Denuncia por Uso de Niños Embera en Protestas de Bogotá

El uso de niños Embera en las primeras líneas de confrontación en Bogotá fue calificado como un delito por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres. Los hechos se registraron el miércoles 29 de abril de 2026 en las inmediaciones de la sede del Ministerio del Interior, donde comunidades indígenas se enfrentaron con la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). El uso de niños Embera como “escudos humanos” se refiere a la utilización deliberada de menores de edad para resguardar a adultos en medio de situaciones de riesgo o conflicto, una práctica que el ICBF ha denunciado formalmente.

¿Qué implicaciones tiene el uso de niños Embera en manifestaciones?

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran a adultos posicionándose detrás de niños de corta edad para impedir el avance de las autoridades, lo que impulsó al ICBF a instaurar las denuncias correspondientes ante la justicia. Astrid Cáceres afirmó que “no hay ninguna excusa para lo que acá veo” y que el acto es “un delito”. El presidente Gustavo Petro manifestó su rechazo a través de sus canales oficiales, enfatizando que “los niños y las niñas son primero en la sociedad”, mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, reportó el bloqueo de la salida de aproximadamente 1.200 funcionarios de diversas entidades.

El ICBF, según su reporte, ofreció alternativas de protección a la comunidad indígena antes de los disturbios. Estas incluían albergue, alimentación y acompañamiento para los menores de edad, buscando evitar su exposición al riesgo en la vía pública; sin embargo, fueron rechazadas por los líderes de la movilización.

Entre los puntos clave del incidente y la respuesta institucional se destacan:
Denuncia formal: El ICBF radicó denuncias ante la justicia, calificando el uso de niños Embera como un delito.
Rechazo presidencial: El presidente Gustavo Petro condenó los hechos, subrayando la prioridad de los derechos de la niñez.
Bloqueo de funcionarios: Cerca de 1.200 empleados públicos quedaron retenidos en las instalaciones del Ministerio del Interior.
Oferta de protección: El ICBF brindó alternativas de refugio y asistencia para los menores, las cuales fueron rechazadas por los manifestantes.

Reacciones y contexto de las protestas

Los disturbios del 29 de abril, protagonizados por integrantes de la comunidad indígena Embera Katío, incluyeron la rotura de vidrios en las sedes Bancol y BIP del Ministerio del Interior. Se reportó la retención de aproximadamente 200 ciudadanos, entre ellos funcionarios públicos, quienes solicitaron ayuda a través de mensajes lanzados por las ventanas.

Libaniel Queragama, líder de la comunidad indígena, manifestó que no existe voluntad de diálogo por parte de las autoridades y señaló que los funcionarios también mantenían retenida a la comunidad. El Gobierno Nacional indicó que la situación actual se deriva de un proceso de 15 días de bloqueos previos, según información recopilada por El Tiempo.

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