Aunque los fondos privados de pensiones (AFP) tengan la disposición de entregarle a Colpensiones los trabajadores de alto riesgo que cotizan para su pensión en cualquiera de esas entidades (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia), así como los recursos que hayan acumulado hasta ahora para su jubilación, dicho proceso no es tan fácil como lo plantea Jaime Dussán, presidente de la administradora pública, pues eso implica ‘torcer’ algunas normas, comentaron expertos consultados.
Según el funcionario, las AFP se quedaron con al menos 45.000 trabajadores de alto riesgo (bomberos, funcionarios de las cárceles, mineros), los cuales por ley deben estar cotizando para su jubilación en Colpensiones. “Eso implica que los fondos privados me deben o le deben a Colpenciones 9 billones de pesos”, insistió Dussán en un foro sobre las reformas que necesita Colombia, organizado por la revista Cambio este 30 de septiembre.
LEA TAMBIÉN
También mencionó que el Gobierno obligará a los fondos privados a que les devuelvan esos recursos y una vez los tenga Colpensiones “me van a ayudar a mermar recursos del Presupuesto General de la Nación, a contribuir con el Pilar Solidario y a pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el bono pensional de 300.000 (pesos) y puede incrementarse cada año con el salario mínimo o el IPC, como lo ha propuesto el señor Presidente”, explicó Dussán.
Aunque Colpensiones está en su derecho de solicitar que esos trabajadores de alto riesgo que aún cotizan para su pensión en las AFP sean trasladados a la entidad pública, lo cierto es que ese proceso no se puede hacer en ‘masa’ como lo plantea el funcionario, pues con ello se estaría contraviniendo varias normas, explicó un experto en materia pensional.
Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto:Colpensiones
La primera de esas normas es la Ley 100 de 1993, que establece que las personas tienen derecho a elegir el régimen en el que quieren cotizar para su pensión; la segunda es el Decreto 2090 del 2003, que define las actividades de alto riesgo y establece el régimen de pensión especial para los trabajadores que las realizan, mientras la tercera es la Ley 1748 del 2014 o de doble asesoría, que indica que para realizar un cambio de régimen se debe solicitar primero la doble asesoría.
Explica la fuente consultada que en ese propósito del Gobierno hay varios aspectos que se deben tener en cuenta y que no son tan fáciles de solucionar, por lo menos en el tiempo récord que busca el presidente de Colpensiones, pues primero hay que establecer de cuantos afiliados se está hablando con certeza y los recursos, pues si bien puede ser una cifra considerable, es difícil que alcance los 9 billones que menciona Jaime Dussán.
LEA TAMBIÉN
Alto riesgo
Los trabajadores que pertenecen a este grupo y que pueden pensionarse con 700 semanas cotizadas, con 55 años o menos si cuenta con más semanas cotizadas son aquellos que realizan trabajos en minas de socavón, con exposición a altas temperaturas, a radiaciones ionizantes, aquellos que manipulen sustancias cancerígenas comprobadas, que realicen actividad de control de tránsito aéreo con licencia de la Aeronáutica Civil, bomberos, personal de custodia y vigilancia del Inpec en centros carcelarios.
El problema es que pese a que la norma se expidió en el 2003 muchas de las personas que cumplían esos requisitos no se trasladaron a Colpensiones y continuaron cotizando en los fondos privados con la obligación de que sus empleadores les hicieran el aporte extra del 10 por ciento que establece la norma (Decreto 2090 del 2003).
Así, la cotización para pensión de un trabajador de alto riesgo en Colombia es del 26 por ciento sobre el ingreso base de cotización (IBC), es decir, 10 por ciento adicional a la cotización estándar del 16 por ciento. Ese aporte adicional lo debe realizar el empleador, mientras que el 16 por ciento normal se divide entre el trabajador y el empleador (4 y 12 por ciento, respectivamente).
El 80 por ciento de esas personas se inscribieron con posterioridad al 2003 y lo que ha sucedido es que si a esas personas su condición laboral cambio, es decir, pasaron de un trabajo normal a uno de alto riesgo, pues no se cambiaron de régimen sino que permanecieron en el que estaban (AFP) y solo al final, si les conviene más Colpensiones, pues se cambian. Es una situación muy compleja, explica la fuente.
Claridad jurídica
Para el experto lo que se desprende de esta situación es que el Gobierno en medio de sus afugias fiscales saca un concepto, a través de los ministerios de Trabajo y de Salud en el que ordena a los operadores de la Pila no recibir extracotización si no están cotizando en Colpensiones, por lo que dichos ministerios comienzan a exigir el traslado de esos trabajadores de alto riesgo a la entidad pública.
Foto:Jhon Jairo Bonilla / EL TIEMPO
Y es ahí donde comienzan a incumplirse las normas, pues a esos trabajadores se les está negando el derecho de contar con esa extracotización que les otorga la ley. Pero además, se quiere hacer un traslado en masa de esos empleados sin el cumplimiento de la doble asesoría que se exige en estos casos, para que las personas estén bien informadas sobre el régimen en el que más les conviene estar y así se lo hizo saber la propia Superintendencia Financiera al Ministerio del Trabajo.
Para el experto, quizás por eso es que los fondos privados se han mostrado renuentes a realizar esos traslados en esas condiciones, pues si lo hace, se exponen a numerosas y millonarias demandas, por lo que ante esa circunstancia lo que debería existir es claridad jurídica por parte del Gobierno para que ese proceso se surta de la manera más transparente y ajustada a la ley.
Indicó, además, que no es muy claro el uso que se le dará a esos recursos, pues el presidente de Colpensiones advierte que se pagará pensiones y los subsidios a los 3 millones de ancianos que nunca han recibido un bono (300.000 pesos), lo cual va en contra dela destinación específica que debe tener ese ahorro pensional según la Constitución.
“Es una medida muy peligrosa porque lo que hace es desacumular fondos que tienen destinación específica para un problema de gobierno, es decir, de caja. Las cotizaciones son para pagar pensiones, punto. Utilizar esos recursos para pagar pensiones le permite libera espacio fiscal, quizás por eso el Gobierno busca que esos traslados se produzcan antes que la Corte Constitucional defina la viabilidad de la Reforma Pensional, pues si la declara exequible, esos recursos tendrán que permanecer en los fondos privados hasta que las personas se pensionen y ahí si, se les deba dar traslado a Colpensiones”, puntualizó el experto.
