En el entramado del gasto público colombiano existe una figura poco conocida por la ciudadanía, pero que maneja sumas millonarias, tiene una influencia creciente en la ejecución del presupuesto nacional y pese a que desde allí se ha abierto la puerta a casos de corrupción como los de Gestión del Riesgo, no son fiscalizados como se debiera.
Se trata de los fondos extrapresupuestales, un mecanismo legal que está vigente desde hace años, creados con el propósito de agilizar la inversión pública en áreas estratégicas o atender emergencias, pero que, pese a su tamaño, ha operado a un nivel de discrecionalidad que hoy en día despierta alertas en entidades de control y organizaciones de la sociedad civil.
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Uno de los más recientes llamados proviene de Transparencia por Colombia, que en diálogo con Portafolio advirtió sobre los riesgos de corrupción y opacidad asociados a estos fondos, resaltando que, por ejemplo, en el Presupuesto General de la Nación de 2025 se identificaron 26 fondos extrapresupuestales que, en conjunto, sumaron $30,9 billones, cifra que equivale a más de una reforma tributaria promedio.
El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, explicó que “estos fondos son mecanismos legales a través de los cuales se ejecutan recursos públicos para atender emergencias o desarrollar programas estratégicos, pero no siguen los mismos parámetros del presupuesto nacional. Eso los hace más ágiles, pero también más difíciles de controlar”.
Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia
Cortesía – A.P.I.
En otras palabras, son bolsas paralelas de dinero público que operan con regímenes especiales, usualmente bajo normas del derecho privado y a diferencia de las partidas ordinarias del presupuesto, que deben ajustarse a los procedimientos de contratación estatal, estos fondos pueden tomar decisiones más flexibles, lo que implica una mayor discrecionalidad en la asignación y ejecución de los recursos.
La diferencia entre la regla y la excepción
Para explicar mejor la importancia del tema, Hernández recordó que un fondo extrapresupuestal “sale de las reglas tradicionales que debe observar cualquier otro ítem de gasto público”. Esto significa que el dinero destinado a esos fondos no se somete a los mismos controles de transparencia, publicidad o trazabilidad que el resto del presupuesto.
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Por ejemplo, los contratos derivados de esos recursos no siempre se publican en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), la plataforma que centraliza la información sobre la contratación estatal en Colombia y aunque una norma reciente (la Ley 2195 de 2022 o la última gran reforma anticorrupción) obligó a todas las entidades públicas, incluidas las que manejan estos fondos, a publicar su información contractual, el cumplimiento ha sido irregular.
“En muchos casos sí se publica algo de información, pero de manera incompleta o confusa”, señala Hernández, quien resalta que “cuando comparamos lo que recibimos al solicitar información con lo que aparece en SECOP, encontramos vacíos y deficiencias. Eso quiere decir que, aunque se aparenta cumplimiento, en realidad la ciudadanía no puede saber con claridad cómo se está usando la plata”.
El Gobierno Nacional debe fortalecer la fiscalizacióin de los recursos públicos.
Imagen de ChatGPT
El resultado es un panorama de opacidad estructural, ya que en teoría, los fondos extrapresupuestales deben complementar la gestión del presupuesto nacional; pero en la práctica, muchos de ellos terminan actuando como espacios autónomos de decisión, con baja rendición de cuentas.
Discrecionalidad y riesgo
La discrecionalidad, explica Hernández, es la palabra clave para entender el problema, puesto que a diferencia de un ministerio o una entidad que debe seguir los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva al contratar, estos fondos pueden decidir cuándo, cómo y con quién gastar los recursos, sin estar obligados a rendir cuentas detalladas sobre los criterios de esas decisiones.
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“Cuando decimos que hay discrecionalidad, significa que se pueden ejecutar los recursos sin tener que explicar los criterios utilizados para su asignación. Si se quiere hacer contratación directa, se hace. Si se quiere abrir una licitación, se abre. Pero no existe la misma obligación de justificar por qué se tomó una u otra decisión”, acotó.
Este margen de maniobra, sumado a la falta de publicidad de los contratos, genera un terreno propicio para la corrupción, según advierte Transparencia por Colombia, para quienes, en la práctica, los fondos extrapresupuestales permiten gastar con menos controles, lo que abre la posibilidad de uso político o indebido de los recursos públicos.
El Gobierno Nacional debe fortalecer la fiscalizacióin de los recursos públicos.
Imagen de ChatGPT
El caso más ilustrativo es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo fondo fue protagonista de uno de los mayores escándalos recientes en la administración pública. Allí, se evidenció cómo la falta de trazabilidad y de controles permitió la manipulación de recursos con posibles fines políticos.
“Ese caso ilustra perfectamente el riesgo de estos fondos. Son recursos con poca visibilidad, difíciles de rastrear, que pueden terminar usados para fines distintos a los previstos, incluso en la financiación de campañas políticas”, sostuvo Hernández.
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Una arquitectura paralela del gasto
Más allá de la cantidad de dinero que mueven, para Transparencia por Colombia es necesario prestar más atención al tema, ya que estos fondos se han extendido a múltiples sectores como medio ambiente, equidad, paz, reconstrucción, justicia y atención a desastres, entre otros. Algunos existen desde hace años, como los relacionados con procesos de justicia y paz, mientras que otros fueron creados recientemente, como los asociados a los ministerios de Ambiente y de Igualdad.
Cada gobierno, explica Hernández, tiende a crear nuevos fondos para sus prioridades, usualmente durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y aunque su creación debe ser aprobada por el Congreso, la gestión posterior queda en manos del Ejecutivo, lo que incrementa su autonomía y dificulta el seguimiento ciudadano.
El Gobierno Nacional debe fortalecer la fiscalizacióin de los recursos públicos.
Imagen de ChatGPT
“Es una figura recurrente en la legislación colombiana, pero el país no tiene un inventario unificado de todos los fondos que existen ni de cuánto manejan realmente. Y sin esa información, resulta casi imposible fiscalizarlos”, sostuvo.
Por último, a pesar de los riesgos, Hernández insiste en que el problema no es la figura en sí misma, sino la falta de mecanismos de control efectivos, ya que los fondos extrapresupuestales pueden cumplir un papel importante en la atención de emergencias o en la ejecución rápida de políticas públicas, siempre y cuando se les apliquen las mismas exigencias de transparencia que al resto del Estado.
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“Nuestro propósito no es estigmatizar los fondos. En muchos casos son necesarios porque uno no puede esperar seis meses para una licitación mientras hay una emergencia que atender. Pero la falta de control los hace vulnerables. Lo que pedimos es simple: transparencia, publicidad y trazabilidad. Saber cómo se usan los recursos, quién los ejecuta y con qué criterios”; concluyó.
Para la organización, esas tres condiciones serían un primer paso para cerrar la brecha de información y reducir los riesgos de uso indebido del dinero público; mientras que a futuro, podrían añadirse mecanismos de control más sofisticados, pero la urgencia inmediata está en cumplir la ley y hacer visible lo que hoy permanece oculto.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio
