Vox se opone a la ley de ‘lobbies’ en el Congreso: ¿inequidad al excluir a partidos, sindicatos y patronales?

Vox ha presentado una modificación integral en el Congreso pidiendo que la Cámara devuelva al Gobierno y no tramite la propuesta de Ley sobre la transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, argumentando que esta medida impone un “control administrativo excesivo” sobre la influencia de los ‘lobbies’ en las decisiones públicas, mientras excluye a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales.

En la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica que “en lugar de establecer una regulación equilibrada y objetiva”, el texto introduce un marco normativo que “podría resultar en un control excesivo, orientado principalmente a la supervisión de entidades privadas y sectores no alineados con la acción gubernamental”.

No obstante, la crítica principal de Vox es que el Gobierno propone una aplicación “asimétrica” de esta regulación, lo que “desvirtúa por completo” el propósito de la ley al excluir a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales del concepto de grupo de interés.

EXIME DE CONTROL A SUS ALIADOS ESTRATÉGICOS

Para los integrantes de Santiago Abascal, esa exclusión “no es casual”, sino que “responde a la intención del Gobierno de proteger a sus aliados estratégicos que, bajo el amparo de la concertación social y la intervención pública, han fortalecido su posición como los principales grupos de interés en España, al tiempo que reciben millones de euros cada año del erario, ya que no son capaces de sostenerse únicamente con las cuotas de sus afiliados”.

En este contexto, el partido denuncia que se intente imponer “un marco regulatorio rígido” a las entidades privadas que buscan influir en la formulación de políticas, mientras se deja “vía libre a los partidos políticos para ejercer su presión sobre los empleados públicos sin restricciones ni exigencias de transparencia”.

De acuerdo con Vox, si el verdadero objetivo de esta ley fuera garantizar la integridad y la rendición de cuentas en la influencia pública, el Gobierno “debería comenzar por hacer públicos los contactos y reuniones del presidente del Gobierno con los líderes de las principales empresas españolas”. Abascal ha estado exigiendo durante meses al presidente Pedro Sánchez que revele con qué referentes de empresas del Ibex se reunió para solicitarles que recibieran a su esposa, Begoña Gómez.

“El Gobierno quiere centrarse en la vigilancia de grupos más pequeños, asegurando que solo aquellos que cuenten con el respaldo del poder puedan continuar operando sin inconvenientes”, critica Vox en su enmienda de devolución.

CENSURA INSTITUCIONALIZADA

Además, argumentan que el Registro de Grupos de Interés de la Administración General del Estado (AGE), donde deberán registrarse y que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda, “abre la puerta a un modelo de control selectivo que podría llevar a una censura institucionalizada”.

Vox también se opone a que se impida a los altos cargos de la AGE trabajar en ‘lobbies’ relacionados con los temas que han tratado en la administración durante los dos años posteriores a su salida. Para el partido, se trata de una limitación “insuficiente” que será “fácilmente evadida”.

“En resumidas cuentas, el proyecto de ley tal como está formulado no busca regular la actividad de influencia, sino someter a control únicamente a aquellos grupos de interés que no cuentan con el apoyo del Gobierno, perpetuando así una estructura de influencia política encubierta bajo la excusa de la transparencia, protegiendo los intereses de sus aliados”, sintetiza la enmienda de totalidad.