploraciones prometedoras. Según Cabrales y Benavides (2025) en Fedesarrollo, el proyecto podría duplicar las reservas probadas actuales. No obstante, se requieren inversiones robustas y un marco regulatorio estable que garantice la continuidad de estos proyectos.
Balance: según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), el país se enfrenta a un escenario de presión creciente en el mediano y largo plazo, impulsado por tres factores clave: el aumento de la demanda térmica, el agotamiento progresivo de los campos actuales y la escasa capacidad del sistema para responder a eventos extremos como el Fenómeno del Niño.
Las proyecciones no son alentadoras. Si se mantiene una oferta limitada, Colombia podría enfrentar un déficit de gas natural desde finales de 2026, con una brecha estimada en doscientos Giga BTU por día (GBTUD). Aunque existen escenarios menos pesimistas –como aquel que contempla la entrada de nuevos recursos continentales y una leve ampliación de las importaciones–, el desequilibrio solo se aplaza hasta 2030. Incluso entonces, se proyecta un déficit puntual de 53 GBTUD, con un deterioro progresivo a partir de 2032.
Las proyecciones no son alentadoras. Si se mantiene una oferta limitada, Colombia podría enfrentar un déficit de gas natural desde finales de 2026
Inversión extranjera directa: la inversión extranjera directa en el sector de petróleo y gas está estancada, cada vez menos pozos están siendo explorados y perforados. Se espera que en 2025 la inversión en el negocio de exploración y producción tenga un fuerte retroceso en todos los segmentos a nivel global e incluso Fitch Ratings califica la perspectiva global del sector como deteriorada, a pesar de las posibles mejoras en Asia. En el caso local, para Latinoamérica, los países con mejores proyectos y expectativas son Brasil en su segmento aguas profundas y Argentina en su segmento terrestre –principalmente por el yacimiento Vaca Muerta–; no obstante, Colombia es cada vez menos representativo en el mercado del sector.
El negocio de este sector está diseñado para tomar riesgos –ya solo encontrar un pozo económicamente viable representa uno grande– y los jugadores majors, con una gran capacidad de inversión, solo van a entrar a un mercado en el cual tengan cierto nivel de libertad para moverse entre sus decisiones. La perspectiva pesimista para la inversión extranjera directa viene de este hecho fundamental: no hay capacidad de ser ágil en un mercado que tiene que estar en constante movimiento para generar valor.
Desde comienzos del siglo XXI, el sector gasífero colombiano ha transitado por un camino lleno de contrastes: de ser exportador neto a depender estructuralmente de las importaciones de gas natural licuado; de generar confianza para atraer inversión, a producir señales que alejan a los actores más relevantes del mercado.
Las decisiones adoptadas en materia fiscal, regulatoria y exploratoria han contribuido a deteriorar el entorno de inversión, a comprometer la autosuficiencia energética del país y a retrasar la transición energética. Hoy, tanto los hogares como las empresas enfrentan las consecuencias de una estrategia sin visión de largo plazo, marcada por incertidumbre, desinversión y costos crecientes.
Daniel Rueda (*) y Jaider Murcia(**) – Razón Pública (***)
(*) Analista de tesorería en SLB, candidato a Especialista en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia y economista de la misma institución. (**) Joven investigador de la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, candidato a magíster en Economía y economista de la misma institución. (***) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia. Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.
