[ad_1]
El Suroeste antioqueño se encuentra en medio de un debate crucial sobre el futuro de su territorio.
En esta subregión, tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como algunas organizaciones ciudadanas de Jericó han manifestado su profunda preocupación y oposición a la forma en que el Gobierno Nacional está implementando las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)una figura creada para asegurar la disponibilidad de suelos agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria en Colombia.
Las comunidades temen que la declaratoria, que se ha oficializado en municipios vecinos como Concordia, Fredonia y Venecia, se imponga sin considerar las particularidades locales y afecte la capacidad de sus habitantes para decidir sobre su propio desarrollo.
fredonia, antioquia Foto:Alcaldia de Fredonia
Es por lo anterior que fue radicado en el Congreso de la República un Proyecto de ley que busca derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 de Colombia.
La radicación de esta iniciativa legislativa se fundamenta en el artículo mencionado “vulnera principios constitucionales fundamentales como la autonomía territorial, la propiedad privada, la libertad de empresa y el libre desarrollo de la personalidad”.
El principal problema que el proyecto de ley busca resolver es un presunto vaciamiento de las competencias de los municipios y distritos en la regulación del ordenamiento territorial y el uso del suelo.
APPA en Antioquia Foto:MinAgricultura
Según los promotores, al imponer una jerarquía obligatoria y restricciones desde el nivel nacional, especialmente con la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la ley centraliza la planificación y subordina las prioridades locales a decisiones del Gobierno central, limitando la capacidad de los Concejos Municipales y Distritales para reglamentar los usos del suelo según las necesidades de sus comunidades.
Esto, argumentan los proponentes, “rompe el equilibrio de descentralización, genera conflictos de competencia y conlleva una asignación ineficiente de recursos al desconocer la diversidad regional y las realidades específicas de cada territorio”.
La derogatoria del artículo 32 del PND busca preservar las competencias municipales en la definición del uso del suelo, proteger la propiedad privada y la libertad económica ante las restricciones impuestas por las APPA, garantizar la participación ciudadana efectiva en la planificación territorial.
Voces en contra
Radicación del proyecto contra las APPA Foto:cortesia
John Jairo Henao Hernández, en representación del movimiento Jericoanos con Visión, expresó que el desarrollo territorial debe lograrse en armonía con todos los sectores productivos y entendiendo las dinámicas específicas de cada región.
Afirmó que la preocupación central radica en que la figura de APPA, tal como ha sido concebida, impone restricciones que consideran desproporcionadas a actividades productivas y turísticas.
LEA TAMBIÉN
Además, señaló que la medida debilita la autonomía de Jericó para decidir su futuro, el cual ya había sido definido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) a largo plazo por el concejo municipal el año anterior, perdiendo este todo su piso jurídico con la nueva declaratoria.
“Estamos convencidos de que la seguridad alimentaria y la protección ambiental no pueden construirse desde un escritorio en Bogotá, una reforma agraria administrativa sin el conocimiento vivo y cotidiano de quienes habitan y trabajan estas tierras”, dijo Henao.
De otro lado, la Veeduría para el Uso y Preservación de los Recursos Naturales de Jericó se unió al llamado de alerta expresando su “profunda preocupación” ante la intención de declarar APPA en gran parte de la jurisdicción del municipio.
APPA en Antioquia Foto:MinAgricultura
El principal cuestionamiento de la Veeduría se centra en la falta de una “verdadera participación comunitaria” y la carencia de un “sustento técnico sólido que garantiza que dicha medida beneficiará realmente al campesinado ya las vocaciones productivas locales”.
La Veeduría, al igual que Jericoanos con Visión, hizo parte de la delegación del Suroeste antioqueño que participó en la radicación del proyecto de ley ante el Congreso, donde grupos ciudadanos, veedurías, organizaciones civiles y congresistas manifestaron su oposición a la resolución que, según ellos, “atenta contra el ordenamiento territorial”.
Un punto de alarma para la comunidad es la información que proviene de estudios técnicos, los cuales sugieren que “más del 70% de las áreas que se pretenden declarar como APPA no tienen aptitud agrícola”.
Lo que dice el Ministerio
Marta Carvajalino Foto:Archivo EL TIEMPO
Martha Carvajalino ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó que las declaratorias de APPA no limitan ninguna actividad agropecuaria, sino que recogen las normas de protección del suelo rural cuya capacidad y vocación es la producción de alimentos.
“Será el municipio, quien tiene la facultad constitucional de regular el uso del suelo, quien sobre esta determinante determinará los usos permitidos, compatibles y los prohibidos”, afirmó encargada del Ministerio.
Y agregó: “Importante recordarle que para garantizar que los alimentos hay que sembrarlos en un suelo con condiciones aerológicas adecuadas”.
Otras noticias
Venezuela libera a 18 colombianos Foto:
[ad_2]
