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La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en su intervención emitió un aviso sobre una potencial crisis energética en el Caribe colombiano, a causa del incumplimiento en el abono de las deudas que la empresa encargada del servicio debe a los generadores y transmisores de energía.
En una comunicación dirigida al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), Yanod Márquez Aldana, la organización instó a la entidad a asumir su responsabilidad y saldar los compromisos financieros que sumarían cerca de 2 billones de pesos.
El incumplimiento de estas obligaciones, según la Veeduría, podría ocasionar un apagón en Atlántico, La Guajira y Magdalena afectando a 5.4 millones de habitantes y poniendo en peligro la operatividad del sector productivo e institucional de esos departamentos.
“La situación financiera de Air-e ha llegado a un nivel crítico y su repercusión podría ser desastrosa si no se adoptan medidas urgentes”, advirtió la Veeduría, integrada por los comités intergremiales de Atlántico y Magdalena, las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI Atlántico-Magdalena.
Responsabilidad ante Superservicios
La Veeduría subrayó que las dificultades de Air-e para cumplir con el pago de la energía adquirida no son recientes, pero se han intensificado durante la administración de la Superservicios.
“La Superintendencia, al estar a cargo de la empresa intervenida, debe garantizar la prestación del servicio con todos los derechos y obligaciones que esto conlleva. Su falta de diligencia ha afectado financieramente a las generadoras y transmisoras, perjudicando su capacidad operativa”, advirtió la organización.
Además de su solicitud a la Superservicios, la Veeduría pidió la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para prevenir el colapso del servicio eléctrico en la región. En su comunicado, recordó que la Superintendencia es la entidad encargada de administrar el fondo empresarial y garantizar los recursos para las empresas intervenidas.
Existe temor en la región por un apagón. Foto:Efusión
En ese contexto, urgieron al Ministerio de Hacienda para que autorice el desembolso de los recursos necesarios para cubrir las deudas de Air-e y evitar mayores impactos.
El fundamento legal de esta exigencia se encuentra en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, que establece que el Fondo Empresarial tiene como finalidad garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de energía.
Según la Veeduría, la Superservicios tiene la facultad de realizar operaciones de crédito público o solicitar créditos de tesorería con el respaldo de la Nación para cubrir estas obligaciones.
La empresa Air-e está bajo la supervisión del Estado. Foto:CORTESÍA AIR-E
Asimismo, la Veeduría realizó un llamado al Ministerio de Hacienda para que se salden las deudas de la nación que subsidia, y que se destinen recursos del presupuesto para fortalecer financieramente a la empresa y asegurar la continuidad del plan de inversiones en infraestructura eléctrica, que se inició antes de su intervención.
“El pago de estas deudas no es solo una responsabilidad contractual de Air-e, sino una obligación directa de Superservicios como entidad interventora. Su falta de acción está poniendo en riesgo la estabilidad energética de la región caribe”, concluyó la Veeduría, reiterando su llamado a las autoridades para evitar una crisis de gran envergadura en el sistema eléctrico regional.
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