Colombia
‘Una irregularidad absoluta en los sistemas de información’

 
En un evento realizado este jueves en Barranquilla para socializar los avances en la gestión de recursos del sistema de salud, el director de la ADRES, Félix León Martínezse refirió con contundencia a las inconsistencias detectadas en la facturación de servicios médicos a personas fallecidas. El informe técnico, publicado el pasado 28 de octubre, reveló que entre 2018 y 2023 se facturaron $2,3 billones por atención a 471.480 personas fallecidasmuchas de ellas en departamentos del Caribe como Atlántico, córdoba y Magdalena.
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León explicó que las EPS registraron en el sistema la fecha de expedición de las facturas, y no la fecha en que se prestaron los servicios, lo que genera una distorsión grave en los datos. “En este punto es una irregularidad absoluta en los sistemas de información de las EPS. Las EPS reciben billones para tener sistemas de información poderosos de administración y no están cumpliendo sus obligaciones”, afirmó.
El director también cuestionó que las EPS hayan tomado decisiones de modificar los registros asistenciales del país “sin ninguna autoridad”, lo que compromete la transparencia del sistema. “Han cambiado los registros sin autorización, y eso es grave”, insistió. El informe reveló que Sura EPS lidera el listado de entidades con mayores valores facturados por servicios a personas fallecidas, con 50.404 casos y un monto de $684.969 millones. Le siguen Compensar EPScon $418.970 millones, y Savia Salud EPScon $261.580 millones.
Imágenes del evento, realizado en la Universidad del Norte. Foto:cortesia
En el evento, León destacó la labor de la unidad de analítica de la ADRESconformada por matemáticos, ingenieros de sistemas y otros profesionales, que permitió detectar el patrón irregular mediante el cruce entre la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y la Base de Prestación de Servicios (Suficiencia). Fue allí donde se evidenció que hasta el 68 % de los servicios fueron facturados. entre 2 y 30 días después del fallecimiento del paciente.
La socialización en Barranquilla forma parte de la estrategia de transparencia territorial de la ADRES, que busca acercar su gestión a los departamentos y fortalecer el control sobre el uso de los recursos públicos. En el Atlántico, 23 IPS fueron objeto de suspensión de pagos por irregularidades similareslo que refuerza la necesidad de vigilancia en la región.
En la mira prestadoras de salud en el Atlántico
A propósito de esta irregularidad, en el departamento del Atlántico la ADRES ha venido detectando desde 2024 un patrón de irregularidades que involucra a IPS fantasma o de papelentidades que figuran como habilitadas en el sistema pero que no cuentan con infraestructura real para prestar los servicios que facturan.
Algunas direcciones no contaban con instalaciones reales para prestar algún servicio de salud. Foto:DIRECCIONES
En septiembre de 2025, la ADRES suspendió pagos a 12 IPS del Atlántico que reclamaban más de $4.911 millonestras comprobar que operaban desde direcciones inexistentes, casas abandonadas, tiendas o incluso restaurantes. La medida fue adoptada mediante la Resolución 0087804, como parte de una acción nacional que involucró a 23 IPS en cuatro departamentos, pero con el Atlántico concentrando más de la mitad de los casos.
En total, se han identificado 28 IPS irregulares en Atlántico. Foto:Alcaldía de Soledad
Un recorrido de verificación realizado por medios locales y auditores contratados por la ADRES reveló que muchas de estas entidades no tenían instalaciones físicas ni personal médico, a pesar de haber radicado cuentas por atención a víctimas de accidentes de tránsito, especialmente en vehículos sin SOAT.
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En total, se han identificado 28 IPS irregulares en Atlánticodistribuidos en municipios como Soledad (12 IPS), Malambo (6), Barranquilla (5), y otros en Baranoa, Galapa y Sabanalarga. La ADRES ha denunciado estos casos ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de fraude, falsedad documental y apropiación indebida de recursos públicos, en lo que se considera uno de los desfalcos más graves al sistema de salud en la región.
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