Un impuesto temporal de hasta 1,6 por ciento sobre el patrimonio líquido de las empresas es la nueva apuesta del Gobierno para financiar la emergencia económica derivada de la ola invernal. La medida, presentada por el Ministerio de Hacienda en el consejo de ministros, busca cubrir un costo estimado de 8 billones de pesos para atender y reconstruir las zonas afectadas.
La propuesta contempla una tarifa general de 0,5 por ciento para personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT —unos 10.474 millones de pesos— y una tarifa diferencial del 1,6 por ciento para los sectores financiero y minero-energético. Según las proyecciones oficiales, el 56 por ciento del recaudo provendría precisamente de estas dos actividades.
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El nuevo esquema surge tras la suspensión de medidas tributarias previas por parte de la Corte Constitucional, lo que obligó al Ejecutivo a estructurar un instrumento alternativo mediante decreto de emergencia para garantizar liquidez inmediata.
El balance preliminar presentado por Hacienda evidencia el tamaño del impacto climático: 65 emergencias registradas, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias resultaron afectadas y se reportan 10 fallecidos.
A esto se suman daños severos en infraestructura crítica —viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud—, la destrucción de más de 4.100 viviendas y la afectación de cerca de 20.000 hectáreas productivas.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Jazmín Orjuela. Prensa Cámara de Representantes
La factura de 8 billones de pesos incluye atención humanitaria inmediata, rehabilitación de infraestructura y recursos para reactivar la producción en las regiones golpeadas.
Alivios del sector financiero
En paralelo a la estrategia fiscal, el sector financiero presentó un paquete de alivios tras la reunión sostenida ayer con el Gobierno. El plan incluye un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia, suspensión de cobros —incluso en cartera en mora—, atención prioritaria y programas de educación financiera.
Hacienda Banqueros-2 Foto:Ministerio de Hacienda
Aunque el Ejecutivo valoró positivamente estas medidas, dejó claro que espera acciones adicionales.
Entre las propuestas planteadas está la reducción de tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores rurales que, pese a contar con coberturas del Fondo Nacional de Garantías de hasta 90 por ciento del riesgo, siguen enfrentando barreras de acceso.
También se propuso fortalecer el crédito asociativo y articular la financiación rural con la estrategia de reforma agraria, con el fin de que la entrega de tierras esté acompañada de capital productivo efectivo.
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Trabajo coordinado
El mensaje del Gobierno es que la emergencia exige una respuesta coordinada entre política fiscal y sistema financiero. El impuesto temporal busca asegurar recursos en el corto plazo sin comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, mientras que los alivios crediticios apuntan a evitar un deterioro masivo en la cartera y a sostener la actividad productiva en las regiones más vulnerables.
En los próximos días se conocería el plan consolidado con medidas adicionales. La prioridad, según Hacienda, es doble: responder a la tragedia humanitaria y evitar que el choque climático termine profundizando las presiones económicas sobre hogares y empresas en las zonas afectadas.
