La infraestructura vial en Colombia se sostiene sobre un modelo de gestión dual. Por un lado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) administra la red de grandes concesiones para modernizar los corredores primarios con inversión privada.
Por otro, el Instituto Nacional de Vías (Invías) se encarga directamente del mantenimiento de los corredores no concesionados y de la extensa red secundaria y terciaria.
Esta división implica que el estado y la calidad de los corredores varíen drásticamente. Los tramos bajo concesión de la ANI, financiados por el sector privado, suelen mostrar avances significativos en modernización y servicios al usuario.
En contraste, las vías gestionadas por el Invías, que dependen enteramente de los recursos públicos, enfrentan desafíos persistentes en mantenimiento.
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Unidad Funcional 2 Foto:Covipacífico
Datos de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) indican que el Invías tiene actualmente a su cargo una red de 10.483 kilómetros en el país.
De este total, el 81 por ciento se encuentra pavimentado (8.526 kilómetros), mientras que 1.957 kilómetros hacen parte de vías destapadas, especialmente de vías secundarias y terciarias.
Otro dato que llama la atención es que, de esos 8.526 kilómetros que están pavimentados, en 2.134 kilómetros se tienen instalados 32 peajes. Es decir que hay un peaje cada 66,7 kilómetros.
A diferencia del Invías, el 100 por ciento de los 7.856 kilómetros que la ANI les ha entregado a concesionarios privados se encuentran pavimentados, no hay ningún kilómetro destapado.
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Foto:Invías
En estas vías se han instalado 121 peajes, lo cual significa que los conductores se encuentran un peaje cada 65 kilómetros, en promedio. La diferencia frente a la red del Invías en mínima.
“Tan protuberante es el contraste entre las vías concesionadas y aquellas manejadas por el Estado (Invías). No es un asunto menor si se tiene en cuenta que Colfecar representa a quienes diariamente recorren las carreteras del país”, destacó el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo.
Colfecar también puso en evidencia el avanzado deterioro que tienen las vías a cargo del Estado y destacó las condiciones óptimas de las carreteras que operan bajo el modelo de concesión en Colombia.
De los 2.134 kilómetros con peajes a cargo del Invías, solo el 46 por ciento está en buen estado, el 33 por ciento es regular y el 21 por ciento está en malas condiciones. Por el contrario, el 100 por ciento de las vías concesionadas se encuentran en buen estado.
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Unidad funcional 5 de Pacífico 3 Foto:Concesión Pacífico 3
“Con estos resultados nos quieren echar el cuento que si a la concesión se le termina el tiempo, entonces la va a asumir Invías. Eso es un peligro que no podemos permitir”, aseguró la presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández.
Un aspecto adicional que cuestiona el gremio es la inestabilidad gerencial que padece el sector. El problema es idéntico en ambas entidades: mientras que el Invías ha tenido ocho directores en tres años, por la ANI han pasado seis presidentes.
La presidenta ejecutiva de Colfecar considera que “una alta rotación ralentiza todo, dificulta tomar decisiones y finalmente todos terminamos pagando los gastos”.
Esto se suma a la constante escasez de recursos que enfrenta el Invías, pues el 60 por ciento de su presupuesto proviene directamente de la Nación, y el 40 por ciento restante se financia con el recaudo de peajes.
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Foto:Invías
De acuerdo con Nidia Hernández, el giro inoportuno de recursos impide al Invías gestionar soluciones estructurales en las carreteras que tiene a su cargo. Esto obliga a la entidad a recurrir únicamente a “paños de agua tibia”.
Aunque las vías concesionadas no sufren por falta de presupuesto, sí existe un “claro desincentivo al modelo de concesión, satanizando la inversión privada”. Esto se evidencia en la intención del gobierno de Gustavo Petro de cambiar las reglas de juego del sector.
Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) alista un decreto que da vía libre al Gobierno para reprogramar el plazo y/o la distribución anual de vigencias futuras que han sido autorizadas previamente. “Eso está alejando a toda la inversión privada”, advirtió la presidenta ejecutiva de Colfecar.
También alertó que ha habido un incremento en litigios y arbitramentos. Si bien el Estado debería gestionar cualquier conflicto para evitar al máximo reclamaciones, actualmente se tienen 40 procesos en curso, que terminarían pagando todos los colombianos.
