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El Presidente Gustavo Petro aseguró un presupuesto de 546,9 billones de pesos para su último año de gobierno, luego de que la Plenaria del Senado acogiera el mismo texto que la Cámara de Representantes aprobara en la noche del miércoles, cerrando el proceso sin modificaciones de fondo. El monto definitivo es 10 billones menor al planteado por el Ejecutivo, pero la cifra avalada por el Legislativo representa un incremento del 4 por ciento frente al presupuesto vigente.
Dicho crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento de los gastos de funcionamiento (8 por ciento, una disminución en el servicio de la deuda cercana al 11 por ciento y un incremento en la inversión de 5,3 por ciento, según se desprende de lo aprobado.
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Pese a los ajustes, el margen de maniobra del Gobierno continúa siendo limitado. Más del 65 por ciento del presupuesto se destinará a temas de funcionamiento, mientras que la inversión representa apenas representa cerca del 16,2 por ciento del monto total, una proporción que evidencia las rigideces estructurales de las finanzas públicas. El peso del servicio de la deuda —cercano al 19 por ciento— deja poco espacio para nuevos programas sin una fuente de ingresos adicional, advierten algunos analistas.
Frente al visto bueno recibido por el Congreso de la República, Germán Ávila, ministro de Hacienda dijo que fue una discusión amplia y profunda la que se dio en el Legislativo, al tiempo que recordó que ese presupuesto continúa ‘asociado’ a una ley de financiamiento que será ajustada hasta los 16,3 billones de pesos y cuyo debate se iniciará en los próximos días.
El funcionario destacó que se hicieron una serie de ajustes en algunos ministerios por cerca de medio billón de pesos en el primer debate, mientras que en el segundo debate eso recortes alcanzaron unos 1,5 billones adicionales, destacando que los recortes generales al presupuesto se hizo en casi todas las entidades.
Insistió en que los ajustes en la ley de financiamiento buscará que no afecte a los sectores de bajos ingresos y la canasta familiar, que estén orientados a la población de ingresos más altos y a resolver temas estructurales en gasto de salud, pues se busca es que aquellos sectores con mayores posibilidades contribuyan a las necesidades de financiamiento.
Mayor gasto en nómina
De los 546,9 billones, la mayor porción corresponde al gasto de funcionamiento, que se llevará más de 358 billones el próximo año, equivalente a casi dos tercios del presupuesto. Este rubro cubre el pago de nómina del Estado, que para el 2026 costará unos 66,4 billones, esto es, 10,1 por ciento más del gasto del presente año. El Gobierno propuso una asignación cercana a los 67 billones, pero tuvo que ajustar su pretensión en 0,5 por ciento.
Infraestructura, uno de los sectores clave para la inversión estatal.
Foto:Gobernación del Atlántico
Los mayores ajustes frente a la propuesta presentada por el Ejecutivo se dieron en los rubros de adquisición de bienes y servicios, así como de transferencias, con recortes de 3,7 y 2,3 por ciento, respectivamente, aunque esas partidas, frente al presupuesto del 2025, suben 3,4 por ciento en las primeras y 8,9 por ciento, en su orden.
El segundo componente en importancia es el servicio de la deuda pública, al que se destinarán más de 100 billones de pesos en 2026, pero 12,2 billones de pesos menos que lo asignado para el presente año, esto es una caída de 10,8 por ciento. Y mientras monto asignado al pago de las obligaciones externas el próximo año será 6,4 por ciento inferior al del 2025, el de las locales será 13.3 por ciento menos. Esto refleja el creciente peso de los compromisos financieros del país, en un contexto de alta tasa de interés y estrechez fiscal.
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Por su parte, la inversión pública, que recoge los proyectos de desarrollo económico y social, alcanzará los 88,4 billones de pesos, un leve aumento frente a los 83 billones asignados para 2025. Este rubro incluye la financiación de programas de infraestructura, vivienda, agua, educación, salud y transición energética, pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Petro.
Los mayores incrementos presupuestales se concentran en los sectores educación y salud, considerados motores de la política social del actual gobierno. Educación recibirá 6,6 billones de pesos adicionales, un crecimiento del 8,1 por ciento, con lo que su presupuesto total ascenderá a 88,2 billones. Este será el sector con la asignación más alta del Estado, reforzando la financiación de universidades públicas, el programa de alimentación escolar y las inversiones en infraestructura educativa.
El sector salud es uno de los que mayor aumento de presupuesto tendrá en el 2026. Foto:Cortesía
El sector salud, por su parte, tendrá un aumento aún mayor: 11 billones de pesos adicionales (16,4 por ciento), para un total de 78,1 billones. Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos buscan garantizar la sostenibilidad del sistema, financiar la atención primaria y cubrir los compromisos derivados de la reforma en curso, que continúa en debate en el Congreso.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto queda listo para la sanción presidencial, paso con el que se formalizará la ley que regirá las finanzas públicas en 2026. Será el último presupuesto de la administración Petro, y marcará el punto de partida fiscal para la próxima administración, que asumirá el reto de mantener el equilibrio entre la inversión social y la sostenibilidad de la deuda.
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