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La velada del 15 de noviembre, Learse Roniel Teherán Guevara abandonó su hogar en Galapa para llevar a cabo la actividad que le proporcionaba ingresos: recaudar pagos de préstamos en el barrio La Candelaria Etapa II. Tenía 22 años y había estado en el oficio durante cuatro meses. A las 8:30 pm, mientras regresaba, un asesino a sueldo lo abordó y le disparó en tres ocasiones. Falleció instantáneamente.
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Las amenazas recibidas desde septiembre se materializaron. Se dice que el grupo delictivo de “Los Costeños” le había estado demandando pagos por operar una ruta sin permiso y por administrar una línea autónoma de préstamos. es el último eslabón de una cadena de violencia que este año ha registrado 31 cobradiarios asesinados en Barranquilla y el Atlántico, un fenómeno que se ha convertido en una alarma roja para las autoridades.
Una ocupación bajo asedio: estadísticas que muestran la magnitud
En 2024, los reportes oficiales indicaban 19 homicidios relacionados con cobradiarios en todo el Atlántico; este año, el número aumentó a 31 víctimas, aún con más de 40 días restantes para cerrar el conteo. De acuerdo con analistas en seguridad, el incremento del 63% no solo evidencia la expansión de las economías ilícitas, sino también la consolidación de un patrón de violencia contra quienes se dedican al “gota a gota”, que ha dejado de ser eventual para convertirse en estructural.
Muchas familias de Barranquilla cubren sus gastos con estos prestamistas ilegales. Foto:Archivo EL TIEMPO
Este oficio se encuentra presente en casi todos los barrios de la capital del departamento y su área metropolitana. Operan en la calle, vulnerables a amenazas, extorsiones, ajustes de cuentas y limitados a las mencionadas. ‘rutas de cobro’. Estos son el núcleo de la contienda, microterritorios donde cada cobrador simboliza capital y control, desatando así una guerra silenciosa entre bandas como Los Costeños y Los Pepes, que consideran este negocio como una renta ilícita tan lucrativa como el microtráfico.
Así, el “gota a gota” opera sobre un mapa invisible. Cada barrio cuenta con rutas designadas, y entrar sin autorización puede ser igual a firmar una condena de muerte. Las organizaciones criminales imponen cuotas extorsivas y supervisan cada movimiento. “Cuando alguien se introduce en una zona sin permiso o se niega a abonar la cuota exigida, se generan amenazas, ataques o asesinatos”, explica el analista de seguridad Arturo García.
Estas rutas son más que simples calles y carreras, hijo. puntos de poder. En ellas se recauda dinero provenientes…
de créditos informales que nutren una red delictiva: acreedores ilegales → cobradores → extorsión → lavado de activos → adquisición de armas. La actividad genera millones cada mes y no es tan descabellado afirmar que sostiene la guerra urbana que dejó más de 440 fallecidos desde 2024 en el Atlántico, además de una cifra significativa en este 2025.
A pesar de que los ‘pagadarios’ se han vuelto comunes en casi todo el país como una solución rápida para aquellos que no tienen acceso al sistema financiero formal, es una práctica ilegal en Colombia. El Código Penal, en su artículo 305, clasifica como delito usurero el cobro de intereses que superan la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera, con sanciones que oscilan entre 32 a 90 meses de encarcelamiento y multa de 66 a 300 salarios mínimos.
Las llamadas amenazantes son parte del patrón de violencia hacia quienes se dedican a esto. Foto:EL TIEMPO
Además, esta modalidad a menudo está ligada a extorsión, coacciones, lavado de dinero, concierto para delinquir e incluso homicidios, ya que las redes que controlan el negocio operan bajo una lógica criminal y métodos violentos para asegurar el cobro. En este contexto, la ilegalidad del sistema ayuda a entender por qué los cobradores no se relacionan directamente con las autoridades para su protección, puesto que hacerlo significaría admitir que participan en una actividad ilícita. Esta situación los ubica en una zona ambigua donde la falta de regulación y de garantías los expone a la extorsión y a la muerte.
Las teorías que podrían explicar la alarmante cifra de prestamistas asesinados
Las investigaciones han identificado tres líneas que esclarecen la violencia:
Conflicto territorial: las rutas de cobro son activos estratégicos. Cada cobrador representa ingresos diarios y cuando alguien invade una zona ajena, la reacción es mortal. Las bandas no llegan a un acuerdo; primero envían advertencias y luego sicarios.
Fraudes internos: las investigaciones y versiones no oficiales sostienen que algunos cobradores han sido asesinados por desvío de fondos o préstamos no autorizados. Las estructuras criminales a cargo se encargan de sancionar cualquier desvío con violencia extrema.
Conflictos con deudores: Finalmente, varias muertes han surgido como represalia de clientes incumplidos. Apretados por los cobros agresivos, algunos han contratado sicarios para eliminar al cobrador o se han enfrentado a ellos en peleas que terminan en tragedia.
Por ejemplo, el caso de Learse Roniel Teherán Guevara (Galapa, 15 nov) está directamente relacionado con extorsión. Desde septiembre recibía mensajes amenazantes y aunque operaba en una ruta formal y manejaba sus préstamos de forma independiente, Esa noche un sicario lo interceptó y le disparó tres veces.
En otro caso en la Ciudadela Metropolitana (Soledad, 8 nov), Víctor Movilla Jinete (24 años) y Jasén Fernando Barrios (31 años) fueron asesinados por sicarios en motocicleta mientras realizaban cobros. Las autoridades también consideran que el ataque está vinculado a la negativa de pagar extorsiones exigidas por bandas locales.
A pesar de llevar mucho efectivo consigo, los robos son los que menos se atribuyen a las muertes. Foto:César Malgarejo / EL TIEMPO
Cada relato puede…
poseer sus propias tonalidades y motivaciones particulares, no obstante una evaluación crítica ratifica el esquema de asesinos en motocicleta, tiros precisos y comunicaciones agresivas que, en nuestro entorno, únicamente corresponden a la existencia de organizaciones delictivas estructuradas implicadas en este comercio.
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A lo largo de este año, se han efectuado más de 260 detenciones por crímenes asociados y se han confiscado armas y vehículos empleados en los asaltos. A pesar de ello, la violencia persiste: un incremento del 63% refleja la afianzamiento de estas industrias ilegales y la vulnerabilidad de quienes subsisten día a día.
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